Exigen al Gobierno que rinda cuentas sobre los ATP girados a los municipios
Los bloques de diputados de la oposición le reclamaron a la administración de Alberto Rodríguez Saá que dé cuenta del manejo de los recursos en momentos que la pandemia del COVID-19 obliga a las comunas a atender distintos frentes.
Los legisladores de San Luis Unido, Todos Unidos y Arturo Illia promovieron el pedido de informes para que el Gobierno provincial responda sobre los Aportes del Tesoro Provincial y “toda otra asistencia financiera a favor de los municipios” desde el 10 de diciembre para acá.
La presentación llega en un momento que el gobernador Alberto Rodríguez Saá cerró las puertas a los intendentes que gestionaron asistencia financiera para compensar la brutal pérdida de recursos experimentada en lo que va de la pandemia de coronavirus. La jefa de Gabinete le dijo a los jefes comunales.
En cambio, el Gobierno provincial vive la crisis más holgado ya que se garantizó una inyección extraordinaria de dinero fresco para cubrir los huecos. A las pocas semanas de declarada la emergencia, la Nación inició una serie de desembolsos a loa gobernadores.
Los diputados opositores que firmaron el proyecto se basan en la “caída objetiva de la coparticipación municipal” que se situó en un 37,5%. En enero fue de $ 429.392.418 y en abril llegó a $ 270.281.579.
Hay un punto crucial que no pierden de vista: la discrecionalidad. La historia reciente indica que el Gobierno de Rodríguez Saá favorece con ATP a los intendentes oficialistas y relega a los opositores. Hay varios ejemplos que dan fe de la discriminación.
Por eso en los fundamentos del pedido de informes los diputados escribieron que “la ley XII-0351-2004 de Régimen de Coparticipación Federal regula los Aportes del Tesoro Provincial, con los que el Ejecutivo Frovincial dispone de una herramienta para atender la situación que de manera general, uniforme y objetiva transitan todos y cada uno de los municipios de la provincia, consecuencia de esta situación de emergencia que es de público y notorio conocimiento”. Y resaltan que “no se admiten asistencias particulares que vulneren el principio de igualdad, transparencia y respeto de instituciones”.
El cuestionario que propusieron deberá ser respondido 48 horas después de aprobado por la Cámara Baja. Tendrá que precisar los nombres de los intendentes que recibieron, montos, fechas del acto administrativo que lo hubiere ordenado, fechas de pago, números de expedientes por el cual tramitaron, y rendición del mismo.
También requieren conocer los actos administrativos que resolvieron el otorgamiento de los ATP, acompañando copia de los mismos; y el motivo por el cual se dispuso entregar cada uno de los aportes (con copia de la solicitud municipal y la totalidad de las actuaciones que autorizaron el otorgamiento y el pago).
Y si está programado hacer entregas de ATP más adelante. En tal circunstancia tendrá que transparentar cuáles son las peticiones y los expedientes que se encuentran en trámite.
El Gobierno deberá comunicar además las partidas presupuestarias afectadas, y, para el caso de insuficiencia de crédito presupuestario original, nombrar “qué partidas fueron disminuidas o se prevén disminuir para ampliar el crédito vigente”.
Por último quieren saber cuál fue la respuesta del Gobierno a las notas presentadas por los intendentes (el 3 y el 14 de abril de 2020), considerada la situación de urgencia económica en la que se encuentran las intendencias y que ya expusieron públicamente.