Bañuelos sigue de vacaciones mientras la crisis del sistema informático afecta al funcionamiento del Estado
La ministra de Ciencia y Tecnología se tomó tres semanas. Proveedores y prestadores del sistema de salud aún no han podido cobrar septiembre. En muchos casos es el único ingreso que tienen.
Fonoaudiólogos, kinesiólogos, acompañantes terapéuticos y transportistas volvieron a exponer que no han percibido los pagos por los servicios.
Hoy se conoció oficialmente que la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos se encuentra de vacaciones desde el 24 de diciembre. Ella es la responsable política, después del gobernador de la Provincia, de los organismos que administran y custodian el sistema informático estatal.
El Gobierno arrastra una crisis que afecta el funcionamiento de la administración pública desde fines de noviembre por un ciberataque al Data Center ubicado en La Punta.
Ha pasado más un mes y no hubo mayores explicaciones ni detalles del problema en el sistema digital de expedientes.
La ministra Bañuelos, que además es la rectora de la Universidad de La Punta, está de licencia hasta el 12 de enero, según el decreto Nº298-SGG-2019 publicado en el Boletín Oficial de este lunes. En su ausencia, la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur está a cargo de la atención del ministerio de Ciencia y Tecnología y de la ULP.
Este lunes también salió en el Boletín Oficial el decreto Nº 297-SGG por el cual se formalizó la designación de la funcionaria como rectora de la ULP.
Mientras tanto, los prestadores y proveedores de Dosep siguen esperando para cobrar los honorarios y servicios.
El coordinador de la obra social, Nicolás Anzulovich adjudicó la semana pasada la demora en los pagos a problemas en el “Tramix”, por el hackeo.
Con el correr de los días, los profesionales no pueden ocultar su malestar. Explicaron que a algunos les iniciaron un nuevo expediente con fecha de diciembre y esto retrasará aún más el pago, que se efectúa en los tres meses posteriores.
Los honorarios del Estado son en muchos casos el único ingreso que perciben, además de ser “bajos”.
Por otro lado, señalaron que desde el área Contaduría de Dosep les comunicaron que Terrazas del Portezuelo tampoco autoriza las partidas para las liquidaciones.
Semanas después del ciberataque, el gobernador Alberto Rodríguez Saá dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la emergencia administrativa que abarca la administración pública centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.
La Legislatura en sesiones extraordinarias a instancias del Frente Justicialista de Todos y sus aliados, respaldó la medida el 30 de diciembre.
Las únicas declaraciones que se conocen de la funcionaria sobre el tema, fueron difundidas por los medios oficiales.
Para el Frente San Luis Unido esas intervenciones públicas de Bañuelos fueron “confusas y contradictoria. Por esa razón pidió la interpelación.
La iniciativa buscaba conocer qué datos se perdieron, si existe un protocolo y copias de seguridad, qué tareas se han empleado para la restauración y quienes son los profesionales que están trabajando en el recupero de datos. Sin embargo, los legisladores que responden a Rodríguez Saá le dieron cobertura a Bañuelos al no aprobar la citación a la Cámara Baja.
En una situación similar se encuentran alrededor de 300 docentes que todavía no han percibido sus salarios. Son maestros que asumieron en sus cargos durante el año pasado y que ante el hackeo debieron volver a presentar toda la documentación por mail o personalmente para abrir un nuevo un expediente.
La diputada Fabiana Zárate analizó que “la pérdida de documentación es inmensa” y dijo que no sabe “si puede ocurrir lo mismo con el sistema de expedientes judiciales que es provisto por la misma empresa”.
“Existe una notoria preocupación social ante la situación de incertidumbre e inseguridad jurídico-administrativa”, sostuvo en los fundamentos del proyecto de interpelación.
“Los sistemas alojados en el Data Center se encuentran datos fundamentales y personalísimos de los ciudadanos, como lo son sus historias clínicas, sus datos filiatorios, el detalle de sus bienes y el resguardo de los datos que aseguran su propiedad, entre tantos”, afirmó la legisladora en la última sesión.