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Los testimonios de beneficiarios de planes sociales echados durante la cuarentena

Fueron detenidos y alojados en diferentes comisarías porque “incumplieron los protocolos”. Todo ocurrió mientras se mantienen firmes en los cargos la funcionaria del Gobierno provincial y los asesores que violaron el aislamiento al organizar una reunión social.

Foto: ANSL
Acto con beneficiarios del Plan de Inclusión Social realizado en agosto de 2018.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 21/05/2020 15:27
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Serían cientos los beneficiarios de planes y becarios que fueron dados de baja desde que rige la cuarentena en la provincia.

Si bien no hay una cifra exacta y oficial de los desafectados, existe un grupo de Whatsapp con al menos 120 personas que dejaron de percibir la ayuda social durante la crisis que vive el mundo.

Este mes muchos tomaron conocimiento que fueron despedidos por el Gobierno cuando fueron a los cajeros y no estaba depositada la remuneración del Plan de Inclusión Social, también denominado Plan Solidario.

La otra cara de la moneda fue el caso protagonizado por la jefa del Programa Deportes del Gobierno de Rodríguez Saá, Cintia Ramírez, que fue denunciada por violar la cuarentena al organizar una reunión social con música alta en su domicilio de Juana Koslay. Ella como los funcionarios que la acompañaban la noche del 6 de mayo permanecen en los puestos.

Los efectivos policiales fueron disuadidos por la funcionaria y los jefes policiales “recibieron llamados de la superioridad” para frenar la detención, mientras esperaban la orden judicial que nunca fue emitida.

Después, Ramírez le comunicó al juez que estaba trabajando en la preparación de informes y en la logística para retirar donaciones en el municipio de Villa Mercedes.

El incidente mereció un amplio repudio social porque la funcionaria se manejó con impunidad.

Los testimonios

Martín es uno de los ciudadanos que perdió el beneficio. A El Chorrillero le contó que este mes sus haberes no estaban depositados. El coordinador  le dio la amarga noticia: le habían dado de baja “por haber violado el aislamiento social”.

El joven se desempeñaba en la Banda de Música que depende del Programa Cultura del Gobierno provincial. Relató que el 22 de marzo fue detenido en Toro Negro cuando volvía de comprar en un negocio. Y por eso quedó alojado por 24 horas en la Comisaría Nº 13 de Los Manantiales.

Y tuvo en cuenta que en esa fecha el gobernador Alberto Rodríguez Saá no había anunciado la restricción de circulación de acuerdo a la terminación del DNI.

Martín reside en la ciudad de San Luis, pero cumplió casi un mes la cuarentena en Toro Negro porque su esposa tiene casa en ese lugar.

En el reporte epidemiológico del 28 de marzo, Rodríguez Saá lanzó una advertencia a los empleados públicos que violaran cuarentena. Les dijo que iban a perder el trabajo y que incluía a los beneficiarios de planes sociales y becarios.

Marcela, de 21 años, también fue desplazada del Plan Solidario.

El 26 de marzo quedó detenida en la Comisaría 1° cuando se dirigía a un cajero del banco Supervielle. Ese día le correspondía circular, pero de igual manera quedó presa desde las 9 hasta las 2 de la madrugada del día siguiente.

Previamente, había pasado por dos controles ubicados en la zona sur y los efectivos la autorizaron porque “cumplía con el protocolo”.

La joven vive en el barrio 500 Viviendas con su madre y el hijo de tres años, y el plan era su único ingreso. “Me he cansado de explicarle a la coordinadora de mi situación, pero no se hace cargo de nada”, planteó en diálogo con este medio.

Cristian tiene 35 años y fue detenido durante una pelea familiar. Quedó alojado en la Comisaría 39º del Barrio Eva Perón, por casi 12 horas.

No entiende por qué le quitaron el beneficio si no incumplió con el aislamiento social. Se enteró cuando el coordinador de la parcela se lo transmitió.

A pesar de que habló con una funcionaria del ministerio de Desarrollo Social, dijo que no tuvo una respuesta concreta. “Le he mandado mensajes con la fotocopia del papel que me dieron en la comisaría por quedar detenido por un problema familiar. Pero sigo desafectado”, señaló.

Lorenzo explicó que salió a la calle el 21 de marzo para comprar remedios a la madre. Al regresar a la casa, alrededor de las 19, fue demorado en inmediaciones del Parque de las Naciones y trasladado a la Comisaría 2º.

“Nosotros vivimos del plan, la peleamos así, alquilamos y tenemos tres chicos”, contó la esposa que prefirió preservar la identidad. El marido cumplía funciones como seguridad en el Parque de la Libertad los fines de semana.

José relató que el 25 de marzo quedó detenido varias horas en la Comisaría 39º luego de que la Policía lo demorara en el cruce de Riobamba y la ruta Nacional Nº 147. Iba con otra persona a hacer una changa.

“Si no salgo a trabajar, no puedo comer, no me alcanza”, expuso.

Daniel quedó demorado el 27 de marzo en la Plaza Independencia después de comprar mercadería en un negocio de la zona: “Salí confiado el viernes porque ese día me correspondía y me detuvieron. Con ese dinero pagaba el alquiler y la alimentación de mis hijos, además perdí la obra social”.

“El gobernador tendría que analizar caso por caso. No andaba de joda, me detuvieron un día que me correspondía circular”, concluyó.

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