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San Luis Unido le pidió a Rodríguez Saá que aplique una rebaja del 40% en Ingresos Brutos

El bloque de Diputados propone la medida para micro, pequeñas y medianas empresas, trabajadores independientes y emprendedores. El Código Tributario faculta al gobernador a disponer la medida.

Foto redes sociales
Luis Lucero Guillet, Gastón Hissa, Fabiana Zárate, Mónica Becerra y Víctor Sosa del interbloque San Luis Unido.
Actualizada: 10/06/2020 12:05
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La batería de propuestas impulsadas desde San Luis Unido para asistir a los sectores productivos y de servicios fue reforzada hoy con otro proyecto que en los hechos significa un respaldo para atravesar la pandemia.

“Hay que evitar el cierre de las empresas puntanas porque ello aniquilará miles de puestos de trabajo y acrecentará sensiblemente la tasa de desocupación en la provincia”, puntualizaron los legisladores en un proyecto de declaración que presentaron este martes.

Los diputados plantearon al gobernador Alberto Rodríguez Saá que haga uso de sus facultades extraordinarias para la determinación de exenciones tributarias estipuladas en el artículo 157 del Código Tributario. De esta forma, buscan la aplicación de una reducción del 40% en Ingresos Brutos para contrarrestar los estragos provocados por el parate de la cuarentena.

Fragmento de la solicitud. Foto captura.

A raíz de ello, el bloque de la oposición indicó que las restricciones para circular por el aislamiento obligatorio desembocaron en una “paralización económica que impactó de lleno en el nivel de actividades de nuestra provincia”.

Señalaron que el sector más afectado fue el comprendido por los trabajadores independientes, micro, pequeños y medianos empresarios, quienes tuvieron una reducción “drástica” en sus ingresos.

“No pudieron ni pueden sostener el nivel de gastos de sus negocios -haciendo tambalear muchos puestos de trabajo- ni tampoco cubrir los costos básicos propios y de su grupo familiar”, afirmaron.

En ese contexto, insistieron en la importancia de que el Gobierno “adopte de manera urgente disposiciones en beneficio de los contribuyentes que se vieron perjudicados por las medidas adoptadas” y así puedan “sostener” el empleo privado y en relación de dependencia.

Este lunes, San Luis ingresó a la fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Con ello, se otorgaron una serie de flexibilizaciones en las actividades que puede realizar la población.

Los diputados sostuvieron que las medidas no estuvieron acompañadas de políticas de “alivio para el sector económico”. “Claramente no tuvieron en su motivación el interés de reactivar el nivel de actividad para salvaguardar el empleo de las familias puntanas. Más aún, pareciera tener una finalidad más fiscalista y recaudatoria que otra cosa. A contramano de lo que se debe hacer”, advirtieron.

En la misma línea, expresaron preocupación porque la crisis “repercutió directamente en materia social” y como consecuencia de ello “más puntanos caerán por debajo de la línea de pobreza”. Añadieron que la problemática “exige una pronta intervención del Estado provincial y no relegar toda acción o responsabilidad en la Nación, como hasta ahora ocurrió”.

En simultáneo, expusieron el papel fundamental que tiene el Gobierno para “propiciar la adopción de medidas en protección del sector productivo, primario, minero, industrial, comercial, de servicios y profesional, como herramienta imprescindible para mantener las fuentes de empleo del sector privado”.

En ese marco le requirieron a Rodríguez Saá que haga uso de las facultades excepcionales.

La legislación establece que el Poder Ejecutivo “podrá acordar respecto de los bienes, cosas y capitales situados, colocados o utilizados económicamente y de las actividades realizadas en zonas que se declaren de emergencia económica por la autoridad competente, y en cuanto aquellos estén comprendidos y amparado en dicho régimen, franquicias tributarias especiales para los períodos fiscales de aplicación del mismo”.

La posibilidad incluye rebajas para los impuestos Inmobiliario y sobre los Ingresos Brutos, que no podrán exceder el 40% de las cargas a tributarse en los períodos fiscales que rija la emergencia. En el caso de que el régimen no comprenda la totalidad del año “el beneficio se prorrateará” por los meses que se extienda.

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