A 44 años del golpe de Estado, hay más de 900 condenados por delitos de lesa humanidad

La titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, afirmó que los debates de los procesos de lesa humanidad "se encuentran activos" y, si bien reconoció que existen demoras en cuanto al avance de las investigaciones, el organismo trabaja para que las causas puedan ser elevadas a juicios orales y públicos.

"Los juicios que se encuentran en las etapas de investigación están activos más allá de la frecuencia con las cual se desarrollen algunas audiencias. Lo que sí tenemos son demoras en las instrucciones y estamos tratando de resolverlas para que algunas causas lleguen a juicio", señaló la fiscal en diálogo con Télam.

Ramos nació en Tandil, tiene 42 años e ingresó al Poder Judicial en 2006 y desde hace tres años que es la jefa de todos los acusadores que representan al Ministerio Público en los procesos de lesa humanidad.

La funcionaria judicial admitió que hay una especie de "cuello de botella" que impide el avance de algunas investigaciones, y que desde la Procuración se analiza si se debe "a falta de personal" en los juzgados o a "problemas presupuestarios".

"Tenemos varias causas paralizadas que no llegan a juicio y queremos determinar qué es lo que pasa. También tenemos demoras con los casos que ya recibieron sentencias en primera instancia y faltan ser confirmadas en instancias superiores", describió.

De los nueve juicios de lesa humanidad previstos para 2020, se iniciaron dos: el de la causa Ejército-Triple A que se lleva a cabo en Bahía Blanca y el proceso oral y público conocido de la Cueva III.

En cambio, se suspendieron los debates de las causas de delitos sexuales en la ESMA y "Chavanne", en el cual se investiga la complicidad empresarial con agentes del terrorismo de Estado.

Mientras tanto, se reanudaron audiencias en los juicios de las causas como Esma IV, en Comodoro Py, Fedec III, en Rosario, Operativo Independencia III, en Tucumán, Campo de Mayo Zárate-Campana y Contraofensiva Montonera, en los tribunales de San Martín, además de otros procesos que se desarrollan en Mendoza y Chubut.

"Otra de las dificultades que tenemos es la cobertura de vacantes, sobre todo en las jurisdicciones en las que hay un solo Tribunal Oral. Esto nos pasa en Mar del Plata, donde hay un solo Tribunal y tenemos tres causas, que deben ser juzgadas con jueces subrogantes que vienen de otros lugares. Ese es otro factor de demora", remarcó.

Ramos consideró que para agilizar las declaraciones de los testigos es fundamental aplicar el criterio que estableció la Cámara de Casación Penal en su acordada 1/12, en la que estableció que el testimonio dado por una víctima en una causa tenga validez a lo largo de todo el proceso e incluso en otros juicios.

"Esa acordada permite que los testigos que declararon una vez en un juicio o en una causa no lo tengan que hacer varias veces. Es una forma de agilizar los procesos y también de revictimizar a quienes padecieron secuestros y torturas", apuntó.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, afirmó en una reciente entrevista que desde el Gobierno se analiza la reactivación de la Comisión Interpoderes, que estaba conformada por distintos organismos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para darle celeridad a las investigaciones.

"Estamos a favor. Era una instancia que en un principio sirvió porque se fijaban buenos criterios de actuación. Lamentablemente, se encuentra discontinuada porque la última vez que se reunió fue en 2016. Habría que conformarla de nuevo", subrayó.