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La Cámara de Diputados le pidió a Rodríguez Saá una rebaja del 40% en Ingresos Brutos

Se trata de un fuerte mensaje al Gobierno que se resiste a auxiliar con medidas de alivio a todos los sectores. En este caso están dirigidas a micro y pequeñas empresas, emprendedores y trabajadores independientes.

Foto: Marcos Verdullo
Sesión de Diputados.
Actualizada: 11/06/2020 12:23
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Por Néstor Miranda

En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que insta al Gobierno provincial adoptar de “manera urgente” disposiciones en beneficio de sectores golpeados en la pandemia Covid-19.

Luego de un extenso debate que duró más de una hora, el proyecto impulsado por el interbloque San Luis logró la adhesión de diversos sectores políticos. La votación fue 24 a 17 votos del bloque Frente Unidad Justicialista del gobernador, Alberto Rodríguez Saá.

En el articulado se plantea que el gobernador haga uso de las “facultades especiales” previstas en el artículo 157 del Código Tributario y disponga la rebaja impositiva de un 40% en Ingresos Brutos.

El copresidente del interbloque de San Luis Unido, Gastón Hissa, como miembro informante, expuso que la iniciativa busca “hacerle notar al Gobierno que puede hacer uso de herramientas y por algún motivo no lo hace”.

“Este proyecto apunta a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, a tirarles un salvavidas a los trabajadores independientes, en general al sector productivo, sin menoscabar las arcas provinciales”, sostuvo.

Diputado Gastón Hissa (Avanzar-San Luis Unido)

El legislador indicó que el impuesto es de “naturaleza totalmente distorsivo y regresivo, y las alícuotas de San Luis son las más elevadas del país”.

Verónica Causi de Sanluiseños y Mercedinos por el Cambio, señaló: “Somos conscientes que la pandemia afectó económicamente a los gobiernos, pero creemos que hay que proteger al más débil y en este caso son las pymes, empresas familiares y almacenes”.

“Si no protegemos la actividad privada, vamos a terminar teniendo a la mitad de la población de san Luis en un plan de inclusión o con una beca”, manifestó.

El diputado de Peronismo del Interior, José Escudero sostuvo que este tipo de propuestas que “dan una mano en un momento tan difícil” a los comercios e industrias “es muy interesante que se debata porque hay que pensar y ponerse en el lugar de los emprendedores”.

“Es tristísima la situación que vive hoy el sector comercial”, consideró.

“Se han preocupado en poner a Sol Puntano a vender verduras, pero no se han ocupado de otros sectores que producen riqueza y no se preocupan en lo más mínimo en contarnos qué es lo que harán, mucho menos nos invitan a aportar ideas desde nuestra experiencia laboral”, dijo Escudero.

“Creen que manejan todos los poderes sin importarles que los diputados somos representantes del pueblo. A la hora de hablar con los puntanos, cero diálogo y es triste que eso ocurra en la democracia, porque no perjudicamos a un dirigente político, sino a la sociedad que quiere crecer y ser independiente económicamente”, puntualizó.

Luis Martínez del bloque Frente Justicialista de Todos dijo: “Cuando tenemos este tipo de declaraciones en el fondo uno las ve con agrado, pero entiende que en el conjunto de los equilibrios nos lleva a tener que decir que nos pone en una situación incómoda no porque estemos en contra de nadie, simplemente porque advertimos que existen otro tipo de equilibrios institucionales”.

También hablaron Alberto Fara, Sonia Delarco, Juan Pablo Funes, Ariel Barrozo, Bartolomé Abdala y Luis Lucero Guillet.

Otros temas 

La Cámara Baja también aprobó por mayoría una declaración de San Luis Unido solicitando al Gobierno que otorgue un subsidio a transportistas escolares que quedaron afectados durante la cuarentena y no pueden salir a trabajar. Fueron 24 votos afirmativos contra 17 negativos del Frente Unidad Justicialista.

También dieron lugar al tratamiento preferencial a un pedido de informes del diputado Barrozo al ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto para que responda sobre distintos puntos de la Ley provincial, sancionada en 2017, que estipuló beneficios a bomberos voluntarios.

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