Vicentin: qué piensan los senadores y diputados nacionales de San Luis sobre la expropiación

Este sábado hubo movilizaciones en el país, y el epicentro fue en Santa Fe donde se encuentra Vicentin, la compañía que el Gobierno quiere intervenir. El 9 de junio el presidente Alberto Fernández adelantó que iba a enviar al Congreso el proyecto de expropiación.

Este viernes la idea oficial quedó frenada cuando el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini puso nuevamente en funciones al directorio y desplazó a los interventores designados por el presidente de la Nación que pasaron a ser veedores.

La expropiación quedó en suspenso mientras se baraja la iniciativa del gobernador de Santa Fe que impulsa una intervención colegiada.

El Chorrillero hizo un relevamiento entre los senadores y diputados nacionales de San Luis.

|Claudio Poggi. Tres días después que se conociera la decisión de Fernández, se expresó en su cuenta de twitter. “No comparto la expropiación por parte del Gobierno Nacional de la empresa Vicentin”, dijo sin vueltas.

“Sería un riesgoso antecedente y un pésimo mensaje en un momento en donde necesitamos generar confianza para promover nuevas inversiones privadas que brinden oportunidades de trabajo”, expresó al fundamentar la posición.

El senador Nacional dijo estar de acuerdo solo con el hecho de que el Estado se ocupe en “salvaguardar los puestos de trabajo, garantizar las acreencias de productores, cooperativas y banca pública”, como también “ayudar a la continuidad empresaria promoviendo la participación en Vicentin de otros grupos de inversores nacionales”.

En una entrevista también respondió cuando le preguntaron sobre el tema: “No comparto el Estado empresario, no estoy de acuerdo, no es bueno y menos en un rubro agroexportador. Si uno quiere preservar fuentes de trabajo tiene otras maneras, otros resortes”.

| Adolfo Rodríguez Saá. En declaraciones que hizo la semana pasada propuso que Vicentin "sea una empresa en la que participen las cooperativas, el estado provincial de Santa Fe, los productores y los bancos acreedores". Sin embargo, no se mostró ni a favor ni en contra. El senador es presidente de la comisión de Agricultura.

“Es un tema de una enorme gravedad, porque la producción, la agroindustria, la producción de las proteínas, de los alimentos, son de una fábrica de una riqueza enorme, no solo tenemos las condiciones de clima y la naturaleza, sino que tenemos a los productores que son únicos en el mundo. Esto es una cultura que debemos cuidar”, dijo en una entrevista con C5N.

“Propongo una salida, debemos crear una empresa federativa en la que participen el capital privado, el Estado nacional con pocas acciones, la provincia de Santa fe, las cooperativas, 2 mil cooperativas que tienen un valor enorme y una energía fantástica, y que ahora están como espectadoras. Hay 7 mil trabajadores de ámbitos diversos, tenemos que escucharlos, hacer una empresa federativa que nos comprenda a todos, y dejar de especular con los extremos”, consideró.

En medio de este contexto dejó claro que se debe “pensar con inteligencia”. Este medio intentó entrevistarlo ayer, pero no fue posible.

| Eugenia Catalfamo. Le dedicó tres líneas en su cuenta de Twitter al anuncio de la intervención. “El rescate estatal de la empresa Vicentin significa garantizar la soberanía alimentaria y la estabilidad de sus trabajadoras y trabajadores”, escribió la senadora Nacional que responde al gobernador Alberto Rodríguez Saá.

| José Riccardo. “Me parece que es la expresión de un Gobierno sin plan, sin rumbo y que está respondiendo de forma apresurada a problemáticas que se van planteando”, opinó el diputado Nacional al ser consultado por El Chorrillero.

Al mismo tiempo cuestionó “que es un Gobierno que asumió, que pidió una ley de emergencia y está pasando el año y no tenemos un presupuesto nacional, lo que significa literalmente no tener brújula”.

“A Vicentin lo pongo en un marco de decisiones, muchas de ellas controversiales. Me parece que también dejan entrever una pulseada de modelos de país, de modelos de intervenir”, indicó.

Y agregó que se “trata también de una pulseada entre el cristinismo puro y duro, y Fernández”.

