El intendente no da señales a los vecinos que sufren y se sienten abandonados
El día que asumió Sergio Tamayo responsabilizó a su predecesor por la crisis del transporte y se llamó a silencio. Los usuarios viven en la mayor incertidumbre porque el paro que hoy entra en su décimo día consume el salario. El Gobierno provincial es el gran ausente.
La ciudad de San Luis quedó entrampada entre una gestión que demostró incapacidad para resolver una crisis y un intendente, a juzgar por el mutismo, que llegó sin un plan para atender uno de los servicios públicos básicos de una comunidad.
Si algo estuvo claro y a la vista este último año fue el agravamiento del funcionamiento del transporte de pasajeros hasta transformarse en una crisis.
El intendente Enrique Ponce cerró el ciclo de ocho años curando con parches un problema que mereció una política de estado.
El conflicto estalló cuando tenía un pie en la vereda y Tamayo entraba el 10 de diciembre dejando de lado las tradiciones y las formas, para subirse a un escenario a improvisar un discurso en el que debió trazar las líneas rectoras del modelo de ciudad que propone.
En el mensaje inaugural no estuvieron presentes ni el plan maestro de Gobierno para los próximos años cuatro años, ni el menú de medidas para responder a las familias puntanas que dependen de Transpuntano.
Sergio Tamayo tuvo un mes de transición para interiorizarse del cuadro de situación y preparar el salvataje para evitar los trastornos. Dispuso de 30 días si se tiene en cuenta el resultado de las elecciones, pero si se considera la fecha que fue designado candidato, contó con mucho más tiempo.
Asumió en medio de la protesta de los choferes afiliados a la UTA que no sacarán los colectivos a la calle hasta que no aparezcan la plata de los sueldos.
El flamante intendente ya se ganó un lugar en la historia de la ciudad al guardar silencio y no dar señales ante sus vecinos.
El gran ausente en la crisis es el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá que pudo haber acudido en auxilio porque cuenta con las herramientas para liberar en horas a los usuarios del padecimiento.
En enero el intendente saliente denunció públicamente que el Gobierno provincial “recibió fondos de la Nación, pero no los destinó a las empresas”.
Hasta hoy nunca hubo vocación solidaria de Terrazas del Portezuelo.
El Gobierno de Rodríguez Saá si dispone de suficientes recursos para obras en la ciudad de San Luis como la réplica del Club Social, que demanda una inversión de $300 millones.
¿Hay plan?
A medida que pasan las horas se afianza la idea de que Sergio Tamayo llegó sin plan y con un gabinete sin expertise.
La capital puntana completará hoy el décimo día consecutivo sin transporte urbano. Los choferes y empleados mantienen la abstención laboral porque no percibido la totalidad de sus haberes por falta de recursos del Municipio.
Con el correr de los días el paro parece interminable. Miles de usuarios tienen que recurrir a taxis, largas caminatas o apelar a un tercero para poder cumplir con sus compromisos.
El 10 de diciembre el intendente Tamayo avisó que tampoco hay plata para comprar combustible.
Se comprometió a buscar una solución y aseguró que está trabajando.
El nuevo gerente, Claudio Grippo fue una vez a la empresa. No atiende los llamados y no ha dialogado con el personal, según informaron desde la UTA.
Este medio llamó a otros funcionarios y a la oficina de prensa para tener la palabra oficial, pero no fue posible comunicarse con nadie.
Concejales, diputados del oficialismo y funcionarios del Gobierno provincial tampoco se han pronunciado.
“Hay que avisarle a Rodríguez Saá que el colectivo lo usamos los pobres”
Algunos usuarios comprenden el reclamo de la UTA, pero no pueden evitar compartir su enojo y malestar. "Siempre los perjudicados son los trabajadores, los humildes", planteó Norma, quien debe viajar cuatro veces por día ya que trabaja en un comercio céntrico.
Ante el paro, sus opciones son caminar o tomar un taxi para trasladarse en la noche debido a su temor por la inseguridad. En este caso debe gastar $200 para llegar a su hogar.
“Rodríguez Saá dice que tiene un plan contra la pobreza. Hay que avisarle que los pobres usamos el colectivo. Si no voy a trabajar el patrón no me paga, así de simple”, dijo Omar, un ayudante de albañil que debe atravesar la ciudad para llegar a la obra.
El golpe al bolsillo también es fuerte para los jubilados y estudiantes que contaban con el beneficio del boleto gratuito y ahora tienen que destinar dinero para movilizarse.
Pese a que prácticamente culminó el periodo escolar, muchos chicos aún acuden a los establecimientos para clases de consulta o rendir materias.
"Deben encontrar una solución lo más pronto posible. La ciudad no puede estar sin transporte", manifestó Carmen. Vive en la zona norte de la ciudad y un taxi le cuesta alrededor de $150 hasta el centro. En su caso, debe tomarlo dos veces al día.
Por su lado, los choferes sienten cada vez más preocupación. Sostienen que si al menos Tamayo formulara una "propuesta concreta" volverían a circular. Sin embargo, “ningún directivo se hace presente en la empresa” y tampoco les piden que levanten la medida, puntualizó el delegado la UTA, Fernando Miranda.
El último contacto con las autoridades municipales fue en la noche del jueves con el secretario de Gobierno, Diego Hernández Torrontegui quien les dijo que debían "esperar".
"Es muy grave la situación pero nadie hace nada", cuestionó Alicia, una vecina del Barrio San Luis XV. Mencionó que debido a la suba en los taxis opta por caminar para ir hasta su lugar de trabajo en una obra social céntrica.
Los concejales de San Luis Unido, el diputado provincial, Gastón Hissa y el senador Nacional, Claudio Poggi expresaron su preocupación por la crisis en el transporte e instaron al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá para que intervenga.