San Luis Unido impulsa un proyecto para adherir a la ley de educación a distancia
La diputada Fabiana Zárate presentó la iniciativa que contempla a la virtualidad como método de enseñanza. Las modificaciones a la Ley Nº 27.550 fueron aprobadas el mes pasado en el Congreso de la Nación.
La legisladora de Avanzar, Fabiana Zárate presentó un proyecto que busca la adhesión provincial a la Ley Nacional N° 27.550. La normativa facilita las clases mediante medios electrónicos, en el marco de la pandemia que tiene suspendida la actividad presencial.
La propuesta de Zárate tuvo el acompañamiento de los demás diputados del interbloque San Luis Unido.
La modificación a la Ley de Educación, sancionada por el Congreso y promulgada el 30 de junio por el Ejecutivo nacional, se dio como consecuencia de las medidas sanitarias dispuestas a partir del avance de Covid-19 en Argentina.
Entre los fundamentos, la diputada tuvo en cuenta que en el país “se tomaron diversas medidas para evitar la propagación de la enfermedad, entre las cuales se incluyó la suspensión de las clases presenciales en establecimientos educativos, en los distintos niveles”.
Planteó que la norma cambió el artículo 109 de la Ley Nº 26.206, el cual establecía la modalidad a distancia como alternativa para jóvenes y adultos, a partir de los 18 años de edad, en el Ciclo Orientado del Nivel Secundario, y en modalidad rural.
Detalló que la nueva reglamentación instaura que “excepcionalmente, cuando la escolaridad presencial sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos, será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años”.
La propuesta en San Luis Unido pasó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Educación. Y por eso, desde San Luis Unido destacaron la necesidad de ser tratada a corto plazo porque pretende “dar respuesta a una necesidad social, educativa y sanitaria actual pero previendo situaciones futuras”.
Por esto, la ley prevé que en aquellos casos inusuales deberán adiestrarse medidas para la reorganización psicológica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente.
Al mismo tiempo, instituye que “el Estado es responsable de la provisión de recursos tecnológicos y conectividad” que permitan promover “la igualdad educativa con condiciones de calidad”.