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Presentaron un amparo colectivo para que el Gobierno de San Luis levante bloqueos en rutas

Productores y camioneros plantearon que las medidas adoptadas por el Gobierno puntano “violan muchos derechos constitucionales”. El cierre de la Ruta provincial N°30, a la altura de La Punilla, cortó la circulación entre ambas provincias.

El cierre de la Ruta provincial N°30, a la altura de La Punilla, cortó la circulación entre ambas provincias.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 29/06/2020 23:03
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El problema es planteado desde hace algunas semanas cuando el gobernador Alberto Rodríguez Saá endureció los controles en los puestos limítrofes con Córdoba. Inclusive otro grupo de productores agropecuarios de Achiras, transportistas y el mismo intendente de Achiras, José Gutierrez hicieron llegar la semana pasada su preocupación al Comité de Crisis.

El 22 de junio se expresaron en contra de la decisión que “impide la circulación” entre San Luis y Córdoba, y que esto está poniendo “en peligro las fuentes laborales”.

“Nos obliga a recorrer 120 kilómetros desde La Punilla hasta la localidad de Santa Rosa del Conlara para realizar una desinfección de dudosa efectividad y haciendo extremadamente gravoso el costo del flete”, indicaron en la carta.

Ahora, las sociedades rurales de Río Cuarto y Vicuña Mackena, la Asociación Civil de Transportistas y el Consorcio Caminero de Achiras fueron a la Justicia Federal de Río Cuarto y presentaron una acción de amparo.

Esta fundamenta la inconstitucionalidad del decreto 1894/2020 de Rodríguez Saá, por considerar que lesiona “con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, los derechos constitucionales de entrar, permanecer y transitar, usar y disponer de la propiedad, ejercer industria lícita, comerciar y profesar libremente el culto, de cientos de ciudadanos y productores”.

El cierre de la Ruta provincial N°30, a la altura de La Punilla, cortó la circulación entre ambas provincias.

Cuando se anunció la cuarentena obligatoria en marzo, San Luis decidió cerrar la mitad de sus puestos fronterizos y llevar adelante estrictos controles que los mismos sanluiseños siguen padeciendo. Con el brote de casos de Covid-19 en Traslasierra, el ingreso a la provincia se blindó mucho más.

Los productores cordobeses apuntaron que se “ha prohibido el acceso” por la ruta provincial 30 que une La Punilla en San Luis con Río Cuarto. Y consideraron “las graves consecuencias a la población de las localidades de Achiras, Río Cuarto y Vicuña Mackenna, entre otras”, que ello trae aparejada la decisión del gobernante puntano.

Detallaron que San Luis “ha levantado terraplenes” en los caminos vecinales que vinculan a ambas provincias y que están a cargo del Consorcio Caminero 158 de Achiras.

Además, el tránsito en la ruta nacional 8 está “bloqueado, con directa afectación” de la población de Sampacho, Suco y Chaján de Córdoba, que mantienen una estrecha vinculación con Villa Mercedes.

En diálogo con La Nación, el abogado Antonio María Hernández dijo que las medidas dispuestas por Rodríguez Saá son “un regreso directo al medioevo directo, con terraplenes de cuatro metros y una zanja como los fosos que rodeaban los castillos”.

En el terraplén del límite entre Merlo y la localidad cordobesa de La Paz, murió un hombre aplastado por su propio auto. Había llegado hasta allí para dejar a una persona que iba a cruzar caminando. Ese fallecimiento generó movilizaciones.

“La emergencia no está por encima de la Constitución ni la suspende. La restricción de derechos debe ser razonable para no destruirlos. Esa es la esencia de nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho. Y eso debe ser garantizado por los Jueces de la Nación”, sostiene la presentación.

En el escrito se da cuenta que al principio de la cuarentena eran controles sobre las rutas pavimentadas, luego se cerraron con terraplenes de tierra caminos rurales, y después se realizaron zanjas de más de un metro de profundidad.

“Actualmente personas desesperadas cruzan como pueden, incluso por el interior de los propios campos a pie, en bicicleta, a caballo, dejando sus vehículos en el límite, por medio de caminos improvisados que cabe destacar son absolutamente inseguros, riesgosos y costosos por la cantidad de kilómetros que en muchos casos tienen que recorrer para llegar a sus destinos”, describió el letrado.

Y contó que “hasta la libertad de culto está afectada” porque en la zona rural de La Punilla, la iglesia de El Cuadrado, está “literalmente bloqueada con un terraplén”. El párroco Mario Mendoza es de Achiras y quedó varado allí.

El amparo plantea que “se están violando los derechos a la libertad de tránsito interprovincial; libertad física o de locomoción; derecho de propiedad; de comerciar, ejercer industria lícita y de libertad económica; derecho de trabajar y a la igualdad”.

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