Lorenzetti quiere declarar otra vez en el juicio por el asesinato de su esposa Romina Aguilar

Diego Lorenzetti, Edivaldo de Oliveira Pereira y Leandro Vílchez participaron atentamente de una jornada del debate oral que desarrolla la Cámara de Apelaciones N°1 en su contra. Están acusados de matar a Romina Aguilar, el 30 de enero de 2016.

Durante la audiencia de este jueves, que se extendió por poco más de una hora, el Tribunal integrado por José Luis Flores, Silvia Inés Aispeolea y Jorge Sabaini Zapata, escuchó las declaraciones de Hugo Ledesma, Marcela Llanos y Sergio Amieva.

El primero en sentarse frente a los magistrados fue Ledesma, primo de Aguilar. Había trabajado junto al ex intendente de La Calera, en la fábrica de hielo que era de su propiedad.

“El contacto era cotidiano. Romina vivió un tiempo en mi casa, era como una hermana para mí. Después siempre charlábamos”, recordó.

Sobre la relación entre ambos, consideró que “era normal” y subrayó: “Nunca vi un hecho de violencia de Diego hacia Romina. Ella no me contó tampoco. Jamás tuvo miedo de él ni nada de eso. Somos muchos primos, pero nunca hubo sospechas de él”.

Explicó que entre el 2012 y 2013 era “colaborador” en la empresa, y si bien cobraba “le daba una mano más que nada” a Lorenzetti. Su labor consistía en el reparto de hielo, para lo cual utilizaba una Fiat Fiorino, propiedad del ex intendente.

A su vez, mencionó que compartía tiempo con ellos por las carreras de karting en las que participaba Hernán (hijo de Aguilar y Lorenzetti).

Ledesma también hizo referencia a que tenían “un buen pasar económico” y no atravesaban necesidades.

Respecto al tema político, dijo que el diálogo se limitaba a saber que el marido de su prima “era intendente”, y referenció que cuando ganó las elecciones “estaban con miedo”. “Incluso hasta ese día lo llevaron en un auto a la ciudad capital”, agregó.

Finalmente contó un robo que atravesaron antes de que se convirtiera en jefe comunal, en la vivienda del Barrio Faecap: “Quedaron muy golpeados en lo psicológico después de eso”. Tras el episodio, se mudaron por un tiempo a un edificio de la avenida Illia.

La segunda persona citada fue la inspectora Marcela Llanos, quien tras la muerte de Aguilar participó del allanamiento en un taller de motos, ubicado en la calle Ejercito de los Andes. Allí buscaban “incautar unos teléfonos” aunque no tuvieron resultados positivos.

En la testimonial, que había sido requerida por el defensor de Vílchez, Jorge Sosa, detalló que debieron esperar para realizar el procedimiento porque no estaban los dueños del lugar.

El último en declarar fue el ex diputado Sergio Amieva. Su presencia fue porque en el teléfono de Lorenzetti había mensajes que hacían alusión a “asustar” al legislador y su familia.

Planteó su desconocimiento sobre la causa y la muerte de la mujer, y contó que supo de las supuestas escuchas a través de los medios de comunicación.

Puntualizó que a la víctima la había visto en La Calera, pero nunca tuvo relación o diálogo con ella.

Los requerimientos de las defensas

En el final de la audiencia, el abogado de Lorenzetti, Marcos Juárez transmitió al Tribunal el pedido de su defendido: quiere seguir declarando. Para que ese se concrete solicitó que se arbitren las medidas para su traslado al Poder Judicial.

El ex intendente ya testificó dos veces en lo que va del juicio. La primera fue al comienzo del debate donde se desligó de todas las responsabilidades. La segunda fue en marzo, en la última jornada previa a la suspensión por la pandemia. Ahí mostró su malestar por “la cantidad de mentiras” que se estaban diciendo.

En esa ocasión sostuvo que la acusación de Oliveira Pereira está vinculada a la droga y que fue “totalmente forzada”. Anticipó que haría uso de su derecho las veces que sean necesarias.

Flores explicó que la presencia de Lorenzetti en la sala deberá gestionarse a través del Comité de Crisis, y propuso que se lleve adelante cuando también acudan los otros dos imputados, quienes habían requerido presenciar declaraciones de relevancia para la causa. Esto último a fin de dialogar con sus defensas y hasta hacer “un careo”. Los abogados estuvieron de acuerdo.

Juárez también insistió en la necesidad de acceder a pruebas que aportó el teniente de La Plata, Daniel Giles, que se encargó de efectuar las pericias sobre teléfonos secuestrados. A esto se sumó el pedido de contar con la desencriptación de expedientes magnéticos en la prueba. Los demás letrados coincidieron.

Por su lado, Sosa consultó sobre la posibilidad de que Vílchez accediera por el término de dos horas a las copias de los expedientes, aunque se encuentra en aislamiento por una sanción disciplinaria. Flores dijo que ayer hicieron la gestión.

El debate se reanudará el próximo martes a las 8:30.