La UCR se solidarizó con dirigentes de Merlo por la “estigmatización” que sufrieron del Gobierno provincial

La Unión Cívica Radical consideró que fue un “linchamiento mediático” lo que hicieron “algunos voceros del oficialismo”, y las comparó con “acciones más propias de una caza de brujas del medioevo que el de un Estado democrático y republicano”.

Para el Gobierno Alberto Rodríguez Saá, la tercera movilización de los pobladores en el límite entre La Paz (Córdoba) y Merlo (que reclaman un corredor humanitario) fue una “desobediencia”. De esa manera fue caracterizada la manifestación que tuvo lugar horas antes de conocerse que un policía de Villa Dolores (con traslados en la zona blanca) había dado positivo de Covid-19.

Tras ello Rodríguez Saá endureció los controles y lanzó medidas que alcanzaron a toda la región. Por ejemplo se exigieron hisopados a los vecinos de Merlo que estuvieron en la protesta, a dos concejales opositores al Gobierno provincial y a funcionarios de la intendencia. Más tarde, todos dieron negativo de contagio, inclusive el intendente, otros miembros del gabinete municipal y legisladores locales que se sometieron a las pruebas y se aislaron.

La UCR en el comunicado que difundió este viernes expresa el apoyo y solidaridad al intendente Juan Álvarez Pinto, concejales y funcionarios, ante “la humillación, estigmatización, denigración y el linchamiento mediático por parte de algunos voceros del oficialismo al que fueron sometidos”.

Consideraron que “la función de los concejales es atender y escuchar el reclamo de sus vecinos”, y apuntó a la “sobreactuación del Comité de Crisis constituido prácticamente en un tribunal inquisidor”, que “expone sus verdaderos motivos de persecución y amedrentamiento político”.

“La excepcionalidad de la pandemia sirve para desnudar nítidamente el verdadero carácter del viejo régimen que gobierna San Luis, que lejos de demostrar fortalezas manifiesta signos inconfundibles de agotamiento”, sostuvo el partido a través de un comunicado publicado en la página de Facebook.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria nacional por la pandemia, el Gobierno puntano mantiene cerradas las fronteras, y en el límite entre Merlo y La Paz, unos 700 habitantes quedaron aislados por un terraplén que se cobró una vida. Ahí falleció un hombre aplastado por su propio auto cuando llevó hasta allí a una persona que iba a cruzar caminando hacia suelo cordobés.

La muerte desató la primera protesta. La tercera se realizó el último sábado. Los lugareños no tienen respuestas. Hasta ahora lo único que hizo el Comité de Crisis fue un relevamiento de la cantidad de personas y las necesidades que tienen, que solo dilata el problema.

Los radicales cuestionaron que el Gobierno de Rodríguez Saá “entiende por politiquería toda acción generada por la oposición que tienda a cuestionar sus decisiones”. Y que lo hace “en una especie de negación de la esencia misma de la democracia basada en el reconocimiento del debate, los disensos, el pluralismo y la libertad de expresión”.

Destacaron que en el marco de la pandemia se debe “cuidar la convivencia democrática y dirigir las acciones a encontrar los consensos sociales necesarios para transitar por este difícil momento de la humanidad”.

“En San Luis debemos entender que la democracia recuperada en 1983 surge de decirle un contundente No a la muerte y un claro Sí a la vida desterrando para siempre todas las tendencias autoritarias”, dice el documento en el final.