Pidieron informes al Gobierno por las muertes en comisarías y la cárcel durante la cuarentena
El requerimiento sostiene que merecen ser "aclarados e investigados hasta sus últimas consecuencias”.
Las muertes de Florencia Morales y un menor en dependencias policiales y Nicolás Aballay en la cárcel, fueron los disparadores de un pedido de informes al Gobierno.
La autora es la diputada Fabiana Zárate (Avanzar) del interbloque San Luis Unido que copreside, Gastón Hissa. Solicitó todas las actuaciones administrativas y las denuncias que desde el Ejecutivo se hayan realizado en la Justicia.
La legisladora dejó sentada la necesidad de que los sucesos sean “aclarados e investigados hasta las últimas consecuencias”. Y busca saber si los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad están garantizados en San Luis.
Puntualizó el caso de Florencia Magalí Morales, murió el 5 de abril de 2020 en la comisaría Santa Rosa del Conlara; el fallecimiento de Nicolás Alberto Aballay, ocurrido entre el 11 y 12 de abril en una celda del Servicio Penitenciario; y el deceso del menor de 16 años, el 24 de abril, en la comisaría del Menor en Villa Mercedes.
En las situaciones ocurridas en las dependencias policiales, los protagonistas fueron detenidos por efectivos por presunta violación del el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y en ambos casos fueron sus familiares los que pusieron un manto de duda alrededor de los suicidios, según la versión oficial.
Para la diputada Fabiana Zárate, los tres hechos son “graves y generan duda y zozobra en la sociedad”. Por lo tanto planteó “una urgente y completa explicación por parte de los poderes competentes”, para tener las certezas de que en San Luis están garantizados los derechos humanos.
El proyecto estipula que el Gobierno informe todas las actuaciones administrativas realizadas alrededor de los casos. Y el estado en el que se encuentran las mismas, además de todas las medidas ordenadas y realizadas “para aclarar los acontecimientos”.
También se piden las denuncias que se hayan concretado en la Justicia o la participación que haya tenido el Estado Provincial (a través de sus órganos de representación judicial), indicando presentaciones y medidas concretadas.
El Ejecutivo deberá informar si, teniéndose en cuenta la situación social del país (que lleva casi 50 días en cuarentena) “se han dictado normas o protocolos destinados a prevenir torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, y salvaguardar el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Zárate sostuvo que en el contexto de pandemia que vive el país, las medidas dictadas no deben ser entendidas “jamás” como una suspensión en “la obligación absoluta del Estado” de defender el derecho a la vida.