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Coronavirus: le dieron prisión domiciliaria a un represor de la dictadura por ser paciente de riesgo

Se trata de Carlos Capdevilla, un exmédico de la ESMA con tres condenas por violación a los derechos humanos. El juez consideró su edad y sus problemas de salud ante el COVID-19.

La Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a un exmédico de la ESMA al considerarlo paciente de riesgo frente al coronavirus.
Actualizada: 29/04/2020 15:49
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La Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a un exmédico de la ESMA al considerarlo paciente de riesgo frente al coronavirus. Se trata de Carlos Capdevilla, con tres condenas por crímenes de lesa humanidad.

Pese a que los jueces habían anticipado que los represores no iban a gozar de este beneficio otorgado en el marco de la pandemia de COVID-19, el juez Daniel Obligado autorizó el pedido teniendo en cuenta la edad del preso, que tiene 68 años y sus problemas de salud.

Capdevilla está detenido en la Unidad 31 de Ezeiza y no estaba debidamente aislado para su protección. Ya que es un penal con pocos detenidos pero en el que se comparten lugares comunes con otros presos.

Además, el juez evaluó la situación de salud del exmédico, que tiene cáncer de próstata, hipertensión y otros problemas motrices.

Capdevilla tenía tres condenas, todas por violaciones a los derechos humanos. Fue condenado a 20 años de cárcel en la llamada Megacausa ESMA por su participación en el terrorismo de Estado de la dictadura militar, pena que se le fijó en 2011 y se terminaba en 2023.

Además, tenía otra condena de 15 años y una de 10 años por apropiación de menores, que terminó de cumplir el 3 de enero de 2018.

Este capitán de corbeta de la Armada, apodado "Tommy", fue médico en la ESMA y cumplió la función de asistir los partos en la maternidad clandestina que funcionó en dicho centro. Está involucrado en casos de apropiación de menores y de participar de sesiones de tortura evaluando la capacidad de resistencia física de las víctimas.

Pese a haber cometido estos delitos, Obligado le concedió este beneficio. Pero antes hubo un fiscal que se opuso a la medida: Leonardo Filippini. Este abogado, recibido en la UBA, se pronunció en contra del pedido alegando que en Ezeiza funciona un Hospital Penal Central (HPC) y que es una de las penitenciarías que más seguridad ofrece incluso en cuanto a cupos que tiene la cárcel.

Cabe destacar que la decisión de una cámara no beneficia a todos los presos sino que cada juez analiza los casos en particular.

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