El Colegio de Abogados advirtió “contradicciones” en la reanudación de los términos procesales

“Manifestamos nuestra discrepancia respecto ciertos puntos que a criterio de los representantes de la matrícula, desnaturalizan la decisión adoptada, si lo que se pretendió con ella, era reanudar los términos suspendidos”, comunicaron desde el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis luego de que el Superior Tribunal de Justicia emitiera el acuerdo Nº 210.

La reanudación de los plazos procesales, que entrará en vigencia el próximo lunes 11, también estableció un protocolo de trabajo que deberá aplicarse mientras se extienda el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. La disposición del Alto Tribunal surgió tras el pedido de los profesionales.

En la nota, dirigida a la presidenta del STJ, Lilia Novillo, expusieron que “resulta contradictorio y fuera de toda lógica procesal” reanudar los términos cuando uno de los puntos de la resolución establece “la suspensión de todos los actos procesales a cargo de personal del Poder Judicial, de comunicación personal presencial (notificaciones), constataciones, inspecciones oculares y diligenciamiento de mandamientos, oficios y notas en soporte papel, salvo que se disponga su realización en casos urgente”.

A raíz de eso, consideraron que la acordada “mantiene –entre otras cosas- la suspensión de las notificaciones, imposibilitando que los nuevos reclamos judiciales –cargados de derechos- puedan dar siquiera “un paso”, toda vez que ello implicaría que un oficial de justicia deba llevar el traslado hacia un domicilio postal”.

“Creemos fervientemente que adoptando las medidas de prevención e higiene (…) el personal judicial afectado al diligenciamiento de cédulas postales como los abogados que volvimos – restringidamente- a nuestros estudios o como los cajeros de supermercados –que nunca dejaron sus puestos-, podrían cumplir con sus tareas habituales, de vital importancia para nuestro sistema”, consideraron en el texto firmado por la presidenta, Flavia Molina Arlandi.

En otro punto, los abogados hicieron referencia a la suspensión de las audiencias testimoniales. “Siendo que el Tribunal se encuentra trabajando con personal mínimo, las oficinas comunes o hasta el propio Salón Blanco podrían utilizarse para el desarrollo de las mismas, tomando siempre los cuidados harto mencionados, creemos que así sí”, propusieron.

“De no decretarse un nuevo acuerdo que habilite el acto procesal supra mencionado, caeríamos en la necesidad de que cada letrado deba solicitar la suspensión de términos en cada causa, inevitable desde todo punto de vista, sobre todo pensando en el instituto de la caducidad de instancia del que el acuerdo nada dice”, siguieron.

En paralelo, advirtieron que el punto anexo “termina dejando a criterio judicial aquellos casos ´urgentes´ sobre los cuales la suspensión cedería”. “Nos encontraríamos con soluciones distintas ante casos análogos, todo lo cual, podría resultar injusto e incomprensible para el justiciable, que podría razonablemente interpretar que su suerte sería ´una u otra´, dependiendo de donde tramite su expediente”, justificaron.

“Entendemos como un acto de estricta justicia, que los honorarios profesionales sean considerados -en una próxima acordada- como ´asunto urgente´ en los términos del artículo 22 inciso 5 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia de la Provincia de San Luis, porque más allá del carácter alimentario que los mismos representan, el profesional del derecho también se encuentra expuesto ´a la pérdida de un derecho o a graves perjuicios si no se le atiende´”, afirmaron en otro tramo de la nota.

Finalmente, remarcaron que el acuerdo “no resuelve ni mejora la situación” si no que “expone al profesional” y “daría lugar a una serie de planteos de difícil solución”. Por eso, pidieron que se dicte uno nuevo.

“Debemos buscar una opción superadora que nos permita avanzar o restablecer acabadamente el servicio de justicia, insistimos, con el desafío que ello implica”, añadieron.