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Piden condenas de hasta 15 años de prisión para los acusados por contagio masivo de VIH y hepatitis

La querella en el juicio oral a tres ex directivos de la Fundación de la Hemofilia por contagio masivo de VIH y hepatitis en transfusiones entre 1979 y 1991 pidió hoy condenas de hasta 15 años de prisión y sostuvo que hubo una “clara violación del deber de cuidado” pese al conocimiento de la “peligrosidad” del tratamiento.

Los pacientes fueron a la Fundación de la Hemofilia confiados en curarse de su enfermedad y aparecieron sorpresivamente con un cóctel de virus.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 10/12/2019 16:26
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“Está probado que este contagio fue doloso”, concluyó su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 3 el abogado querellante Gonzalo Giadone al fundamentar el pedido de 15 años de condena para uno de los acusados, el médico Miguel de Tezanos Pinto y de 14 años para el otro, Pedro Pérez Bianco, publicó Télam.

Para el tercer imputado, el abogado Eduardo Biedma se pidió una condena de 7 años de cárcel.

“Hubo una clara violación del deber de cuidado. Los pacientes fueron a la Fundación de la Hemofilia confiados en curarse de su enfermedad y aparecieron sorpresivamente con un cóctel de virus”, sostuvo el abogado.

El juicio oral entró en la etapa de alegatos finales ante el juez Fernando Machado Pelloni, en un debate que se realiza ante un Tribunal unipersonal y tras el turno del alegato de la querella se escuchaba el de la fiscalía.

“Hubo conocimiento de la peligrosidad”, sostuvo Giadone, por la querella de enfermos afectados y sus familiares.

El letrado comenzó a exponer en la sala de audiencias colmada de público en la planta baja de los tribunales federales de Retiro y ratificó las acusaciones de la querella hacia los tres acusados, los médicos Pérez Bianco, Tezanos Pinto y el abogado Biedma.

“Acá el resultado fue la muerte de centenares de pacientes hemofílicos que no tienen la posibilidad de asistir a este juicio, donde brilla la ausencia de víctimas. Ese resultado no podía ser negado por los acusados. Hubo indiferencia en cuanto al resultado de lo que podía pasarle a los pacientes”, agregó.

“No está probado en esta causa que se le haya avisado a los pacientes durante el acto transfunsional de los riesgos potenciales que podían acarrear la aplicación de estos concentrados en una época donde ya se sabían los riesgos de transmisión del HIV Sida”, argumentó.

Para el abogado “se debió primar la vida del paciente hemofílico y el derecho a elegir”.

“Creemos humildemente que tenían derecho a conocer”, agregó en el alegato final de acusación.

Para la querella “no hubo una correcta notificación a los pacientes afectados y eso ocasionó que esta enfermedad fuera propagada por los enfermos hemofílicos a otras personas que no eran hemofílicas, sus parejas, sus esposas, en algunos casos los hijos”.

“Hubo pacientes que refirieron haberse enterado de casualidad, leyendo su historia clínica”, ejemplificó.

“Esta querella se pregunta por qué no se tomaron medidas inmediatas, pero lo más grave de todo esto es que pese a que los concentrados antihemofílicos en Estados Unidos habían sido ya termoinactivdados en febrero de 1984, recién un año después comenzaron a ingresarlos concentrados ya inactivados a la Argentina”, refirió.

Los imputados en el juicio oral “frente a un conocimiento de una enfermedad tan grave no tomaron todos los recaudos necesarios para informar y eso causó el resultado de propagación de la enfermedad. Hasta el día de la fecha no sabemos la cantidad de pacientes hemofílicos infectados”·, sostuvo.

Para la querella quedó demostrado “que ellos tuvieron conocimiento sobre esa circunstancia pero preferían que los pacientes contaran con concentrados antihemofílicos a que no contaran, pese a que esa circunstancia conllevara un riesgo”.

“Todo esto se hubiera evitado si las autoridades de la Academia Nacional de Medicina y la Fundación de la Hemofilia hubieran tenido una pronta, correcta notificación hacia todos los afectados”, concluyó.

La investigación había sido cerrada por el juez federal Claudio Bonadio pero la reabrió la Cámara Federal porteña que apartó al magistrado del caso.

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