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¿Por qué mataron a Romina Aguilar? Un homicidio simple, una absolución y dos culpables

Tras escuchar más de 22 audiencias, más de 60 declaraciones y los alegatos, el Tribunal de la Cámara Penal N°1 emitió su veredicto por el asesinato ocurrido en 2016. Disconformidad, llantos, dolor y alivio: lo que dejó un juicio que esperó cuatro años y medio.

Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 20/07/2020 07:36
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Por Antonella Camargo

Parecía un día más, aquel de 30 de enero del 2016, cuando Romina Celeste Aguilar salía de casa en el Barrio Faecap pasadas las 6 de la mañana. Su esposo Diego Lorenzetti y su hermana Inés Garay dormían. Ella se dirigiría a buscar a Adriana Collado para viajar a La Calera, donde ambas cursaban sus estudios secundarios en el Plan de Inclusión Educativa. El plan se frustró y la vida de muchos cambió para siempre.

Este viernes, en una extensa audiencia el Tribunal integrado por José Luis Flores, Jorge Sabaini Zapata y Silvia Inés Aizpeolea emitió su veredicto.

Lorenzetti, que estaba preso desde hacía 4 años y medio sospechado de haber encargado la muerte de su esposa fue absuelto por el principio de la duda y quedó en libertad esa misma noche. No pudo contener la emoción y cuando escuchaba la lectura de la resolución  se desmayó.

Vílchez y De Oliveira Pereira fueron encontrados culpables del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Cumplirán 22 años en prisión.

A la mujer de 32 años la interceptaron dos hombres que se trasladaban en una moto baja cilindrada, y dieron dos disparos. Uno ingresó por la costilla izquierda, salió por el lado derecho e impactó en el brazo. El otro fue por detrás de una oreja y egresó por la ceja. El primero terminó con su vida en cuestión de minutos.

El hecho conmovió a la provincia y se replicó a nivel nacional. Principalmente porque estaba involucrado un político: el intendente de La Calera. Romina tenía un hijo con él.

Con el correr de los días aparecieron las sospechas, acusaciones y llegaron las detenciones. El primero de ellos fue el brasileño Edivaldo De Oliveira Pereira (29 de febrero), quien se incriminó y responsabilizó al viudo y a Cristian Leandro Vílchez como autores del homicidio. El primero fue aprendido al día siguiente, mientras que el restante más de un mes más tarde.

La hipótesis que los procesó fue un crimen por encargo, que Lorenzetti habría ofrecido $100 mil para matar a Aguilar.

 

La acusación fiscal y el pedido de prisión perpetua

A lo largo de más de dos horas, la fiscal de Cámara, Carolina Monte Riso expuso este viernes los fundamentos por los cuáles consideraba que los tres imputados debían ser condenados a la pena de prisión perpetua.

Dijo que el crimen quedó demostrado y ocurrió alrededor de las 6:15 de ese 30 de enero. Señaló que Oliveira Pereira y Vílchez “se hicieron presente a bordo de una moto” en la vivienda de Romina, en el Barrio Faecap para “darle muerte mediante el disparo de arma de fuego”.

“No hay margen de duda para sostener que los aquí acusados organizaron y llevaron a delante el plan para dar muerte Romina y ello por una suma de dinero”, subrayó.

Hizo alusión a las diferentes actas, la constatación del deceso por parte del Sempro y aseveró que la escena del crimen estaba “perfectamente conservada”. Precisó que según la necropsia, los disparos fueron a corta distancia y que los asesinos utilizaron un arma calibre 45 para ejecutar a la víctima.

Mencionó la declaración del integrante de la División Homicidios, Franco Rosales quien mantuvo contacto con la testigo presencial, María Eugenia Núñez: “La entrevistó en el lugar del hecho, estaba consternada por lo que había visto”. Relató lo que dijo la joven al escuchar la primera detonación y al visualizar el segundo disparo.

Agregó las diferentes indagatorias que mencionaron a Lorenzetti  como “poco colaborativo”, la intervención de los vecinos que vivían con Núñez, los llamados a la Policía y ambulancia, y el pedido de auxilio.

“Y sin mosquearse ni nada dijo ´si es mi mujer´. No se acercó ni la tocó. Agarró el celular y llamó. Ahí si apareció una chica llorando”, referenció.

