Avanzar presentó un proyecto de ley de asistencia financiera al sector productivo y autónomos

La severa crisis desatada por el aislamiento social y obligatorio, decretado para prevenir el avance de la pandemia del COVID-19, es la base del proyecto de ley presentado ayer por el senador Provincial Sergio Guardia (Avanzar).  A diferencia de otras provincias, acá no se impulsaron acciones de auxilio.

La propuesta tiene como objetivo “mantener y fortalecer las actuales inversiones en el territorio provincial en el sector industrial, agropecuario, minero, comercial, turístico, profesional y de servicios”. Según el último Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA), publicado por el ministerio de Trabajo de la Nación, el sector privado de San Luis genera 51.400 puestos laborales. Por eso el legislador del Frente San Luis Unido entiende que es “urgente la necesidad de apoyarlo y contenerlo” para “evitar despidos y descapitalización, e incluso la posibilidad de cierres permanentes”.

Guardia impulsó el proyecto que crea líneas de asistencia financiera por la ausencia de medidas del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Identifica las fuentes de financiamiento para llevar adelante la propuesta.

En las últimas semanas desde el interbloque de Diputados de San Luis Unido también propiciaron acciones para sortear el dramático momento.

Alcances y detalles

La iniciativa contempla acciones dedicadas a sostener el sector privado.

Destinatarios

* Personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades industriales, agropecuarias, mineras, comerciales, turísticos, profesionales y de servicio, y que con motivo del aislamiento obligatorio hayan registrado una caída de sus ingresos habituales superior al 30%, siempre que revistan la calidad de Pequeña y Mediana Empresa (PyME) .

* Emprendedores, trabajadores independientes, micro y pequeñas empresas que se encuentren en cualquiera de las categorías del monotributo.

Herramienta

Se crea un préstamo que contempla: a) amortización del capital: 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas; período de gracia: hasta el 31/12/2020 y una tasa de 0,10% nominal anual que se calculará sobre el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) de Banco Central.

También se prevé que los intereses devengados desde cada desembolso se capitalizarán hasta el próximo 31 de diciembre y la autoridad de aplicación podrá reducir la tasa y actualización de capital. En general será otorgado a sola firma y no podrá exigirse la presentación de garantías reales.

Montos y orientación

* El crédito se puede destinar al pago de hasta dos nóminas salariales. Se tomará como referencia la registrada en febrero último.

* También se puede orientar a capital de trabajo, hasta la suma de $1 millón.

* La otra finalidad es la reconversión del objeto y la puesta en marcha de mecanismos de venta a través de internet.

En el caso de los trabajadores autónomos, emprendedores y micro pequeñas empresas podrán “optar –de manera excluyente– por un aporte no reembolsable por la suma equivalente a tres meses de ingresos de acuerdo al máximo de facturación de la categoría de monotributo donde se encuentre comprendido, lo que en ningún caso podrá superar los $100 mil”, para afectar a las finalidades que define el proyecto de ley.

La iniciativa además promueve la eximición del impuesto sobre los Ingresos Brutos a la operatoria de “venta de cosas y/o prestación de servicios efectuada a toda persona que realice actividades en la provincia y que habitualmente adquiera dichos bienes o contratare dichos servicios a contribuyente de extraña jurisdicción”.

A la autoridad de aplicación, será ejercida por el ministerio de Producción, se le concede la función de “recibir, evaluar y aprobar (o rechazar) las solicitudes mediante una ventanilla con acceso remoto y dando una respuesta en 48 horas.

Los beneficios dispuestos en el proyecto son “compatibles y complementarios con cualquier otro” que se disponga a nivel municipal, provincial o nacional.

 El escenario

La propuesta tiene en cuenta la estrepitosa caída de la actividad agravada por “el inminente quiebre de la cadena de pago que está ocurriendo en estos días, con rechazo de cheques en el sistema bancario en volúmenes inéditos”. Y busca ser una rueda de auxilio teniendo en cuenta que pequeños y medianos actores económicos encuentran las limitaciones para ser sujetos de créditos bancarios.

“Muchas empresas que pueden llegar a quebrar y cerrar sus puertas y así ocasionar la pérdida de una cantidad importante de puestos de trabajo, perjudicando a muchas familias puntanas”, sostuvo Guardia.

“En la provincia a la actual problemática se le suma la caída en el nivel de actividad económica y la concomitante disminución de los niveles de empleo que ya venía registrando con anterioridad a las medidas de aislamiento poblacional. La cantidad de empleo en el sector privado se redujo en 10 mil puestos de trabajo con relación a los registrados en el promedio del año 2015”, evaluó el legislador de Avanzar por Junín.

Guardia tuvo en cuenta que al haber desvinculado Rodríguez Saá en su primer mandato a la Provincia del Consejo Federal de Inversiones (CFI), le impide hoy a las micro, pequeñas y medianas empresas locales acceder a las líneas de asistencia crediticias creadas por este organismo en el marco de la pandemia Covid-19.

Los fondos

El legislador sostuvo que la Provincia “cuenta con los recursos” para acompañar en forma especial a sectores que merecen respaldo. Por ejemplo citó el decreto nacional Nº 352/2020 por el cual se creó el Programa para la Emergencia Financiera Provincial, que tiene por objeto sostener el funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades derivadas de la epidemia Covid-19.  Se trata de un fondo de $ 60 mil millones para el otorgamiento de préstamos blandos.

Guardia sugirió además que se afecten a operatorias de salvataje las partidas del presupuesto provincial que actualmente se destinan a los gastos reservados del gobernador, el fondo anticrisis y del dinero que se dejó de aportar al CFI con el pretexto de que se afectaría al “apoyo y estímulo a micro y pequeños emprendimientos”.