Juicio por el crimen de Romina Aguilar: un acusado pidió la nulidad de su declaración

Por Antonella Camargo

Este jueves a las 10:07 la Cámara de Apelaciones en lo Penal N°1 dio comienzo al juicio oral por el homicidio que ocurrió en la mañana del 30 de enero del 2016. Romina Celeste Aguilar, de 32 años, salía de su vivienda en el Barrio Faecap para viajar hasta La Calera, cuando recibió dos disparos que terminaron con su vida.

Casi un mes después del crimen, Edivaldo de Oliveira Pereira se entregó a las autoridades policiales. Declaró que el crimen fue un encargo de la pareja de la víctima y entonces intendente de La Calera, Diego Lorenzetti. A su vez, denunció como partícipe a Cristian Leandro Vílchez, quien habría producido los disparos.

“Estoy ansioso, súper tranquilo”, dijo Lorenzetti antes de ingresar al recinto y volvió a negar haber ideado el crimen de su mujer.

La primera audiencia se inició resolviendo cuestiones preliminares y luego estaba prevista la testimonial de los tres imputados. Sin embargo, los jueces Jorge Sabaini Zapata, Silvia Inés Aizpeolea y José Luis Flores determinaron pasar a un cuarto intermedio, que aún no tiene fecha y podría reanudarse recién el próximo año.

Inicialmente la secretaria Isabel Olguín Yurchag, efectuó la lectura de la imputación fiscal de instrucción, en donde se solicitó como pena la prisión perpetua para los tres acusados. Para el ex intendente por ser el autor intelectual del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por mediar promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego”. Los demás por ser considerados coautores materialmente responsables del delito de “homicidio doblemente calificado por mediar promesa remuneratoria y el uso de arma de fuego”.

En este tramo de la audiencia, que en parte se basó en la testimonial de Oliveira Pereira, se relató toda la investigación, las declaraciones claves de vecinos de Aguilar y los mensajes que habría enviado el ex intendente para concretar el “encargo”.

Una de las amigas de la víctima, Ivana Leyes había asegurado que la pareja tenía una “mala relación”. Romina le habría contado un episodio en el que Lorenzetti “estaba enojado” y le arrojó una silla.

Asimismo, afirmaron que Aguilar mantenía una “situación sentimental” con Diego Barroso. Lo habría conocido en el 2012 o 2013 a través de Facebook. El hombre declaró en el momento del hecho, que sabía sobre el marido, pero que no preguntaba cómo era el vínculo.

Los imputados escucharon con atención todo el relato. Detrás de ellos estaban sus familiares y allegados. Afuera de la sala se encontraba Hernán, el hijo en común entre Aguilar y Lorenzetti.

El joven no pudo presenciar la jornada debido a que aparece en la lista de testigos. Sin embargo, esperó todo el desarrollo con ansiedad y angustia. Llevaba una remera con las leyendas “justicia por Romina” y “libertad para Diego” junto a una imagen de sus padres.

La defensa de Lorenzetti, a cargo de Marcos Juárez, y la de Vílchez, representada por Jorge Sosa, no plantearon requisitorias. Sí lo hizo la abogada de Oliveira Pereira, Olga Allende, quien instó a que se incorpore un informe del estado psicológico del brasilero y resaltó que existen temas “pendientes” de ser resueltos por el Tribunal como un pedido de modificaciones en la detención de Lorenzetti.

También solicitó la “nulidad absoluta” de la declaración indagatoria de su defendido. Entre sus argumentos enmarcó que al ser una manifestación espontánea no tiene “ninguna valoración jurídica” y no puede ser utilizada como prueba.

“Esa noticia debió disparar y obrar como elemento que el agente fiscal debía tener conocimiento, y actuar en consecuencia. No hay un requerimiento de instrucción luego del conocimiento de esta manifestación. Es decir, ausencia del fiscal en ese momento”, sostuvo la letrada.

Del mismo modo, cuestionó el accionar de la Justicia al considerar que Oliveira Pereira se vio “imbuido en una informalidad que viola la Constitución y los Tratados”. Afirmó que no tuvo el acompañamiento del defensor oficial debido a que este no hubiera permitido la “incriminalidad”.

Ante esto, la fiscal de Cámara, Carolina Monte Riso aseguró que se actuó de manera pertinente y le pidió al Tribunal el rechazo de la nulidad.

Seguidamente, Juárez solicitó poder dar su parecer y argumentos sobre el requerimiento de Allende debido a que esto “tiene repercusión en todos los coimputados”, pero no fue aceptado. Por eso insistió con una reposición y tras ello los jueces pasaron a un cuarto intermedio para resolverlo.

Una hora más tarde, Sabaini Zapata comunicó que la decisión seguía en pie y para analizar la “nulidad absoluta” volvieron a interrumpir el debate. Si bien no hay fecha de continuidad, Juárez explicó que el 20 y 23 estará en otro juicio, mientras que Sosa mencionó un viaje a Brasil del que regresará el próximo año.

“No puedo declarar. Necesito declarar”, respondió Lorenzetti a los medios luego de que los jueces dieran por concluida la primera audiencia y una vez más se frenara el juicio que lleva una demora de casi cuatro años.

Ya fuera de Tribunales, Juárez consideró que la petición de Allende fue “excelentemente fundada”.

“Hay una serie de hechos trascendentales en el expediente que denotan una desprolijidad por parte de la Instrucción. Concretamente la persona (Oliveira Pereira) fue detenida, y no he encontrado en el expediente ningún auto, resolución previa a esa orden de aprehensión que la fundamente. Tras eso se ordena la imputación del mismo y la recepción de la declaración indagatoria a las 22. Lo cual resulta sumamente suspicaz e incongruente con el debido proceso”, analizó el abogado.

En este sentido, dijo que “debían haber respetado todas y cada una de las garantías constitucionales que le asisten a una persona en el ejercicio material de su derecho a defensa”.

Respecto a Lorenzetti transmitió que “quería responder todas las preguntas, interrogantes y afirmaciones que se le dieron por lectura en la acusación fiscal”.

Por otro lado, hizo referencia a la solicitud que aún no resuelve el Tribunal. Expuso que se trata de una “morigeración en las condiciones de detención”, algo que resulta “novedoso en la Justicia local”. Esto permitirá que el ex intendente quede en libertad, pero cuente con una pulsera electrónica para controlar sus movimientos.

Precisó que la Fiscalía no tuvo objeciones y los jueces “están dando trámite técnico a los fines de poder implementar o no esta medida”.

Ahora restará que los magistrados vuelvan a elegir fecha para continuar con el proceso oral. Teniendo en cuenta que se aproxima la feria judicial, podría ser recién en febrero del 2020.