Explicó que las tareas investigativas se llevaron adelante con “la intervención telefónica de ambos números”. Añadió que el brasilero tenía dos teléfonos, mientras que Vílchez sólo uno. “De las escuchas se pudo establecer la vinculación entre ambos. Se comunicaban con un número 711412. Que sería el teléfono que poseía (Gastón) Nadalini”, continuó.

También referenció comunicaciones y vinculaciones al taller ubicado en la calle Ejercito de los Andes, de donde secuestraron la moto de Oliveira Pereira. El rodado fue reconocido tiempo después por Núñez, aunque había tenido dudas respecto a los colores.

Como prueba para incriminar a estos dos, exhibió imágenes de una cámara emplazada en una calle unos minutos antes de cuando ocurrió el asesinato. En la filmación se ve que uno de los pasajeros llevaba visera.

Monte Riso, subrayó que en base a la declaración de Nadalini y el otro propietario del local, Manuel Mitchell Puebla, el vehículo había sido llevado unos días antes del secuestro.

Puntualizó en una escucha entre Edivaldo y su esposa, Sandra Becerra alrededor del 20 de febrero donde él le consultaba donde estaba ubicada a zona oeste de la ciudad. Ella respondió que era donde vivían. La fiscal relacionó esto a que se habían dado a conocer a los medios procedimientos que llevarían adelante por la causa. “Estaban atentos a las novedades”, apuntó.

Sobre la aprensión del brasilero indicó: “La policía la notificó de la detención y le dijo que lo fuera a ver. ¿Qué personal que lo hubiera golpeado le diría que lo fuera a visitar?”.

Trajo a colación una testimonial oralizada de Sebastián Cabrera, a quien Oliveira Pereira le corría caballos. Fue la última persona en verlo, ese 29 de febrero aproximadamente a las 13 cuando lo dejó en el Hipódromo. Manifestó que días antes “andaba bajoneado” y “no era el mismo de antes”.

Monte Riso calificó como validada la incriminación de Edivaldo porque “fue espontanea, de manera personal ante el juez y en presencia del defensor y del fiscal”.

Siguió con la exhibición de un croquis “de puño y letra” donde detalló como se había llevado a cabo el asesinato. “Contestó todas las preguntas que se le hicieron de forma clara. Si lee con detenimiento a veces se le preguntan dos veces y no hay ninguna contradicción. Estaba en total uso de sus facultades mentales”, aseguró.

“Él también precisó hasta cómo estaban vestidos. Si me preguntan qué fue lo que lo llevo a confesar, la verdad desconozco. Tal vez se sentía acosado, perseguido, investigado. No sé qué fue, pero puedo dar fe que no estaba golpeado, no tenía ninguna marca en el rostro. Esto se puede constatar con la revisación médica realizada por el doctor Fernando Razini. Surge que no presenta lesiones”, advirtió.

Hizo alusión a principios de la psicología y reflexionó sobre la retractación de Oliveira Pereira cuatro años después: “Refiriendo secuestro, tortura e inclusive la participación de todos los funcionarios. Consiguieron doblegar la voluntad de Oliveira. Estuvo cuatro años recibiendo malos tratos y amenazas”.

Y leyó una declaración realizada en diciembre del 2017: “He tenido amenazas desde cuando ingresé. No hice problema porque eran hacia mí, pero ahora ingresó a mi familia. Un par de internos me hacen amenazas que voy a tener problemas. Esta mi mujer e hija sola. ´Vamos a hacer mierda a tu familia. Así dice Lorenzetti´. Que me quiere poner abogado. Me ha mandado como diez. También el doctor (Carlos) Salomón para que me defendiera con su sobrino. Dos millones de pesos para que cambie declaración. Después trescientos mil pesos para que me mataran ahí adentro”.

“Sé cuáles son los motivos que lo llevaron a retractarse. Evidentemente encontraron un punto débil y lo llevaron a la situación de tener que desdecirse tras cuatro años soportando”, supuso.

Respecto a Vílchez dijo que está probada la relación con el brasilero. Y acudió a mensajes con la entonces pareja, Amanda Escudero, donde había constantes reclamos. Monte Riso los enmarcó con el asesinato.

“Perdóname, yo no quería hacer esto. Pero era la única forma de que no les hiciera faltar nada a ustedes”, le habría escrito el Boconeta.

