Por la contratación de los hoteles EPIC para la cuarentena, intimaron al gobernador y Zanglá
Les requirieron que en el término improrrogable de 24 horas hagan públicos los procedimientos de cotizaciones y contrataciones de los alojamientos para ciudadanos varados por la pandemia.
A través de sendas cartas documentos los abogados Ricardo Bazla y Lucio Pereira intimaron este lunes al gobernador Alberto Rodríguez Saá y a la presidenta del Comité de Crisis del COVID-19, María José Zanglá para que den a conocer los pasos que siguió el Gobierno para elegir a EPIC Hoteles.
Luego de que dos hoteleros de Villa Mercedes cuestionaran el proceso de contratación realizado por el Gobierno provincial y desmintieran haber participado de una valuación, el mandatario fue intimado a dar cuenta del trámite.
Los letrados se basaron en las declaraciones que hicieron a El Chorrillero el último fin de semana los dueños de los hoteles Lavalle de Villa Mercedes, Mario Rodríguez y Centro Hotel de la misma ciudad, Elena Gualdoni. Ambos aseguraron que no fueron invitados a presentar una propuesta de alojamiento.
En el reporte del 30 de abril, Rodríguez Saá informó que para apurar el retorno de puntanos varados a la provincia, sumaba al hospedaje en las residencias de la Universidad de La Punta, los hoteles EPIC, ubicados en San Luis y Villa Mercedes.
La elección de la cadena tuvo sustento en que ofreció el precio más bajo, según el gobernador. Cobra por el alojamiento por persona más la pensión completa $1750 por día. “Lo voy a transparentar absolutamente”, subrayó esa noche.
Tras ello, Rodríguez transmitió que no hubo “llamados ni comunicaciones” a otros establecimientos para cotizar. “Tengo colegas en la misma situación que tienen restaurante también, pero la decisión fue arbitraria”, estimó.
Asimismo, contó que según la “información” que maneja “en realidad EPIC cobra por día $3500”.
“Nos sorprendió a todos, hemos estado charlando en el grupo de WhatsApp de hoteleros y a ninguno se le pidió presupuesto, nos quedamos shockeados al escuchar las palabras del gobernador”, advirtió por su lado, Gualdoni.
La empresaria consideró que la elección del alojamiento se debió realizar a partir de una “convocatoria general”. “Por lo menos darnos un lugar a expresarnos, de decir ‘yo no me siento capacitado de tener esta gente en el establecimiento porque no tengo la infraestructura para darle los servicios’”.
A partir de ello, Bazla y Pereira conminaron al mandatario y al Comité de crisis para que en el plazo de 24 horas den a conocer las cotizaciones requeridas y las invitaciones realizadas a los hoteles de Villa Mercedes. De la misma manera, exigieron tener información sobre los presupuestos que se elevaron y “el procedimiento administrativo previo adoptado con respecto a la contratación”.
Los dirigentes dejaron abierta la instancia de iniciar acciones legales y comunicar a la Legislatura en caso de irregularidades.