Ingenieros y técnicos pidieron ser habilitados a trabajar

“Al pararse la construcción civil, tanto en obras grandes como pequeñas, al igual que las de infraestructura, directamente estamos sin trabajo. Y de cada uno de nosotros depende la mano de obra, es decir, que no sólo son las propias familias”, señaló Alejandro Kane en declaraciones a El Chorrillero.

Los profesionales tienen limitaciones porque no están considerados como actividad exceptuada de la cuarentena obligatoria salvo las ligadas a la industria de alimentos.

Kane expuso que si bien se habilitaron labores de plomería, electricistas y gasistas a “los ingenieros que son responsables de esas tareas, no los liberaron".

"No escapará a vuestro buen juicio y sentido común que muchas de nuestras especialidades que involucran a los maestros mayores de obras nos obligan a realizar proyectos, mediciones ‘in situ’, ensayar materiales, asesorar y dirigir obras civiles, eléctricas e industriales", argumentó al respecto.

En el mismo sentido, remarcó que "el ejercicio legal de toda profesión y que da seguridad a la sociedad (gasista, sanitarista o electricista) debe realizarse con personal matriculado y habilitado por el Colegio de Ingenieros y Técnicos de la provincia".

“Esto afecta a los colegiados, porque algunos tienen pequeñas empresas que al estar paradas, no tienen ingresos. Tenemos que pagar los sueldos y tributar impuestos. Además, los cheques de proveedores que se libraron antes del aislamiento social están empezando a ingresar y no hay fondo para afrontarlo porque la rueda se frenó. Estamos en una situación muy crítica”, sostuvo.

Ante este panorama, enviaron una nota al gobernador Alberto Rodríguez Saá planteando la necesidad de flexibilización en el rubro y presentaron un protocolo de trabajo tanto para obras civiles como de infraestructura.

En el texto aseguraron que "la situación del sector profesional es asfixiante". "Las obras civiles de construcción privada aun no fueron habilitadas y si bien se ha permitido al personal idóneo que realiza tareas de mantenimiento y en algunos municipios a los albañiles para tareas menores, no a los profesionales que deben supervisar esas tareas, poniendo en un mayor riesgo a la sociedad ante posibles malas praxis y no cumplimiento de protocolos de sanidad", explicaron.

Además, mantienen contacto con el intendente de Merlo, Juan Álvarez Pinto, a quien le propusieron un plan de trabajo para "liberar" la construcción en la Villa, al igual que en localidades aledañas.

“Más allá de que esto se pueda liberar las tareas y uno pueda empezar a trabajar de a poco, en lo económico se ha presentado una situación que nadie esperaba. Muchas empresas se encuentran con deudas imposible de afrontar, tanto impositivas como propias de las obras que llevaban adelante. Ya vamos para dos meses sin ingresos”, manifestó Kane.

En el documento remitido al Gobierno, además de insistir en la necesidad de ser incluidos en las actividades exceptuadas, hicieron referencia a la apertura de corralones de materiales. "Implica también que los profesionales deban asistir a los lugares de ventas para poder llevar adelante una obra civil o industrial y finalmente su presencia en obra es irreemplazable para supervisar, dirigir y controlar el cumplimiento de los protocolos COVID-19″, señalaron.

De la misma forma subrayaron que la "responsabilidad" en las obras "recae siempre sobre el profesional a cargo de las mismas".

"Esta lucha la ganaremos entre todos, de manera solidaria, sustentando la actividad propia de nuestros matriculados. Los profesionales estamos capacitados para hacer respetar los protocolos de trabajo. Sin poner en riesgo la salud del personal y la de nuestros semejantes podremos tener ingresos que den sustento a nuestras familias y empleados y contribuiremos con el aporte económico que asegure el pago tributario que nos impone solidariamente la sociedad", concluyeron.