Sobre la declaración de Escudero, quien aseguró que la noche del crimen Vílchez estaba acostado a su lado, subrayó: “Debe ser valorado conforme a las pruebas de la experiencia. Nadie puede acordarse con lujo de detalle lo que hizo ese día. Estaba embarazada de cuatro meses y medio. Ni panza tenía. No es que estaba por parir. También dijo que recordaba por las ambulancias y sirenas que había escuchado. Si volvemos al mapita hay casi cuatro kilómetros de distancia del domicilio de Vílchez y el lugar del hecho”.

La fiscal habló sobre la pericia psicológica sobre Leandro, efectuada el 30 de octubre del año pasado: “La conclusión que arroja es una elevada puntuación en la escala que mide el nivel de la mendacidad. Tienen alto nivel de agresividad e impulsividad. Características que perfectamente tienen que ver con la ejecución del hecho que investigamos”.

En tercer lugar se abocó al ex intendente de La Calera. Reconoció que “no hay prueba directa en cuanto a la contratación de los sicarios”. “No hay recibos, pero sí un cúmulo de indicios que permiten tener por acreditada la participación en la organización, planificación y ejecución del hecho. Tiene relación con Oliveira. Hay intercambio de mensajes. Confianza entre ellos”, añadió.

Sobre el horario en que salió Aguilar ese día dijo que al haberlo adelantado “eso sólo lo sabía la familia”. También cuestionó que tras la muerte, la primera llamada de Lorenzetti haya sido a la jefa de Asuntos Municipales y no a un familiar o amigo.

Seguidamente se abocó en analizar la relación entre Romina y Diego: “No era buena. Más allá de lo que digan testigos y familiares evidentemente ambos tenían secretos. Se pudo obtener la cantidad de mensajes. El reclamo permanente ante la falta de interés de él. De 118 mensajes, él le contestaba 11. Muchas contestaciones eran ´ok´”.

Al mismo tiempo. Leyó algunos de esas recriminaciones de la víctima. “Si vas, vení y te llevas lo tuyo”; “vos fíjate porque esa mina está ahí”; “ya no sé en que momento hablar porque todos los días estas ocupado para mí”; “me ignoras”; “harta de que me mientas estoy, de que me subestimes”; “si querés separarte ándate”.

“Lo amenazaba que iba a revelar secretos que sabía de él. Lamentablemente se los llevó a la tumba”, resaltó la fiscal. “No encontré un mensaje que le diga te extraño, te quiero, quiero verte”, continuó. E hizo referencia a la relación con Daysi Caravaca.

En contra de Lorenzetti tuvo en cuenta los mensajes donde le ofrecía dinero o una camioneta a Claudio Orozco a cambio en “un trabajo” y lo calificó como “maniobras preparatorias”.

En uno de los pedidos de dinero del ex intendente, de $100 mil, argumentó que era para pagar un abogado y una prótesis porque su hermano, había atropellado a una persona. “Se libró un oficio para la Policía de Arrecifes. Conforme la constancia, dice que no hay ningún tipo de actuación que tuviera por parte a Víctor Lorenzetti”.

Además, expuso sobre la indagatoria del taxista Luis Blatter, a quien supuestamente Vílchez y Oliveira Pereira le ofrecieron dinero para llevarlos a cometer el hecho. “Según lo que relataba esta negociación había sido a mediados de enero. Los mensajes que debería tener tendrían que ser 15 o 20 de enero. No hay ningún mensaje. Ni de ellos ni de nadie. No creo que este mal hecha la pericia. Sí, dentro de sus contactos figuran el doctor Berruezo o Salomón. Ambos defensores de Lorenzetti en distintos momentos”.

“No tengo ninguna duda que existe una relación de causalidad. Conforme todo el análisis los tres deben ser considerados autores. Cada uno cumple una función, un rol en el hecho. Hay un plan común. Fue ejecutado conforme a eso. Cada uno tenía un rol”, remarcó.

“Si no hay prueba de pacto, jamás existió”

Inicialmente Marcos Juárez tuvo en cuenta la acusación de Monte Riso y lo expuesto sobre las intervenciones telefónicas, constancias en cd´s, la moto guardada en el taller, allanamientos de Homicidios, la imagen capturada por una cámara de seguridad y las declaraciones.

