El gobernador Rodríguez Saá designó como intendente normalizador de Las Lagunas a un dirigente de otro pueblo
Diego Barroso ocupó el cargo esta semana. El anterior fue desplazado el 25 de abril por violar la cuarentena.
El gobernador Alberto Rodríguez Saá nombró al ex intendente comisionado de Paso Grande, Diego Barroso como delegado normalizador de Las Lagunas, a partir del 1° de mayo.
La localidad se quedó sin jefe comunal el 25 de abril porque Américo Chávez fue desplazado por violar la cuarentena. En un operativo realizado la noche anterior fue arrestado mientras participaba de un asado junto a otras siete personas en la localidad de Potrerillos.
Chávez fue candidato a intendente comisionado de Las Lagunas por el Frente Justicialista de Todos en las elecciones del 2019. Fue derrotado, pero lo mismo accedió al cargo porque el gobernador lo designó a raíz de la judicialización del proceso electoral en el que se impuso, Luis Palacios que iba por la reelección por un sector disidente del PJ.
Diego Barroso fue intendente de Paso Grande, localidad que controló durante varias décadas su familia. Sucedió en el cargo al padre, Ricardo Barroso. La jefa política del pueblo y referente del departamento fue la histórica dirigente peronista, Gregoria “Goya” García de Barroso, diputada y senadora durante varios mandatos, además de ser la mujer que representó al peronismo puntano como convencional constituyente nacional en 1994 en la lista que encabezó Adolfo Rodríguez Saá.
El nuevo delegado normalizador de Las Lagunas también fue senador provincial por el distrito.
En los últimos cinco meses la localidad vivió una situación institucional anormal dos veces. En diciembre estuvo acéfala varios días hasta que fue nombrado Chávez. En esta ocasión con la particularidad de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el gobernador comunicó el 25 de abril el desplazamiento y Barroso llegó al pueblo con el juez de Paz el 5 de mayo para tomar posesión del puesto, confirmaron Palacios y el ex diputado Carmelo Mirábile.
El conflicto en la localidad inició porque al abrir la urna de la única mesa habilitada en el escrutinio definitivo de las elecciones generales de 2019, no coincidían la cantidad de votos con el número de sobres. Habían sufragado 271 personas y aparecieron 299 votos, según se informó de manera oficial.
Frente a una impugnación, el Tribunal Electoral declaró la nulidad y resolvió en diciembre un nuevo llamado a elecciones. Sin embargo, el gobernador Rodríguez Saá todavía no fijó la fecha.