Siguen encadenadas; mujeres echadas de la Municipalidad de Villa Mercedes mantienen su lucha

Este jueves se cumplió el segundo día desde que cuatro mujeres se encadenaron a la Municipalidad de Villa Mercedes. El reclamo lleva más de 20 días, cuando decidieran instalar una carpa afuera del edificio en rechazo a los 60 despidos que realizó la gestión de Maximiliano Frontera.

El miércoles las ex trabajadoras decidieron endurecer la medida debido a que no han tenido respuesta desde la comuna y tampoco “se ha acercado nadie”.

Señalaron que mientras mantienen la protesta para recuperar sus fuentes laborales, la gestión que asumió el 10 de diciembre “hizo entrar mucha gente al municipio”.

La determinación del intendente tuvo como argumento que los empleados habían sido contratados de manera “ilegal” por la administración de Mario Merlo.

“Por el momento vamos a seguir en el municipio a espera de que el intendente nos reciba. Golpearemos todas las puertas necesarias porque nunca nos escuchó”, sostuvo en declaraciones a El Chorrillero, Marianela Morales.

Contó que este jueves por la mañana que concejales de la oposición instaron a sus pares del oficialismo a mantener una reunión con Frontera debido a la grave situación, pero se negaron.

Morales se desempeñaba en la comuna desde el 2017. Ingresó a través del Plan de Inclusión, luego obtuvo una beca estudiantil y más tarde fue contratada. A los cinco meses fue desvinculada. “Nos echaron sin previo aviso. En mi caso me pagaron $9000”, cuestionó.

“Hay compañeras que llevaban siete meses, dos años o más tiempo. Un empleado del Concejo Deliberante tenía una antigüedad de cuatro años y otro de 20”, agregó.

Morales hizo énfasis en la difícil situación económica por la que atraviesan debido a que la mayoría de las mujeres son “madres solteras”. Puntualizó que tiene una hija de 15 años y a poco días del comienzo de clases no cuenta con dinero para “afrontar los gastos”.

“Mi único ingreso era esto. Ella está con mis padres porque ni siquiera tengo para darle de comer”, añadió.

La preocupación es similar para otra de las mujeres, Johana, que llevaba cinco meses trabajando en la Municipalidad, “Tengo un nene de cuatro años, soy madre soltera. Faltan dos semanas para que empiece el jardín y no sé cómo voy a hacer para comprarle los útiles. Mi familia me ayuda pero tampoco pueden darme todo”, transmitió.

Precisó que si bien inscribió a su hijo a una escuela pública, le piden “un listado de materiales que sale $4000”. A eso se suma que el pequeño necesitará “guardapolvo, mochila y zapatillas”. “Sin trabajo no podemos darle lo esencial, la educación”, señaló.

Por eso, aseguró que están “dispuestas” a continuar esperando que el intendente las atienda. “Queremos que se haga presente porque ni siquiera da la cara, nunca habló con nosotros”, manifestó.

Por otro lado, Morales relató que hace unas semanas fueron hasta el Molino Fénix porque el gobernador Alberto Rodríguez Saá se encontraba en el lugar. Tras darle a conocer la problemática el mandatario se comprometió a brindarles “ayuda”.

“Dijo que pondría un intermediario entre el municipio y nosotros. Designó al secretario de Gobierno, Diego Ochoa. Al día siguiente nos reunimos con él. Habíamos quedado con el gobernador de levantar la carpa como gesto y nos iban a dar una propuesta, pero cuando vinimos Ochoa nos pedía sacarla y que el luego seguiríamos dialogando”, detalló la mujer.

En este sentido anticipó que continuarán con las medidas de fuerza porque es su “única garantía”.

“Que al menos el intendente llame a dos personas de la carpa y escuche nuestra realidad”, insistió Morales y reveló que durante los días del reclamo vecinos y familiares se han acercado a llevarles alimentos y agua.

“Lo único que queremos es que nos devuelvan nuestro trabajo”, concluyó Johana.