“El caso Vicentin implica que un Gobierno intente resolver pasando por encima a la Justicia y poniendo luces rojas sobre el ejercicio de los derechos, como el de asociarse, de la propiedad privada, pero fundamentalmente interviniendo en una cuestión que está regulada por una ley muy clara, sobre la sociedad que regula los concursos cuando una empresa está en dificultades”, indicó.

También adelantó cuál sería su actitud si el Gobierno insiste y el proyecto de expropiación llega al Congreso: “Votar en contra con las dos manos, y si pudiera con los pies también, no se la vamos a hacer fácil. Porque agravaría doblemente la situación actual”.

Este lunes presentó un proyecto de declaración “de beneplácito” por las manifestaciones populares y pacíficas que se realizaron el sábado en todo el país: “Pusieron sobre la mesa la vigencia del apego a la Constitución, del respeto a los derechos individuales, de la propiedad privada, y esas son cosas esenciales”.

“Lo viví con un valor democrático, político importante”, dijo al referirse a las movilizaciones que en Villa Mercedes también tuvieron eco.

“Me llama poderosamente la atención que se hable de cuidar a los trabajadores, y estoy absolutamente de acuerdo, valoro el trabajo, pero la verdad es que si al Gobierno le quitaran el sueño los 2 mil trabajadores, le debería quitar mucho más 4, 5 o 6 millones de desocupados en Argentina y no haber generado, ni ahora que son gobierno ni antes, políticas genuinas de trabajo, tal y como pasa en San Luis”, dijo en otra parte de su análisis.

| Alejandro Cacace. “Estamos en desacuerdo todos desde Juntos por el Cambio. La Constitución marca que la propiedad es inviolable, lo marca el artículo 17, sólo puede ser tomada en virtud de sentencia fundada en ley o por expropiación que declare utilidad pública y previamente se indemnice”, sostuvo el diputado Nacional en declaraciones que formuló a El Chorrillero.

Consideró que es una “mala señal” la que el Gobierno envía no solo a esta, sino a todas las empresas del sector agroexportador.

“Si apelan a que por la deuda del Banco Nación pueden intervenir, con ese criterio todas las empresas que tienen deuda impositiva con el Estado o impositiva pueden ser intervenidas”, expuso.

Dijo que hay un proceso concursal “que tiene que estar regulado por ley de cómo resguardar el patrimonio de la empresa para garantía de los acreedores”.

“Esto de la soberanía alimentaria, es muy propio del Kirchnerismo. Argentina produce alimentos para cientos de millones de personas, en todo caso hay temas de distribución interna de la alimentación, pero no porque ellos expropien una empresa que es agroexportador van a mejorar la distribución de alimentos internamente, no tiene nada que ver. Son las consignas que usan para disfrazar lo que es, un control directo sobre la producción”, agregó.

“En mi caso, si insisten enviando un proyecto a las cámaras, votaré en contra”, dijo al final.

| Victoria Rosso. “Si bien el proyecto no ha ingresado y se trataría en primer lugar en la Cámara de Senadores, sería interesante evaluar la posibilidad de la expropiación, es una herramienta constitucional y es viable. Sí me parece que sería interesante evaluar distintas vías para el tratamiento posterior con la empresa, por ejemplo la propuesta del senador Rodríguez Saá respecto a que se convierta en una empresa con participación del Gobierno nacional, provincial, cooperativas, los trabajadores”. Así fijo posición la diputada Nacional del sector que lidera Adolfo Rodríguez Saá cuando El Chorrillero le consultó.

Señaló que lo importante en este momento “es la actuación del Estado nacional para garantizar la continuidad o el mantenimiento, y asegurar y dar una respuesta a los trabajadores y a las empresas vinculadas en el trabajo de Vicentin”.

“Igual creo que uno no puede definir una postura puntual hasta que no se estudien específicamente todos los temas. Creo que tenemos que ser precavidos e ir evaluando y viendo toda la situación de cómo se va concretando”, agregó.

“Creo que la Constitución avala la expropiación por utilidad pública y no creo que sea algo inconstitucional”, dijo.

“Soy una persona que siempre trata de estudiar, pero en un principio lo acompañaría”, dijo sobre su voto si el caso llega a Diputados para su tratamiento.

El Chorrillero también intentó conocer la opinión de Karim Alume del sector de Adolfo Rodríguez Saá, pero no atendió. En el caso de Carlos Ponce, su secretario dijo que “está analizando” el tema.