Poggi presentó un proyecto de ley para crear un fondo público con aportes de funcionarios, legisladores y jueces
Propuso que se conforme con el 30% de los sueldos de los funcionarios jerárquicos de todos los poderes del Estado nacional. Pide que adhieran las provincias. La iniciativa pretende asistir las crisis sanitaria, social y productiva profundizada en el país por el avance del coronavirus.
El senador Nacional, Claudio Poggi presentó ayer el proyecto de ley para la creación de un “fondo solidario aportado por el sector público para financiar los efectos de la crisis” de la pandemia Covid-19”.
En su caso, Poggi decidió donar a fines de marzo el 30% de la dieta a organizaciones no gubernamentales de San Luis para asistencia social por seis meses. El bloque de legisladores provinciales de San Luis Unido también destina el mismo porcentaje por un plazo de tres meses.
“El aporte extraordinario del 30% del sueldo por seis meses del personal jerárquico público -funcionarios, diputados y senadores, magistrados, entre otros- es el mínimo esfuerzo que debemos realizar para compartir el gran esfuerzo que está realizando el trabajador privado”, escribió el senador Nacional este sábado por las redes sociales.
La propuesta establece que el fondo se conformará, durante seis meses consecutivos, con ese porcentaje de la retribución bruta total mensual y habitual, de los sueldos que sean igual o superior a los $ 120 mil.
El senado sanluiseño aclaró que están excluidos de contribuir “personal del sistema de salud y miembros de las fuerzas de seguridad y defensa que realice tareas directamente relacionadas con el control y prevención de la pandemia”. Este punto está expresado en el artículo 4°.
El proyecto incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ministerio Público Fiscal, organismos y entes autárquicos descentralizados; empresas y sociedades del Estado y las entidades bancarias oficiales.
Poggi fundamenta que el aislamiento social, preventivo y obligatorio aparece entre todas las “importantes medidas adoptadas” a partir del avance del coronavirus como “razonable y ajustada a la gravedad de la situación de crisis sanitaria” que viven los argentinos. Y analiza que en consecuencia “es evidente” que dichas disposiciones “traen necesariamente aparejada, como un efecto colateral no deseado, una crisis social y productiva que atraviesa transversalmente todo el entramado social” de la Argentina.
Considera que el escenario que se transita requiere “la obligación y la responsabilidad de generar soluciones que ayuden a mitigar estos efectos no deseados” de la pandemia y superarlos.
“Nuestra realidad objetiva es que no hay recursos fiscales que alcancen para atender la demanda que esta crisis provocará”, detalló. Y puntualizó la necesidad de “atender las necesidades elementales de alimentación de los compatriotas en situaciones sociales más vulnerables, muchos no alcanzados por los planes sociales otorgados por el Estado”.
Además planteó “asistir a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes que dependen de su ingreso diario para subsistir ellos y sus familias, paliar la caída de los sectores de la producción, del comercio, del turismo y de los servicios, que sin dudas produciría efectos negativos sobre los puestos de trabajo que esos sectores mantienen”; y también aportar recursos extras al sistema de salud.
Destacó que si bien algunas provincias para algunos de sus poderes tomaron medidas de reducciones salariales para sus funcionarios a efectos de contribuir a financiar los gastos extraordinarios, “nada es suficiente”.
“No tengo dudas que resulta indispensable que todos quienes integramos el segmento de personal jerárquico del sector público en todos los poderes del estado y en todos los niveles del mismo, sea Nacional, Provincial o Municipal, a partir de nuestros salarios, realicemos una contribución económica extraordinaria con una asignación específica al COVID-19”, agregó entre los fundamentos.
En el artículo 5º, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo determinará quién será la autoridad de aplicación, el cual deberá informar “en forma mensual y detallada al Congreso Nacional sobre la ejecución del fondo creado”.
Estipula que pueden adherirse a la misma, los tres poderes de los gobiernos de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de todo el país.
“En momentos como estos son necesarios, tanto por su importancia material como por la demostración de solidaridad real con los más castigados por esta crisis, gestos y actos concretos dentro de los cuales tengo la certeza se encuentra la creación del referido fondo. Solo con un esfuerzo extraordinario de todos podremos ganar esta batalla extraordinaria”, manifestó en la fundamentación.