Poggi pidió que el secretario de DDHH dé explicaciones al Senado por los abusos policiales en San Luis

“El abuso policial es moneda corriente en gran parte de las provincias de nuestro país, sobre todo en aquellas donde la falta de alternancia política genera un estado de violencia institucional casi naturalizado”, sostienen en el proyecto de resolución Claudio Poggi y otros 14 senadores nacionales de distintas bancadas.

Los legisladores impulsan que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti acuda al Senado para dar explicaciones sobre los abusos policiales ocurridos durante la cuarentena en diferentes provincias.

En el caso de San Luis, los legisladores mencionan las muertes de Florencia Magalí Morales (en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara) y el menor Franco Marangello (en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes). A ellos se suma el fallecimiento de Nicolás Aballay en el Servicio Penitenciario. Todos los casos fueron informados por la Policía como suicidios.

Al mismo tiempo, enmarcan las “torturas psicologías y físicas durante más de 20 horas” que sufrieron Patricia Herman y Nadia Vallone por parte de efectivos en la Seccional 6° de la capital puntana. Eso ocurrió después que las mujeres fueran detenidas por incumplir la cuarentena.

En los fundamentos expusieron que la situación “particular” que vive el país por la pandemia “no significa de ninguna manera que la emergencia pueda colocar a los derechos humanos en cuarentena”.

El proyecto cuenta con el respaldo de Julio Martínez, Pablo Blanco, Stella Olalla, Silvia Elías de Pérez, Alfredo De Ángeli, Juan Marino, Mario Fiad, Víctor Zimmermann, Eduardo Costa, Roberto Basualdo, Guadalupe Tagliaferri, Estéban Bullrich, Juan Romero y Silvia Giacoppo.

Los senadores señalaron la importancia que tiene el organismo que encabeza Pietragalla Corti, porque entre sus funciones está la de “coordinar las acciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos con otros ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial, el ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Honorable Congreso de la Nación y con las organizaciones de la sociedad civil”.

Plantearon que el secretario debería llevar adelante una observación “activa” y “seguir” las diferentes denuncias que vinculadas a la violación de las facultades civiles, políticas, económicas, sociales, culturales, comunitarias y de incidencia colectiva. Lo mismo tendría que efectivizarse con las situaciones que “impliquen un conflicto social de trascendencia para la sociedad”

“Desconocemos hasta el momento qué medidas adoptó con referencia a los hechos listados. Lo que sí resulta claro, es que no demuestra la misma diligencia frente a estos hechos como ante la situación carcelaria del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y otros presos preocupados por las posibilidades de contraer Covid-19”, cuestionaron.

Por todo esto, resaltaron la necesidad de que el funcionario nacional “exponga” las políticas y acciones tomadas ante los diferentes casos.

Asimismo recordaron los compromisos internacionales que están vigentes en el país para “prevenir, sancionar y reparar” estos hechos. Entre ellos, mencionaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Resaltaron que el Código Penal “tipifica los delitos de privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, vejaciones y apremios ilegales  y los agravantes de delitos ordinarios cuando son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad”.

Los demás casos que enumeraron fueron: Mauro Coronel (murió en Santiago del Estero tras ser torturado en una comisaría); un joven de 23 años en Alta Gracia, Córdoba fue interceptado por la Policía, quien luego golpeó a sus padres; Francisco Vivandelli fue internado en Santa Rosa, La Pampa, por fuertes golpes en su cabeza luego de ser detenido en la Alcaldía de General Acha;  una joven de 21 y su pareja de 25 sufrieron golpes de policías de Plottier en Neuquén; más de 30 denuncias por violencia y hostigamiento policial a trabajadores y jóvenes en barrios populares en Rosario, Santa Fe; integrantes de la comunidad Qom denunciaron torturas y abuso sexual, luego de un brutal operativo policial en el Chaco; y una golpiza policial al camionero Fabián Andina en General Madariaga.

A raíz de los números abusos, los legisladores insistieron: “En un Estado de derecho democrático es inadmisible cualquier menoscabo o injerencia injustificada en los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de la autoridad estatal”.