Diputados opositores piden informes sobre los ATN que la Nación haya mandado al Gobierno de San Luis
Quieren que la gestión de Alberto Rodríguez Saá rinda cuentas de los fondos que el Gobierno nacional hubiere bajado a la Provincia.
El interbloque de San Luis Unido y sus pares de Todos Unidos pidieron a través de un pedido de informes un pormenorizado detalle de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que haya ingresado a la Tesorería de Terrazas del Portezuelo a partir de la asunción de Alberto Fernández en la presidencia el 10 de diciembre.
Los diputados provinciales opositores quieren conocer los montos, fechas de acreditación y el estado de cada rendición. También reclamaron “la comunicación recibida del Gobierno nacional de las transferencias y las rendiciones de los fondos que se hubieren presentado”.
Esta acción tiene en cuenta que el Gobierno nacional creó el Programa para la Emergencia Financiera Provincial de $ 120.000 millones, mitad en ATN y el resto en créditos, para atender el “normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de Covid-19”.
Con ese antecedente y frente a la reticencia del gobernador Rodríguez Saá de distribuir los recursos nacionales entre los municipios, un grupo de intendentes de distintos colores políticos gestionaron formalmente auxilio financiero. Utilizaron como fundamento “los principios del sistema político que expresa el artículo 4 de la Constitución provincial como el sistema federal sobre el que descansa nuestra Carta Magna”.
En el proyecto hicieron hincapié que la jefa de Gabinete ha respondido que el Gobierno provincial no tiene previsto adoptar medidas generales en favor de las comunas, “sin importarle que el erario del fisco provincial sí recibió asistencia nacional con un criterio general para todas las jurisdicciones, lo que permitió alcanzar los mismos ingresos que se hubieran percibido en el supuesto de no haberse desatado la crisis sanitaria, social y económica”.
El interés de los diputados fue más allá porque indagaron acerca de si Gobierno provincial accedió a la asistencia financiera bajo la “modalidad de préstamo previsto en el art. 3o y ss. del Decreto Nacional N° 352/2020 que crea el Programa para la Emergencia Financiera Provincial”. Y si tiene planificado entrar en esa operatoria de asistencia, solicitaron que “informe las gestiones que ha realizado a sus efectos”.
El tercer punto que quieren conocer es “la contestación formal” a las presentaciones que hicieron los intendentes e intendentes comisionados el 14 de abril gestionando fondos.
Los legisladores recalcaron que “justamente lo que permite la coparticipación es evitar la discrecionalidad que propone la jefa de Gabinete de la administración sanluiseña”.
En los fundamentos mencionaron antecedentes de distritos que han coparticipado estos fondos a las ciudades y pueblos. Los ejemplos que citaron son Salta, Mendoza y Córdoba. En el caso de la provincia administrada por Juan Carlos Schiaretti, la ayuda provincial “creció un 27% durante el primer cuatrimestre del año”.
La contracara es el panorama en San Luis. La coparticipación girada al conjunto de las comunas en enero fue de $ 429.392.418. Y en abril, las transferencias bajaron a $ 270.281.579. Se registró una caída del 37,05%, mientras los gastos crecieron porque debieron hacer frente a las demandas de la pandemia COVID-19.
“La pérdida de este recurso municipal de fuente nacional y de gran importancia para las comunas afectadas, va en contra de los avances y esfuerzos que el Gobierno nacional y las provincias llevan adelante para lograr una correcta y equilibrada distribución de los recursos federales. Esta acción repercute negativamente en la generación y mantenimiento del empleo dado el alto requerimiento de trabajo requerido en la ejecución de la obra pública y su derrame en todas las actividades económicas vinculadas”, expusieron los legisladores de San Luis Unido (Avanzar, UCR y Libres del Sur) y Todos Unidos (PJ disidente).
En ese contexto insistieron que el Gobierno de Rodríguez Saá cuenta con “herramientas para auxiliar la situación que transitan los municipios” y advirtieron que son inadmisibles “asistencias particulares” a intendentes porque se “vulnera el principio de igualdad, transparencia y respeto de las instituciones”.