“¿Dónde están los derechos humanos?”, la hija de una jubilada varada

“No voy a olvidar nunca lo que vengo padeciendo para que mi mamá, que tuvo la mala suerte de estar en la provincia antes de la cuarentena, pueda volver a su casa”, así comienza el relato Natalia, la hija de una jubilada varada en San Luis.

Así como no resulta fácil entrar a tierra sanluiseña (porque el Gobierno provincial tiene un control particular y propios protocolos en los puestos fronterizos), tampoco es sencillo salir.

La mujer, que hizo público el caso a través de una carta dirigida al gobernador Alberto Rodríguez Saá, contó que antes del 19 de marzo cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, su madre decidió viajar sola hasta San Luis para visitar a unos familiares y pasar unos días de vacaciones.

Lo que nunca imaginó fue esta situación que hoy le toca vivir, en medio de la preocupación de no saber cuándo podrá regresar a su hogar, en Buenos Aires.

Natalia, que prefirió reservar mayores datos personales, dialogó con EL Chorrillero y explicó por lo que está pasando su madre, de 70 años.

Después de su llegada, y tras el anuncio de la Nación sobre el aislamiento, la provincia dispuso que de manera obligatoria, aquellas personas que deseen ingresar o egresar del territorio puntano debían solicitar un permiso especial para ser evaluado de manera particular.

La señora, que pertenece al grupo de riesgo no solo por su edad sino porque padece asma (hasta tuvo neumonía) pensó que el proceso iba ser fácil. Pero pese a completar rigurosamente los requisitos, su salida es rechazada constantemente.

En el descargo publicado en sus redes sociales, Natalia cuestionó otra medida: el costo que deben pagar para hacer la cuarentena las personas que entran a San Luis.

“O pagás o esperás, jodete”, escribió. Y agregó: “No importa si estás con tus hijos, si estás separado de tus hijos, si tenés una discapacidad, si perdiste tu trabajo, si sos adulto mayor, si no tenés recursos para llegar en trasporte privado porque no hay trasporte larga distancia, nadie del Gobierno de San Luis te va a ayudar”.

También se preguntó: “¿Y el Gobierno nacional no puede hacer nada? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿La Constitución no aplica en este periodo de cuarentena?”.

“Ojo con la palabra cuidar que veo que se está usando como sinónimo de controlar y castigar. Ojo con la palabra paciencia que la están usando como sinónimo de bancatela, jodete”, sostuvo.

Este es un caso más de los que se conocen día a día; dificultades tanto para los sanluiseños que quieren entrar como para los que se quieren ir.

Durante varios días familias enteras esperan varadas en los puestos fronterizos que autoricen su paso.

Natalia aseguró que “entiende sobre los diversos protocolos que manejan las jurisdicciones para combatir el Covid-19”, pero criticó que el proceso para obtener el permiso en San Luis “no es claro”.

“Tenés que hacer miles de pasos de manera digital que no es accesible para todos y menos para una persona de 70 años que, encima de hacerlo, se lo rechazan. Prometieron que el viernes podría salir pero tras todo esto no estamos seguras de lo que pase”, manifestó en contacto con este medio.

Además, hizo hincapié sobre el dinero que debe tener para que un transporte la traslade: “Es una locura, para poder ir solo hasta el puesto limítrofe debemos pagar unos $15 mil porque no hay movilidad pública. Para colmo no podemos ir a buscarla porque no dejan entrar a los taxis”.

“Siento que mi mamá está en Tailandia, hasta el día de hoy no sé si viaja. Es un tema de derechos humanos. Estoy realmente insegura, no sé qué hacer”, añadió con la angustia de estar a casi 800 kilómetros de distancia sin más opciones que la espera.

Bajo este oscuro panorama afirmó: “Lo que viven es injusto, porque nadie merece ser castigado de esta manera”.

“No tengo ningún interés político, conozco la provincia, la visité, soy defensora de los derechos, hay una parte humana que no se está viendo y es muy grave”, finalizó.