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Sin pronunciamientos; una costumbre de la secretaría de la Mujer cuando los denunciados están ligados al poder

El organismo que creó el Gobierno de San Luis para asistir a las mujeres ante casos de violencia y otros hechos que vulneran sus derechos, se mantiene en silencio.

Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 26/05/2020 08:47
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Esta semana se conocieron graves acusaciones contra el senador provincial del Frente Unidad Justicialista, Ariel Rosendo. Fue noticia cuando su ex pareja lo denunció por haber ingresado a la fuerza al domicilio de la mujer y llevarse muebles y electrodomésticos.

El episodio ocurrió en Villa Mercedes, en una vivienda propiedad del gremio Smata donde actualmente reside Ivana Massimino.

Expuso que el legislador violó una orden de restricción, rompió la puerta de entrada con un hacha y se llevó hasta sus prendas de vestir.

Contra Rosendo pesa además una denuncia por violencia de género, radicada en agosto del año pasado, según confirmó la abogada de la ex pareja, Leticia Lattini. En declaraciones a El Chorrillero CNN Radio San Luis, Massimino relató lo difícil que fue convivir con Rosendo, quien ahora tiene la tenencia de la hija que tuvieron juntos. “Me golpeaba. Me destruyó psicológicamente”, dijo, y aseguró que recibió asistencia de la secretaría de la Mujer tras la separación. “No me deja ver a la nena, ella es lo único que tengo y quiero que se haga justicia”, reclamó.

“Si yo hubiese estado en la casa, no la estaría contando”, no dudó en decir.

En otra línea de los escándalos, Rosendo fue expuesto en junio de 2018 cuando amenazó e intimidó a comerciantes villamerecedinos para que no abrieran sus negocios en un día de paro en contra del ex presidente Mauricio Macri. Y también fue acusado por una empleada por abuso sexual.

Esta semana, y tras ser consultado, el bloque albertista que lo tiene entre sus miembros no quiso emitir declaraciones. La jefa de la bancada, Mabel Leyes se limitó a decir que no había notificación alguna y que por eso “no se expedía” al respecto.

Como en otros casos cuando funcionarios del Gobierno de Rodríguez Saá estuvieron involucrados en actos de violencia o de abuso del poder, el organismo que dirige Ayelén Mazzina no fijó posición por los actos de Rosendo. Massimimo sí contó que fue asistida por psicólogos de la secretaría, tras el episodio del año pasado.

Sobre el caso, el bloque que integra el senador, tampoco habló del tema y no tiene, por el momento, definido si tomará algún tipo de decisión alrededor de otro polémico acto del legislador.

Este medio intentó en reiteradas ocasiones contactar a la funcionaria que conduce la secretaría y conocer alguna posición sobre la situación que tomó inmediato estado público, pero no fue posible. Nunca atendió los llamados, y tampoco el área de prensa.

Pero de la misma manera es como se ha comportado en los casos donde se esperaba algún tipo de reflexión. Lo que cambió a lo largo de los cinco años que tiene de vida, no solo fue de funcionaria sino también de denominación: actualmente se llama secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

En 2015 fue creada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá bajo el título de secretaría de Estado de la Mujer #NiUnaMenos, con rango de ministerio, y Adriana Bazzano estuvo a cargo durante cuatro años. Su sentido de ser es “orientar, contener y asesorar a personas en situación de violencia”.

Uno de los hechos más resonantes fue el que involucró al secretario de Transporte, Enrique Cabrera, en mayo de 2018. Por el escándalo se tuvo que bajar de la primera línea del gabinete de Rodríguez Saá (porque sigue siendo parte del Gobierno provincial), pero la secretaría de Bazzano nunca dijo nada, tal vez por la trayectoria que tiene como militante del Partido Justicialista.

Su ex esposa y funcionaria Carolina Sosa, lo denunció por golpes y agresiones que alcanzaron a un hijo. La acusación lo llevó a la Justicia.

Cabrera fue diputado provincial, concejal de Villa Mercedes e interventor de la ciudad de La Punta en el primer mandato de Alberto Rodríguez Saá, y antes secretario privado del ex intendente de Villa Mercedes, Mario Merlo.

Como en una seguidilla de hechos, a fines de 2018, una acusación recayó sobre Reynaldo “Nano” Pastor (entonces intendente de Estancia Grande). Una empleada lo acusó de abuso sexual y otra vez el círculo de funcionarios allegados a Rodríguez Saá quedó envuelto en escándalos. El dirigente fue ministro del Campo.

Nunca se pudo conocer oficialmente qué asesoramiento dio la secretaría, ni tampoco la opinión. Siempre se arrojó un manto de silencio en ambos sucesos.

En el mismo año también se hizo pública una acusación (también por violencia de género) contra el hijo de Bazzano y también funcionario, Luciano Tessi.

Más tarde le tocó el turno a un funcionario de esa secretaría (en mayo de 2019) por “violencia económica y psicológica”. Según se conoció después, fue asesorado por el Gobierno. La ex pareja del hombre fue quien contó los malos tratos que sufrió durante ocho años: “Yo soy abogada y él siempre tuvo cargos en el Gobierno, ganaba más que yo. Me decía que era inútil para la profesión, que no tenía carácter y no sabía vestirme”.

A los antecedentes de silencio, se suma una acusación de abuso de poder que también se acentuó en la órbita del Gobierno provincial. Y fue cuando Natalia Toledo Anziano expuso que la Justicia de San Luis, de un día para el otro, le quitó a su hija para entregársela a su padre, Juan Ignacio Campos (actual pareja de Natalia Spinuzza). La mujer hizo que su pedido de lucha cruzara las fronteras y puso un manto de dudas sobre las resoluciones judiciales de la provincia. El reclamo no tuvo eco en la secretaría.

La mujer tuvo que litigar en una provincia donde no residía, asumiendo gastos de estadía y sin poder continuar con su vida laboral en Córdoba. Sin embargo no se desprendieron gestos solidarios ni acercamiento alguno.

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