A tres meses de la muerte de Florencia Morales; para la familia la causa "está frenada"
La mujer fue hallada sin vida en una comisaría provincial. Había sido detenida por violar la cuarentena. Desde entonces su familia pide justicia.
Florencia Morales murió el 5 de abril en una celda de la Comisaría 25°, en Santa Rosa del Conlara. Tenía 39 años y fue algunas horas después que la Policía la detuviera por no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Según el informe policial, Morales se quitó la vida. Pero el hecho generó múltiples interrogantes, y la familia no cree la versión oficial.
En declaraciones a El Chorrillero uno de los abogados que representa a la familia de Morales, Santiago Calderón Salomón consideró que la demora que hay en la investigación es “excesiva”.
El caso se encuentra en la órbita del juez Penal, Jorge Pinto pero los letrados hallaron diferentes irregularidades en los procedimientos. Por ello recusaron al juez, pero la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido.
Ésta misma reconoció la suspensión del proceso y calificó como un "temperamento erróneo” por parte del magistrado el cese de producción de medidas de prueba. Es por eso que recomendó que se agilice la recolección probatoria.
En este sentido Salomón Calderón y Federico Putelli, presentaron una nota a Pinto solicitándole la continuidad del proceso y la generación de las pruebas.
Sobre la detención de Morales hay dos versiones. La primera es que fue parada porque circulaba a contramano en su bicicleta violando el aislamiento. La segunda es que acudió sola a la Comisaría porque allí había un efectivo conocido y quería pedirle una tarjeta de débito para que pudiera retirar dinero del banco.
Uno de los puntos que más interrogantes genera es la autopsia. Por estar incompleta se solicitó autorización para hacer una ampliación. Esta última reveló que el cuerpo de la mujer presentaba lesiones “compatibles con autodefensa”.
Es por eso que solicitaron que se realice otra necropsia para concretar más estudios. El juez accedió, pero indicó que los costos correrían por cuenta de los familiares de Morales.
Otro de los requerimientos presentados son las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona. El objetivo es ver el momento de la detención.
Tampoco declararon testigos claves en la causa como personas que se encontraban demoradas en las instalaciones de la dependencia que “escucharon gritos en la comisaría” y policías que se estaban de guardia.
La generación de los cotejos de ADN de los celulares secuestrados del lugar, fue otro pedido.
La familia manifiesta la inquietud ante la próxima feria judicial y los percances que generará. Ésta comenzará el miércoles 8 de julio y tendrá una duración de 24 días.
“La familia ve con mucha preocupación e impotencia todo esto. Por ejemplo, la reautopcia. Estamos cerca de la feria y cada día que pase el cuerpo se descompone y el día de mañana es casi imposible tener datos certeros o resultados, cada vez es más difícil peritarlo y lograr obtener información. En este tipo de causa el cuerpo es lo más importante”, manifestó Salomón Calderón.
La repercusión del caso
El hecho trascendió los límites provinciales, tanto que hasta pidieron la interpelación de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic para que responda en la Cámara de Diputados los interrogantes que todavía no tienen respuestas.
Por otra parte, ONU Argentina consideró la muerte de Morales como uno de los femicidios cometidos este año en el país. En una publicación realizada el 3 de junio la ubicó dentro de 300 historias de mujeres y niñas asesinadas.
Se replicó por todas las redes sociales y fue el modo para recordar la primera marcha #NiUnaMenos.
Además, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) nacional le pidió a la Oficina Regional de Naciones Unidas que visibilice el caso de Morales, junto al de Franco Maranguello (también encontrado muerto en una comisaría de San Luis), con el objetivo de transparentar las investigaciones en curso.
Fue en una reunión que mantuvieron los referentes de la APDH con el titular de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Ignacio Roncagliolo.
Pedido de justicia
Por otra parte, organizaciones sociales y feministas se manifestarán este lunes en el centro de la ciudad de San Luis para exigir justicia.
Bajo el lema “nadie se suicida en una comisaría”, es que marcharán desde el Correo Argentino desde el mediodía.