Se detuvo en la declaración de Edivaldo: “Dice que no se contradice, fue clara, precisa y circunstanciada. Se preguntó la fiscal y dijo que no sabía qué lo había llevado a confesar. Podría estar perseguido, por la investigación o el secuestro de la moto. No sabía cuál había sido el motivo de su presentación”.

“Comparto los argumentos en relación a qué se debe tener en cuenta al momento de valorar una confesión. También eso debe ser vinculado con el resto del material probatorio objetiva y legalmente incorporado a la causa. También coincido que en base a la confesión se deben tener en cuenta las cualidades de quién fue el confesor”, añadió.

Y puntualizó: “La fiscal dijo que se retractó después de cuatro años y cuatro meses porque surgieron las amenazas proferidas según su óptica por mi ahijado procesal. Agregó una serie de pretendido indicios que vincularían a Diego con el homicidio de su esposa. (…) Ese cúmulo de los elementos probatorios valorados por la señora fiscal es un análisis fragmentado y parcial”.

“Pretende que el Tribunal tenga acreditada la responsabilidad de Lorenzetti. No se puede derribar la inocencia que gozan todos los ciudadanos de todo el país”, afirmó.

Posteriormente detalló las tres declaraciones del ex intendente donde negó rotundamente la participación.

Cuestionó el accionar de la Policía y dijo que “investigaban tratando de involucrarlo”. Mencionó los problemas de salud que ha atravesado el hijo, a quien le detectaron parkinson y taquicardia.

Explicó que Lorenzetti no conocía a Vílchez y ahondó en la incursión en la política, el día del hecho, los préstamos que había solicitado y las pericias realizadas en los celulares. “De este análisis brillante surge ningún tipo de vínculo entre Diego y Vílchez. Ni mensajes, llamadas, o WhatsApp”, aseguró sobre lo último.

Juárez aclaró que Romina no finalizó el recorrido de esa mañana y sus pertenencias estaban en la casa. “Diego se demoró porque tomaba hace 15 años clonazepam”, advirtió.

Señaló que luego de la muerte “hubo una persecución policial desde el primer día en que tuvo roces con Rosales”. “Se lo puso en la mira de sospechosos, en el puesto número uno porque era la solución más inscripta que tenía la Policía para ubicarlo en ese lugar”, estimó.

“Hay que hacer el análisis global de los mensajes concomitantes al hecho. Sólo me voy a referir a tres. ´No aguanto más, no sé cómo voy a salir de esto´; ´Hernán está muy raro y yo cada día que pasa peor´; ´hoy es el cumple de Hernán y es el peor momento que estoy viviendo´. Este es el sufrimiento real que padecía Diego”, insistió.

Al mismo tiempo, criticó que no se tuvo en cuenta que Lorenzetti “contrató a un grupo de investigadores de Buenos Aires”. “Si también analizamos el teléfono, estos presuntos investigadores lo engañaron. Dijeron que en breve tendrían la imagen satelital para conocer la identidad de los autores. Diego no pagó dos pesos. Hay depósitos bancarios donde hay mucha plata que pagó para tratar de saber quién mató a su mujer”, manifestó.

Evidenció contradicciones sobre quiénes se acercaron al cuerpo de Aguilar. Respecto a Núñez precisó: “Reconoció que había tomado vino, no había dormido y que no le vio sangre a la mujer. Entonces debemos analizar el testimonio respecto si Romina estaba viva o muerta”.

El abogado hizo énfasis en estudiar “en conjunto todos los elementos probatorios”, como el estado de la camioneta, si estaba con puertas abiertas o cerradas.

Fundamentó que la del acompañante se encontraba abierta y una vaina estaba de ese lado “casi por debajo”. Puntualizó que por las manchas hemáticas Romina recibió el primer disparo detrás del vehículo. “Momentos objetivos que permiten trazar o reconstruir conceptualmente el hecho”, recalcó.

Al hablar de la investigación fue duro con los procedimientos empleados. Expuso la primera orden de allanamiento a Sergio Irusta, quien coincidía con las características mencionadas con Núñez. Remarcó que la Policía “no hizo nada” como “un reconocimiento para descartar si era o no”.

Enumeró la información incorporada por los miembros de Homicidios, Franco Rosales y Héctor Muñoz por medio de “dateros anónimos”. Fue así que ya el 2 de febrero estaban los nombres de Lorenzetti y del brasileño, a quienes se les intervino los teléfonos.

