Padres y alumnos insistieron en la universalidad del boleto estudiantil gratuito en San Luis

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino encabezó este viernes la convocatoria para escuchar las posiciones de distintos sectores de la comunidad sobre el boleto gratuito para estudiantes y jubilados, que fue derogado por la gestión de Sergio Tamayo en diciembre y que ahora debe debatirse entre tres nuevos proyectos.

Cada uno de los expositores, que se inscribieron previamente vía mail o en la institución, contaba con cuatro minutos para dar a conocer su opinión y cómo la suspensión del beneficio los perjudicó.

El primero fue presentado por San Luis Unido y establece que se aplique para todos los estudiantes de la ciudad, tal como se había sancionado en el 2012, es decir propone que se retome la universalidad. El segundo fue impulsado por el bloque San Luis Somos Todos y estipula la gratuidad para alumnos de establecimientos públicos, mientras que un descuento del 50% para los privados. El tercero, promovido por el Frente Justicialista de Todos y el intendente Tamayo solo prevé el acceso de los estudiantes que acudan a centros públicos y acrediten una situación de “vulnerabilidad”.

“Es discriminación a los estudiantes. Los que están gobernando levantan la bandera de la justicia social y en este caso no la estarían cumpliendo”, planteó una vecina, quien también pidió se tenga en cuenta a los chicos de instituciones privadas y mejoras en el servicio de Transpuntano.

La audiencia contó con la presencia de los integrantes de la comisión, Julieta Ponce, Javier Suárez Ortiz, Johana Sosa, Gastón Témoli y Carlos Ponce. A su vez, participaron Celeste Aparicio, Otoniel Pérez Miranda, Ailén Chaine y Germán Ponce.

Ariel Braverman expresó “preocupación por el enfoque de políticas públicas que lleva adelante el municipio”. “Es un derecho, pero lo que se intenta desde el oficialismo es que pase a ser un subsidio y una herramienta clientelar”, siguió.

En el mismo sentido, consideró que si un alumno no cumple con los requisitos “existirá la posibilidad de que el Ejecutivo lo otorgue a dedo”.

Por otro lado, planteó que la suspensión del boleto gratuito “contribuirá al aumento de la pobreza en la ciudad” al tener que invertir en el servicio de transporte. Por eso, pidió a los ediles la derogación del artículo 12 de la Emergencia Económica con el fin de “reparar el daño”.

Otra de las voces fue la del coordinador de Barrios de Pie, Kevin Videla Gutiérrez. “Me toca venir en defensa de un derecho que consideramos logrado y fuera de discusión”, comenzó diciendo el joven que habló del “cambio en la realidad económica de cada vecino” que produjo la gratuidad en el transporte.

Cuestionó la decisión de la comuna de “recortar por quienes menos tienen” y aseveró que no debería ser considerado un “gasto” para el Estado sino “como una de las más grandes inversiones”.

“Es el deber de ustedes velar por la vuelta del boleto. Solo un proyecto garantiza la universalidad. Los demás buscan limitar el acceso de unos pocos”, afirmó.

Asimismo, cuestionó el ítem del proyecto oficialista donde de no cumplir con los requisitos quedará a criterio del Ejecutivo municipal la otorgación. “Esto busca que deban golpear la puerta de Tamayo y pedirle por favor”, consideró.

Asimismo, otros explicaron que si no es factible obtener la "gratuidad" para todos los alumnos, que al menos otorguen un descuento en el servicio.

El secretario de la Federación Universitaria, Joel Vega también expuso su parecer y entregó a los concejales 8500 firmas que recabaron en distintos puntos de la ciudad, con el fin de solicitar la restitución del beneficio

“Los sectores estudiantiles no somos responsables de la deuda adquirida por Transpuntano. Están buscando sanear la situación económica que atraviesan a través de la quita este derecho. El problema fue por mal manejo y mala relación con el gobernador”, sostuvo.

También puntualizó en que “no son claros los criterios para determinar quienes podrán acceder”.

Juan Martín Luca Bravo habló en representación del movimiento Jóvenes de Pie. Coincidió en que el boleto “debe considerarse un derecho”, mientras que “el proyecto del intendente lo plantea como un beneficio”.

“Debe entenderlo como parte de la inclusión. Es fundamental para que los estudiantes puedan llegar a la escuela”, insistió.

Más tarde, fue el turno de Miriam, una mamá que resaltó “la importancia de la educación de los chicos”. Transmitió que sus cuatro hijos están en edad escolar y la escuela “queda muy lejos para ir caminando”.

“Creo que deberían considerar que todos los papas tenemos el derecho de que los chicos estudien y no sean discriminados, no interesa si es privado o público. Los insto a que tomen la mejor decisión. Es difícil la situación para todos”, propuso la mujer.

Yésica Guzmán, mamá soltera de tres nenas también dio su punto de vista. “Este recorte no solo nos quita un derecho, sino que nos está discriminando a las clases más necesitadas. No tenemos ganas de colgarnos un cartel de que somos pobres”, reflexionó.

“No tenemos que seguir siendo marginados y vulnerados”, resaltó y pidió que el requisito “no sea esa medida violenta”.

Federico Capella expuso el caso de su hermana, quien este año comenzó la carrera de Abogacía en la Universidad Católica de Cuyo debido a que estudiarla en otra provincia sería más costoso.

“No me parece una solución quitar la universalidad, sino hacerse cargo de algo que no cumplió el año pasado el Ejecutivo”, afirmó el periodista que es editor del portal La Noticia de San Luis al hacer referencia a que la gestión anterior solo subsidiaba la mitad del boleto y no la totalidad.

A su vez, hizo énfasis en la problemática de la inseguridad y que la no gratuidad del boleto “volverá a poner a los chicos en riesgo al cruzar descampados”.

“Muchas veces no alcanza con el sueldo. En mi caso provengo de una familia muy humilde. Nos benefició un montón tener el boleto”, opinó otro estudiante, Blas.

El joven manifestó la “dificultad” para los estudiantes universitarios de “estudiar y trabajar”.

Luego fue el turno de Javier Jofré, en representación de Unidad Ciudadana, quien mencionó ser “consciente de las dificultades para llevar adelante la gestión”, pero supuso que las medidas a implementar “deben ser con miras de superar la crisis”.

Entendió que el requisito económico debe tomar como ingreso máximo el equivalente a tres salarios mínimos.

Finalmente, Claudia Miranda Suazo remarcó la necesidad de que “ese derecho se siga garantizando” y “no se discrimine”. “Creo que deberíamos rever el tema de la universalidad porque es algo que ganamos a sangre y fuego”, agregó.

Ahora, los ediles de la comisión de Transporte deberán reunirse para emitir despacho. El presidente del Concejo, Carlos Ponce estimó que podría ocurrir la próxima semana.