Una defensora solicitó que se haga lugar a un habeas corpus para que cese la detención de menores
Se pronunció en el marco del pedido de un abogado tras la muerte de un chico de 16 años en un calabozo de Villa Mercedes. Solicitó que las dependencias sean reacondicionadas.
Gustavo Otegui es el abogado que patrocina a la madre de menor. Tras asumir la defensa solicitó medidas urgentes, entre ellas la realización de una nueva autopsia. En paralelo radicó un habeas corpus ante la Fiscalía N°2 de Villa Mercedes para que “cesen las detenciones de menores en comisarías” de San Luis.
Reclama también que la Policía “aplique los protocolos y estándares internacionales en el trato, cuidado y traslado de menores”.
La muerte de F.G.M en una celda, puso en debate la privación de la libertad de los menores de edad y fue el motivo de la presentación en la Justicia.
La titular de la Defensoría de Niñez y Adolescencia e Incapaces N° 1 de Villa Mercedes, María Victoria Cortazar emitió este miércoles un dictamen donde concuerda con la petición efectuada por Otegui y pide que se haga lugar al recurso.
En el pronunciamiento destaca la gravedad del caso que fundamenta el habeas corpus y tiene presente la posibilidad de que “los derechos de los adolescentes” se encuentren “comprometidos y vulnerados”.
En el primer punto de su dictamen la defensora pidió que se haga lugar a la acción de habeas corpus y ordena “la prohibición” de la detención de menores en los calabozos de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), como también “la prohibición de que permanezca alojado en dicha dependencia bajo la supervisión y custodia de personal policial”. Sostiene que solo podrán ser conducidos allí para su protección.
En el mismo recomienda que dichas instalaciones sean acondicionadas “conforme a los estándares de rango constitucional”. Y planteó que deberá darse inmediato conocimiento al juez y Defensor de Menores en turno, y la inmediata entrega a su grupo familiar o algún referente afectivo, cuando se procede alguna detención.
Cuando el 25 de abril Sandra Bravo fue a buscar a su hijo, F.G.M ya estaba muerto. Pero ella recién lo supo a la madrugada cuando el juez de turno había ordenado el traslado del cuerpo a la morgue. Los efectivos encontraron sin vida al chico en el momento que iban a liberarlo. Según la versión policial, el joven se quitó la vida, y para hacerlo usó la remera que tenía puesta.
Se oficializó que lo detuvieron en “una situación de robo”, y que entre sus ropas llevaba dos cuchillos. Su madre le confirmó a El Chorrillero que cuando fue a retirarlo le dijeron que el chico “había violado la cuarentena”, y que lo apresaron en Tucumán y Nelson: en la puerta de su casa.
Para la familia la muerte fue dudosa, y días después su madre dio detalles que pusieron más sombras esa noche. Por ejemplo, la celda donde F.G.M murió no tenía luz y los policías “debían iluminarse con celulares”. Además la única prenda de vestir que le devolvieron a la mujer fue un pantalón corto.
“Atento a la realidad provincial”, que se desprenden del caso y de los fundamentos expuestos por Otegui, Cortazar pide que se prohíba el uso de las armas al personal de las fuerzas policiales que acompaña a los menores; que en el menor pueda realizar una llamada telefónica de manera inmediata a su ingreso, y que se le provea de comida y bebida necesaria. Agrega que el plazo para dar conocimiento de su integración no podrá superar una hora.
En el segundo punto, promueve que se otorgue intervención al Superior Tribunal de Justicia para que junto con los ministerios competentes del Poder Ejecutivo Provincial (Ministerio de Gobierno Justicia y Culto, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Seguridad y cualquier otro que devenga competente) y el Poder Legislativo, se proceda a la creación de los recursos edilicios y humanos para el “debido abordaje tratamiento y juzgamiento de los menores” sometidos a un proceso penal.
En el habeas corpus, el letrado advirtió que la Policía no cumplió los protocolos ni recaudos legales y constitucionales; y tampoco normas Internacionales. Pidió en concreto “el cese de la ilegal práctica perpetrada por integrantes de las fuerzas de Seguridad de la Provincia de San Luis, de privar de la libertad en dependencias policiales, a niñas, niños y adolescentes”.
En su análisis entiende que la presentación efectuada significa “la única vía idónea para evitar la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes imputados de delitos o contravenciones de la competencia de la justicia local”. Y detalló que los mismos “son ilegalmente alojados en dependencias de la Policía de la Provincia de San Luis, incluidas las denominadas CANAF”.