Indicó que también se solicitaron datos de contactos con Caravaca, “Pelado” Arce y un Vílches. Tres días más parte apareció el apodo del “Boconeta”.

“La señora jueza frente a este pedido policial toma la decisión más acertada, que era pedir que toda esta información lo haga la mejor división de la República Argentina”, consideró.

También hizo mención al 8 de febrero: “Se incorpora el último sospechoso, ´Gallo´ o ´Gallina´ en base a una transcripción fragmentada por el personal. Veremos que se resalta con negrito parte del texto para descontextualizarla”.

En este punto, el letrado advirtió que “es legal la utilización de dateros, fuentes de información reservada e informantes anónimos”. “Pero no se podía aplicar en este caso por el derecho de interrogar a los testigos. Repele el sistema constitucional”, explicó en esta línea.

Recalcó que “era obligación de la Policía identificar a los testigos”, porque al no hacerlo “se privaba al Tribunal, fiscalías y defensas de confrontar y confirmar esta prueba testimonial”.

Juárez también dedicó unos minutos a la aparición de Diego como sospechoso: “Nos quiere hacer creer que a través de un presunto dato que le brindó un vecino, al otro día del hecho, le dijo que escuchó que quien la manda a matar es el marido. Que no lo identificó porque no quería, era amable y porque le había brindado el dato. A pesar de que su función era identificarlos para que quede en papel y llevarlos a declarar”.

“Muñoz: presume vincularlos con el brasilero, el “Bocón” y Gastón “El Chori” Heredia. Cuando le preguntamos si había podido corroborar esta vinculación dijo que no. Si encontró algún nexo, expresó que no. Terminó diciendo que era el último orejón del eslabón”, recordó.

En ese sentido rememoró un diálogo entre Nadalini y Rodolfo Mattuz (hermano de Romina). Y aportó tres datos. Tuvo en cuenta cuando el primero le recriminó al segundo, que lo había mencionado en la declaración.

“¿Cómo se enteró si las actuaciones son secretas? Salvo que sea parte de la investigación. Acorralado terminó reconociendo que era hermano de un miembro de la fuerza policial”, reprochó.

Como un segundo dato, planteó que Nadalini reconoció ser “datero” y respaldó eso con una conversación donde decía que había ayudado a la Policía y que a veces le pagaron “re mal”.

“Pareciera que el Chucky tenía todos los condimentos. Brindó esta información con reserva de identidad a cambio de un beneficio y aportó para esclarecer un hecho”, indicó el abogado, y advirtió que “no puede ser informante cualquier persona” porque “la figura está expresamente reglada por la ley”.

El relato pormenorizado de Juárez llegó al 29 de febrero: “Puse la letra D (haciendo referencia a la filmina) porque en el ambiente militar se menciona así cuando se llevará adelante una acción importante. Ese día se llevan adelante todas”.

“La Policía estaba contra las cuerdas. Se les vencía el plazo. Iban a perder el poder para direccionar y hacer todo lo que quisieran contra la causa. (Javier) Sosa pide el allanamiento al taller. Vuestra señoría lo ordena. Ese mismo día a las 2:51 se le toma declaración a Mitchell Puebla porque necesitaban una ligazón, conexión entre la motocicleta y el brasilero”, alegó.

A raíz de eso fue crítico con la exposición del rodado que realizó Homicidios ante la única testigo presencial, Núñez: “Es un acto no solamente irregular sino que ilegal. No se realizó en presencia real de testigos, estaba en solitario en una habitación custodiada por policías. Se tomó atribuciones de juez y practicó esta exhibición ilegal”.

A esto se sumó, que a uno de los hombres que fueron interceptados para visualizar el vehículo, los efectivos le habrían dicho “vas a ver la moto que fue utilizada en un homicidio”.

“Sin palabras excelentísimo Tribunal”, añadió Juárez.

Prosiguió con la detención de Oliveira Pereira. Señaló que las antenas lo geolocalizaron a las 10:23 de ese 29 de febrero, “luego desaparece”, y vuelve a figurar a las 17:20 “ante el Juzgado”, mientras que la aprehensión se efectuó a las 22.

