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Alberto R. Saá impuso su mayoría en el Senado y cierra el año con un aumento del 61% de los impuestos

Los nuevos senadores del oficialismo debutaron dándole un gusto al gobernador: en menos de media hora le aprobaron a mano alzada el impuestazo.

Foto Marcos Verdullo
Camilli, Debandi,Freixes, García, Leyes y Garro dan su apoyo al impuestazo. Guardia votó e contra.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 31/12/2019 01:47
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En una jornada de doble sesión extraordinaria, la Legislatura dio sanción definitiva a la Ley Impositiva Anual. En Diputados el debate insumió dos horas y cincuenta y cuatro minutos. En la Cámara Alta fue un trámite relámpago.

El oficialismo no tuvo problemas en conseguir el incremento del 61% de los tributos (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos) en el Senado gracias a la histórica mayoría hegemónica.

Fue aprobada por siete votos a uno. La avalaron María Angélica Torrontegui, Mabel Leyes, Damiela Freixes, Pablo Garro, Diego García, Daniel Camilli y Marcelo Debandi. El único opositor, Sergio Guardia de San Luis Unido la rechazó. Ariel Rosendo faltó.

El debate no sobrepasó la media hora. García en su condición de presidente de la comisión de Presupuesto dijo que se trata de una herramienta de “relevancia” y “trascendental” para la gestión de gobierno ya que de “lo contrario se genera una pérdida del poder adquisitivo del Estado”.

“No tenerla significa que se desfinancia la Provincia y los municipios”, agregó el legislador de Ayacucho.

Además, señaló como principal argumento la “compensación” respecto a los índices inflacionarios del periodo 2016-2019: “Allí la inflación fue del 207,7% y los aumentos de los importes fijos fue del 125%. Hay una diferencia del 82%, ese es el porcentaje que se debería aumentar pero el Estado lo subsidia”.

Por su parte, Guardia mostró su desacuerdo con el incremento y lamentó que “no haya sido consensuada para que sea más tolerable para la ciudadanía”.

“Es muy alto el 61% porque repercute principalmente en aquellas personas que la vienen luchando como los sectores del comercio, el campo, entre otros”, resaltó el representante de Junín.

Sergio Guardia (Junín) rechazó el impuestazo.

A modo de ejemplo mencionó las empresas turísticas que promocionan sus paquetes desde agosto y que deben definir la cantidad de empleados y consolidar su emprendimiento.

“Lo ven con mucho temor sobre todo en puntos donde se habla de ‘mínimos especiales’ como expendios de comidas, restaurantes, entre otros. Esta ley habla de aquellos que posean comercios de hasta 50 metros cuadrados pagan 19.320 pesos; más de 50 metros cuadrados 69 mil pesos; y más de 100 metros cuadrados 119 mil pesos. De esta manera no se respeta la tabla la cual repercutirá en las personas que comprenden el segundo grupo”, expuso.

Al finalizar manifestó que “los comerciantes hubiesen querido tener una  relación o una comunicación un poco más cercana para poder decir ‘hasta donde pueden pagar’”.

Durante el mediodía y tras un extenso debate, la Cámara de Diputados le había brindado media sanción al proyecto. Hubo sesión por los oficios de Bartolomé Abdala y Mónica Domínguez que dieron el quórum que necesitaba el oficialismo. Y después la ausencia “por enfermedad” del radical ceballista de Quines, Ricardo Giménez fue la frutilla del postre.

Así el albertismo logró que la iniciativa se trate y, a la hora de la votación, se impuso con la ayuda de los bloques Peronismo del Interior y Sanluiseños por el Cambio de José Giraudo.

Las bancadas del Frente San Luis Unido y Todos Unidos rechazaron la idea de la fuerte suba de los tributos.

DNU de Emergencia Administrativa

El otro proyecto que se trató en la sesión fue el decreto Nº 8571-SGG-2019 para atender la emergencia administrativa debido a ataque al Data Center sucedido a fines de noviembre.

Al igual que la tarifaria, se aprobó por mayoría con siete votos a favor y uno en contra de Guardia.

El senador Garro hizo un breve repaso de lo que ocurrió y se detuvo en dar a conocer los alcances del DNU como miembro informante.

“Es importante brindar una respuesta ágil y otorgar una herramienta que regule el procedimiento administrativo hasta que se resuelva el problema”, indicó el legislador de San Martín.

La norma está dirigida a toda la administración pública centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y se extenderá por 90 días.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá dicto el DNU Nº 8571-SGG-2019 dos semanas después del ataque cibernético en medio de reclamos de sectores de educación, salud y proveedores, entre otros.

También autoriza al gobernador a realizar “la contratación directa de bienes y/o servicios cuya realización urgente resulte imprescindible y cuya tramitación ordinaria se hubiese visto impedida por el daño infringido a la base de datos”.

En el medio, el Gobierno realizó una denuncia en la Justicia Federal.

Guardia mantuvo una posición crítica sobre el decreto: “Me resulta contradictorio escuchar que tres días después del ataque se informe que ya habían recuperado los datos y luego se hace esto. La ministra (de Tecnología) Alicia Bañuelos dijo que en enero estará todo recuperado”.

En este sentido dijo que “no se está cumpliendo con los procesos constitucionales” ya que “no se cuenta con la información necesaria para ser estudiada”.

Informe Julián Pampillón

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