Inquilinos denuncian el incumplimiento del decreto que congeló el precio de los alquileres
Un informe de la Defensoría porteña reveló que hubo inmobiliarias que quisieron imponer aumentos del 100% en la renovación de contratos.
En medio de la cuarentena, más de la mitad de las consultas realizadas por inquilinos en la Defensoría del Pueblo porteña estuvo vinculada con dificultades para afrontar el pago y denunciar el "incumplimiento" del decreto que congeló los precios de los alquileres por seis meses.
El organismo indicó que "el 25% de las consultas tuvo que ver con inquilinos que terminan su contrato y se les exige firmar uno nuevo con aumentos de entre 50 y 100%, en violación a la prórroga por 180 días establecida por el Decreto 320/20″.
"Las denuncias evidencian que, en algunos casos, se utiliza el decreto para proponerle al inquilino que este aumento lo pague después del primero de octubre", sostuvo la Defensoría. Subrayó que "en otras situaciones, ofrecen seis meses de contrato, que es la prórroga que por derecho puede tomar el inquilino, con un aumento superior al 30% y luego ‘volver a conversar'".
Señaló que "otro 20% de las consultas tuvo que ver con dificultades para pagar el alquiler dado que pidieron préstamos para hacer frente al saldo correspondiente a abril, otros hicieron abonos parciales o sufrieron una caída de hasta el 50% de sus ingresos o directamente perdieron su trabajo".
En un comunicado, también advirtió que "la negativa a bancarizar el alquiler (o con recargos por hacerlo) y la retención indebida del depósito de garantía luego de meses de reclamos representó el 14%".
Así, el organismo remarcó que el perfil de las demandas del programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría "se modificó con respecto a semanas anteriores y, de las 620 consultas recibidas entre el 20 y el 30 de abril, prácticamente la mitad estuvo vinculada con dificultades para afrontar el pago y al incumplimiento del decreto que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria".
Sólo un 12% de las consultas estuvo vinculada con el deterioro de los inmuebles y cuestiones como arreglos, humedad, luz de obra y corte de gas. "El resto se refirió a problemáticas como el pedido de autorización para mudanza, consultas por imposibilidad de pago en locaciones comerciales o profesionales sin actividad económica", indicó la Defensoría.