“En los detalles veremos cómo la Policía siguiendo con esta forma de actuar encauzada procede a las 19:55 a la requisa frente a los testigos Antonio Pérez y Emanuel Albornoz. Muñoz dijo que no lo detuvo. Si sometiéramos el acta a una pericia taquigráfica, veríamos que al final figura el oficial Héctor Muñoz de puño y letra. Pero a las 20:05 en el acta de aprehensión también al finalizar figura que es del oficial Héctor Muñoz. En ningún caso firma, solo aclara”, pormenorizó.

Y por eso evidenció dudas: “Cómo es posible que no sepa dónde lo aprendieron si lo primero que aparece es la requisa. No sabe quién lo detuvo, pero lo requisó antes. Es una muestra de la forma irregular con la que se manejó Homicidios”.

En referencia a la revisión del brasilero donde la fiscal aclaró que para el médico “no se visualizan lesiones agudas”, sugirió: “Entonces sigamos presuponiendo que algún tipo de lesión tenía”.

Otra de las contradicciones que halló  el defensor estuvo vinculada a las declaraciones de Sandra Becerra (esposa de Edivaldo), quien aseguró recibir el llamado donde le avisaban que estaba demorado, pero que recién fue a visitarlo dos días después.

“En el acta en el margen izquierdo figura firmando presuntamente Sandra Becerra. 29 de febrero del 2016. No sabemos en qué carácter. Esto no coincide con lo que manifestó”, precisó.

Por otro lado, detectó una contraposición entre la incriminación del brasilero y “las pruebas objetivas”, como así también con los dichos de Núñez.

La primera de ellas, tienen que ver con que Oliveira Pereira dijo que Vílchez tomó a Romina por el lado del conductor y cuando cruzaba por delante del vehículo hizo el primer disparo. La puerta de la camioneta y las manchas hemáticas muestran que fue interceptada por el lado del acompañante y recibió la primera bala desde la parte trasera del coche.

La segunda está vinculada a la descripción del asesino. La testigo presencial describió que tenía una gorra, bermuda celeste y campera gris. Edivaldo había contado en la indagatoria que llevaba gorra, pantalón largo y remera mangas cortas blancas.

“¿A quién le creemos a Núñez o Edivaldo en un acto de defensa, no de prueba?”, se preguntó el letrado resaltando las “incoherencias”.

A ello agregó el croquis que mostró Monte Riso, que supuestamente había sido elaborado por el hombre: “Estaba patas para arriba el bosquejo. No coincide con los informes de criminalística, con las fotos. Pareciera que estuviéramos asistiendo a la descripción de otro hecho”.

En otro tramo del alegato, que se extendió por unas dos horas, apuntó al supuesto vínculo entre Lorenzetti y Vílchez, Gastón “Chori” Heredia, porque es primo del segundo, mientras que su esposa fallecida lo era del ex intendente.

“Se presentó en la Instrucción, todos lo escuchamos sobre la relación con Vílchez, casi nula. Si Heredia hubiera sido el contratista, para ponerle un adjetivo, tendría que estar sentado acá. Ni siquiera se lo imputó”, criticó.

En la parte final se enfocó en las conductas delictivas y adictivas del brasilero: “No importa por que mintió, tampoco le importa a esta defensa. Lo que no creo, es que fuera obligado en una suerte de complot judicial. Descarto. Ha venido mintiendo a lo largo del proceso. Solamente podemos saber cuando analizamos la prueba objetiva. Lo concreto y real es que mintió perjudicando a Diego”.

En simultáneo, reflexionó sobre el accionar de la División Homicidios. Para respaldar sus dichos recordó la causa de Nelson Madaf.

“A partir de la declaración del brasilero se teje la trama, a partir del entramado policial donde se pretende elevar a la categoría de indicios, simples conjeturas y presunciones”, agregó.

Sobre la presunta mala relación entre Diego y Romina fue breve: “Me gustaría mostrarle los reproches de mi mujer porque me paso meses fuera de mi casa. ¿Eso me convierte en un homicida?”.

“Nada se dijo que él estaba preocupado por esclarecer el hecho de su mujer. Nada se dijo que la extrañaba y no podía vivir sin ella”, sentenció.

Sí, se explayó más al respecto y sobre los mensajes encontrados en el teléfono, la segunda abogada de Lorenzetti, Natalia Sarmiento.

