Los tres imputados por el crimen de Romina Aguilar podrán declarar en forma presencial

A las 10:15 de este miércoles la Cámara de Apelaciones en lo Penal Nº1 reanudó el juicio por el crimen ocurrido en 2016. A Romina Aguilar la mataron de dos disparos en la puerta de su vivienda, en el Barrio Faecap de San Luis.

Edivaldo de Oliveira Pereira, Leandro Vílchez y Diego Lorenzetti, que cumplen prisión domiciliaria desde hace más de cuatro años, participan del debate desde la cárcel, por las normas sanitarias relacionadas a la pandemia.

En la audiencia, los miembros del Tribunal, José Luis Flores, Silvia Inés Aizpeolea y Jorge Sabaini Zapata resolvieron los pedidos que habían realizado las defensas para que los tres acusados asistieran al Poder Judicial para escuchar las testimoniales de relevancia, declarar y estar durante los alegatos.

Tras un cuarto intermedio, Flores explicó que la modalidad mixta del debate oral se estableció “teniendo en cuenta la necesidad de preservar la salud de los internos y minimizar los riesgos de transportar el contagio al ámbito cerrado del Servicio Penitenciario provincial”.

En este sentido, transmitió que el proceso seguirá desarrollándose bajo esta forma aunque avalarán “en la medida de lo posible” la vinculación de los detenidos con sus representantes “a efecto de que se garanticen los derechos de contacto”. Para ello, los letrados podrán trasladarse al Penal con los requisitos de cumplir con los protocolos de protección y avisarlo con anticipación.

Por otro lado, los jueces dispusieron que los imputados sí podrán ser llevados a la sala para declarar, pero de manera individual. “Tanto en el traslado como en la permanencia sólo estarán en contacto con quienes sean guardias. Evitándose todo otro acercamiento”, aclaró el presidente del Tribunal.

Y subrayó: “Las medidas se comunicarán con antelación. Cumplido el acto, volverá inmediatamente”.

De la misma forma, determinaron que la parte final del juicio, donde cada defensa hace los alegatos, deberá llevarse adelante de la misma manera que las testimoniales. Por ello, contarán con la posibilidad de elegir hacerlo desde la cárcel. Siempre notificando previamente a los jueces.

“Si bien es cierto que en el contexto local no se han registrado a a la fecha casos activos de la enfermedad motivo de la pandemia, no es menos cierto que eso ha sido posible en la medida de la eficiencia de la normas dispuestas”, fundamentó Flores.

A raíz de ello, los abogados de Oliveira Pereira, Olga Allende e Iván Coria determinaron que mañana la primera intervendrá desde el Servicio Penitenciario, mientras que el segundo estará presente en la Justicia. Esto se debe a que está prevista la declaración de Luis Blatter, un taxista que había manifestado un diálogo con el brasilero en donde éste le ofreció “un trabajo”. También le habría dicho que si algo salía mal debía adjudicar la responsabilidad "al intendente de La Calera".

Por su lado, el representante de la entonces pareja de Aguilar, Marcos Juárez consultó cuándo podría concretarse la ampliación de indagatoria de Lorenzetti, quien había pedido hacerlo lo antes posible. Flores estimó que por las “gestiones” se daría el martes de la próxima semana.

Vílchez y Oliveira Pereira habían requerido declarar al finalizar el proceso oral.

La coartada del ex intendente

La primera vez que Lorenzetti se sentó frente al Tribunal, en febrero pasado, hizo referencia a los diversos préstamos que había adquirido por deudas que mantenía. Explicó que parte de uno de esos (de $100 mil), el cual solicitó unos 15 o 20 días antes de la muerte de Aguilar, fue destinado a comprarle una prótesis a una niña de Nogolí con discapacidad.

La hipótesis que se manejaba era que ese dinero había sido para encargar el asesinato de su esposa. “Nunca hice política con una enfermedad. De hecho lo tengo que aclarar porque lo pusieron en el expediente”, justificó en ese entonces.

Hoy declaró Gabriela Rivero, la madre de la nena y coincidió con los dichos del ex jefe comunal. Expuso que a la pequeña le quedaban chicas las prótesis y que por eso “no podía caminar” y “se le habían lastimado las piernitas”.

Ante esto, pidió ayuda a “la mayoría de la gente política del pueblo y no tenía respuesta”.

“Hablé con él (por Lorenzetti), me dijo que averiguara los presupuestos de cuánto salía. Después por medio telefónico le dije el monto y me mandó el dinero”, detalló.

Señaló que el intendente le dio dos cheques de $7500 a nombre de la Municipalidad de La Calera, y que eso ocurrió los primeros días de enero de 2016.

Rivero también sostuvo que vio a Lorenzetti una sola vez y que luego de recibir la suma, viajó a Villa Mercedes donde le hicieron la prótesis.

Los testigos tras el secuestro de la moto del brasilero

Los dos restantes testigos de la audiencia fueron Enzo Funes y Nelson Gatica, propuestos por Juárez.

Ambos el 29 de febrero de 2016 circulaban por la avenida Lafinur y en un control los interceptó la Policía para que sirvieran de testigos. Los trasladaron hasta la División Homicidios.

“No tengo la menor idea. No recuerdo nada. Estoy nulo”, dijo Funes. Aunque tras exhibirle las fojas de la actuación rememoró que lo llevaron hasta “un domicilio” donde le mostraron junto a otras personas una moto.

Precisó que el rodado era negro, de 110 centímetros cúbicos, que “estaba sin plástico de adelante”, pero no pudo indicar la marca. Añadió que era el único vehículo en el lugar, donde también había otros elementos como una silla, mesa y bancos.

Finalmente dijo que firmó el acta, previamente fue leída por efectivos que se encontraban allí.

Gatica coincidió en lo último. Y puntualizó que cuando los policías le pidieron ser testigo no le explicaron los motivos.

Transmitió que era una Yamaha Cryton 110 centímetros cúbicos, negra con azul.  “Me habían dicho que era una División el lugar. No tenía cartel”, agregó.

El debate, continuará este jueves a las 11 debido a que antes el Tribunal tiene fijado un juicio abreviado.