“El Superior Tribunal de Justicia avanza sobre funciones específicas de los otros poderes del Estado”
El abogado y ex concejal Francisco Guiñazú cuestionó ayer el accionar de la Corte y consideró un “insulto” la contratación de profesionales foráneos para elaborar un proyecto procesal.
“Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, como si fueran legisladores y a través de acordadas, modifican normas jurídicas vigentes o elaboran proyectos de leyes que en algunos casos se transformaron en tales; avanzando sobre las funciones específicas de los otros poderes del Estado”, sostuvo el dirigente radical Francisco Guiñazú en una carta abierta titulada “Gobierno de los jueces”.
El ex concejal capitalino y titular de la cátedra de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Cuyo, fue el autor de un proyecto que impulsó la modificación de los códigos de procedimientos que actualmente rigen en la provincia. La propuesta fue presentada en el 2017 y nunca tuvo tratamiento en el Poder Legislativo.
Los ministros del Superior Tribunal y el procurador General, Fernando Estrada.
“El Superior Tribunal avanza a través de acordadas modificando nuestro Código que tiene sus años y ejerciendo potestades que no le corresponden”, cuestionó Guiñazú.
Explicó que los ministros del Superior Tribunal, Carlos Cobo, Lilia Novillo y Marta Corvalán notificaron al Colegio de Abogados sobre la contratación de “los servicios de un profesional de afuera para la elaboración, y están en un proceso de revisión y adaptación”.
Ante esto, criticó que la normativa está siendo “corregida” por ellos mismos para luego ser remitida a los legisladores “como si fuera una mera formalidad administrativa”.
“La legislación procesal es materia reservada por las provincias, por lo que aquella debiera ser la expresión jurídica de los sanluiseños y a través de los poderes constituidos al efecto”, planteó el letrado y sostuvo que se trató de un “insulto” a la inteligencia de las universidades y los colegios de abogados locales.
Insistió en considerar como “vergonzoso semejante avasallamiento agravado por el hecho de que los jueces `debieran ejercer el control de constitucionalidad´ de las normas". Por el contrario "ellos mismos participan en su redacción como si fueran legisladores, tornando ilusorio dicho control previsto para consolidar la independencia de poderes”, afirmó.
Por todo esto, aseveró en que el accionar del Superior Tribunal “sólo fortalece el gobierno de los jueces enmarcado en un deficiente servicio de justicia que nos afecta a todos como comunidad”.
En las últimas semanas el máximo órgano de Justicia provincial recibió fuertes críticas del Colegio de Abogados y Procuradores, y del Sindicato de Judiciales Puntanos por la decisión de no publicar los acuerdos.