Presión tributaria y sequía: el campo le pidió al Gobierno provincial “solidaridad”
La Confederación Rural de San Luis en un documento hizo una evaluación de la realidad provincial y solicitó medidas.
En un duro documento sostuvo que son “son las políticas de Estado las únicas responsables del exceso de gasto público generadores de pobreza para lo cual se debiera rever las mismas”.
Entre las acciones que espera está la adhesión de la Provincia a la Ley de Emergencia Agropecuaria nacional.
La entidad pidió gestos también a la clase política en general.
“Les solicitamos la solidaridad que se proclama y no como el mal ejemplo que vemos en las autoridades municipales de Justo Daract”, sostuvo la entidad sin vueltas y fue directo con la gestión del intendente Alfredo Domínguez que aplicó un tarifazo del 600% y se subió el sueldo un 140%.
La Confederación Rural de San Luis emitió un comunicado el viernes pasado donde hizo hincapié de la "difícil situación" que el sector agropecuario atraviesa en el territorio puntano. Se expresó en dos ejes: político-tributario y climático- energético.
En el primer caso explicó que la presión tributaria ya “era excesiva” en los años 2017, 2018 y 2019 de gestión de Alberto Rodríguez Saá, y que así “se lo manifestamos tanto al Gobierno provincial, que no adhirió al Pacto Fiscal, como al nacional”.
“Fue CRA quien le dijo al Gobierno nacional anterior cuando modificó el esquema de retenciones a las exportaciones de granos `el que traiciona la confianza una vez la puede traicionar siempre`- septiembre de 2018”, recordó la entidad y tuvo en cuenta que el gobierno que ahora encabeza Alberto Fernández “en horas actualizó e hizo aprobar por ley un aumento que lo articula a su necesidad o antojo”.
“La presión tributaria es insoportable para el productor, quien entre los altos costos de implantación en dólares y la carga impositiva del 60%, le hacen inviable la producción alentándolo a abandonarla. Sumado a esto, el aumento en los impuestos provinciales en un 61% y los municipios, que en algunos casos llegan al 600%. Estas medidas no sólo son confiscatorias sino improductivas”, precisó.
En otro de sus párrafos, se detalla que la ganadería es un negocio con crecimiento y “alta demanda” internacional que le proporciona “importantes” ingresos al país, numerosos puestos de trabajo, re apertura y nuevas plantas frigoríficas, para lo cual el productor necesita reglas claras y sostenibles en el transcurso del tiempo.
Expusieron que es fundamental “el trabajo en conjunto” del Estado y las entidades “en pos de cuidar y mejorar la producción, y que así se puede “encontrar un excelente resultado también revisando cuestiones y modificando leyes que han entorpecido al sector”.
El documento que lleva la firma del presidente Alejandro Casale tiene el aval de la Sociedad Rural de San Luis, Sociedad Rural del Norte y Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract.
La sequía
En el segundo eje puntualizaron sobre la sequía que afecta a lo largo de todo el territorio de San Luis: “Ocasiona daños en los rindes productivos, que no alcanzarán en algunos casos, para erogar los gastos de siembra”.
Asimismo detallan que la esta situación afecta al campo “provocando mortandad de animales y salida a venta en un Estado corporal deficiente, lo que presenta una difícil problemática de pasturas de verano y agua para los meses del resto del año”.
Que el Gobierno provincial “destine partidas a damnificados por la sequía imperante”, pidieron en el escrito.
También hicieron foco en el faltante del suministro en varias localidades y parajes de la provincia.
En ese sentido solicitaron al gobierno de Rodríguez Saá y a la dirigencia política en general que pongan a disposición “la solidaridad que se proclama” y no “el mal ejemplo que vemos en las autoridades municipales de Justo Daract”. Esto último en referencia al aumento del 600% en las tarifas que ahora deberá afrontar el pueblo y la autorización para que el sueldo del intendente suba el 140%.
“Son las políticas de estado las únicas responsables del exceso de gasto público generadores de pobreza para lo cual se debiera rever las mismas”, criticó.
Por ese motivo, pidieron que San Luis adhiera a la Ley de Emergencia Agropecuaria nacional Nº26509, sancionada en 2009, para que se ponga en práctica y permita a los productores “tener los mismos derechos que otros ciudadanos”.