San Luis Unido pidió interpelar a Bañuelos por la caída del sistema informático, pero el albertismo se opuso

Frente al pedido de aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la emergencia administrativa por 90 días, la diputada de Avanzar impulsó ayer la interpelación de la ministra Alicia Bañuelos, que es la responsable de los organismos que administran y custodian el sistema informático estatal, atacado en los últimos días de noviembre.

“La actividad administrativa ha estado paralizada por más de un mes y lo reconoce expresamente el decreto. Esta situación es gravísima. La pérdida de documentación es inmensa. Incluso no sabemos si puede ocurrir lo mismo con el sistema de expedientes judiciales que es provisto por la misma empresa. No sabemos si todos esos datos que son personalísimos no van a ser afectados”, describió Zárate al justificar la necesidad de citar a la ministra en el marco de una sesión extraordinaria.

El bloque del Frente Justicialista de Todos sumó a los tres diputados de Peronismo del Interior para cerrar filas detrás de la figura de Bañuelos. La votación fue 21 a 17.

El DNU N° 8571-SGG-2019  de la emergencia fue dictado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá en medio de un creciente clima de dudas. De hecho un mes después hay una serie de interrogantes que no han sido evacuados.

Zárate sostuvo que es necesaria “una urgente explicación por parte de las autoridades competentes a la comunidad, atento las confusas y contradictorias informaciones que se han brindado desde sitios oficiales”. Y tuvo en cuenta el reconocimiento por parte del Gobierno de “la pérdida de información cuyo soporte es el sistema TRAMIX, a través del cual se desarrolla toda la actividad administrativa de la provincia, por lo cual este hecho impacta en forma directa o indirecta en la totalidad de los habitantes”.

“Amplia discrecionalidad”

En el pedido de interpelación, la legisladora expuso que “existe una notoria preocupación social ante la situación de incertidumbre e inseguridad jurídico-administrativa” y advirtió sobre “los perjuicios que acarrea” a los ciudadanos.

Enumeró “la demora en la provisión de medicamentos, en suministro de prótesis, en pagos a proveedores etc., que tramitaban en expedientes del sistema” afectado.

Zarate señaló que la emergencia abre la puerta a “una amplia discrecionalidad” del Gobierno “para hacer y deshacer, que no condice con las buenas prácticas de una administración eficiente, regular y transparente”.

“La información suministrada a la comunidad ha sido muy confusa y contradictoria, lo cual agrava la situación de incertidumbre”, cuestionó.

Zárate planteó que en “los sistemas alojados en el Data Center se encuentran datos fundamentales y personalísimos de los ciudadanos, como lo son sus historias clínicas, sus datos filiatorios, el detalle de sus bienes y el resguardo de los datos que aseguran su propiedad, entre tantos”.

Las preguntas que no tendrán respuestas porque se rechazó la interpelación son:

a)       Informe a esta Legislatura si, a la fecha, se ha logrado restaurar la totalidad de la información contenida en la base de datos de expedientes al día 25 de noviembre de 2019 a las 20 horas, como así también la totalidad de los archivos que conforman las actuaciones que integran los referidos expedientes. Igualmente informe si se han recuperado o restaurado la totalidad de las historias clínicas existentes al momento de producción del incidente, informando asimismo en igual sentido respecto de todas las bases de datos alojadas en el Data Center que contengan información privada de los ciudadanos.

b)        Informe respecto de los datos recuperados si existe certeza que los mismos no han sido afectados en su integridad u objeto de manipulación, modificación o alteración.

c)        Informe si se puede garantizar -en forma seria y fundada- la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que sea posible detectar desviaciones, intencionales o no, de información conforme lo preceptúa la Ley 25.326 en su artículo 9°.

d)        Informe en qué elementos o información se sustentó la comunicación realizada por Prensa Institucional de la ULP, el 29 de noviembre de 2019 indicando que el 28 de noviembre de 2019 se había recuperado toda la información.

e)        Informe si existe un protocolo de contingencia o para el caso de pérdida de información por ataques de intrusión u otro incidente de similares características, debiendo, en caso de ser afirmativa la respuesta, presentar a esta Cámara copia del mismo e informar detalladamente si se activó dicho protocolo en el caso que nos ocupa.

f)         Informe cual es el procedimiento de copia de seguridad o respaldo (back up) de la información resguardada en el Data Center, detallando: tipo de copia de seguridad (completa/diferencial o incremental), periodos en que se ejecutan dichas tareas, lugar físico en donde se almacena dichas copias y quien o quienes son los responsable mediatos e inmediatos de la ejecución y supervisión de dichas tareas.

g)        Informe si se han realizado simulacros de restauración de datos para verificar el correcto funcionamiento del sistema tal como lo recomiendan las buenas prácticas y estándares mínimos aplicables a la materia.

h)        Informe las empresas o expertos externos nacionales o internacionales que están trabajando en las tareas de recuperación que alude el Decreto que declara la Emergencia administrativa.