Está perfectamente corroborado y aclarada la relación entre Orozco y Lorenzetti”, afirmó en relación a la acusación fiscal de que el ofrecimiento de dinero y una camioneta se trataba de una “maniobra preparatoria”.

“Jamás desconoció que pidió el dinero. Ha sido muy claro cuando cuenta que desde junio del 2014 lo hacía. El tema de los $100 mil no puede ser tomado como una medida preparatoria. Sólo se han extraído mensajes que datan del 2014, otros del 2015. Tengo otros que no fueron tenidos en cuenta por la acusación fiscal”, insistió Sarmiento. Leyó parte de esas conversaciones donde Romina daba cuenta de una buena relación o que compartía cosas con el entonces jefe comunal.

En los minutos finales del alegato, Juárez le reprochó a Lorenzetti: “Diego Hernán Lorenzetti noparticipó del hecho investigado. Fue él quien instaló desde un primer momento del crimen el encargo. ´A mi mujer la mandaron a matar, a mi mujer la mató la política´. Él instaló esta hipótesis. Está absolutamente descartada por el análisis objetivo de la prueba”.

El abogado adjudicó el hecho a un intento de robo: “No se llevaron la camioneta porque había una persona que alertaba que la habían matado. Despertó a todos. Por eso no robaron nada. No podían. Todos estaban alertados de la presencia de los malvivientes”.

En este sentido insistió en que “no hay una sola prueba que indique la existencia de un pacto entre Diego y los presuntos sicarios”. “Si no hay prueba de pacto, jamás existió”, agregó.

“Lo que no existe hoy es la certeza, porque la certeza es ´un obstáculo insoslayable para el dictado de una condena´. En consecuencia debe aplicarse el principio de duda a su favor”, concluyó citando una anterior sentencia del Tribunal.

“Mi defendido jamás estuvo en el lugar del hecho”

Esas fueron las primeras palabras del abogado de Vílchez, Jorge Sosa, quien también destacó la importancia de tener “certezas” para emitir una condena.

Ni siquiera son suposiciones. Deberán basarse en un sistema de pruebas. Cargos y descargos. Que remitan a la culpabilidad de mi defendido o no”, planteó.

Asimismo, hizo énfasis en las faltas de pruebas que sirvan “para fundar ese grado de convicción absoluta que debe existir para responsabilizarlo”.

Indicó que por las contradicciones en la vestimenta, no debería haber validez en las declaraciones. Afirmó que “no es la única gorrita blanca y moto”, en relación a la filmación expuesta por la fiscal.

“Tenemos que quien ha hecho esa declaración no ha dicho la verdad y también intentó involucrar a magistrados y policías”, cuestionó en relación a Edivaldo.

Sosa expuso que la testimonial de Núñez “no se condice con la realidad, ni con lo declarado por el brasilero”.

“Dice que quien dispara tenía el pelo como ondulado. Mi cliente no tiene. Además, dice que tenía un tono de voz villero”, continuó.

Aseguró que los mensajes y llamadas obtenidos del teléfono de Vílchez, como así también las antenas, no lo ubican cerca del lugar del crimen. “La valoración debe ser de forma total no parcial”, aseveró.

Respecto a los reproches de la madre de su hijo, los confirió a los problemas que Leandro tenía con el consumo de droga: “Si queremos tergiversar y pensar que es otra cosa, bueno. Inventar es fácil. Sacamos la prueba parcial. Lo que me conviene para acusar”.

“A pesar del gran trabajo que se ha hecho, es insuficiente. En ese marco de debilidad probatoria, no cabe otra cosa que la absolución. Si alguna duda tiene este excelentísimo Tribunal, pido la aplicación del beneficio”, finalizó.

“La persona que se autoincrimina es cuando hay un peligro de muerte”

A las 15:35 fue el turno del alegato de Olga Allende, una de las defensoras de Edivaldo de Oliveira Pereira. “Tiene temores por su integridad física. Ha tenido trastornos de ansiedad y angustia. Debe tener asistencia psicológica y trabajar en estos episodios”, expuso al inicio.

La abogada resaltó que en la etapa de instrucción “mintió porque eso está vinculado al instinto de supervivencia”.

“Fue agredido y se lo expuso al temor de muerte. Lo que sirve para entender porqué firmó una declaración”, añadió.

En este sentido, Allende se opuso a las acusaciones de Monte Riso y advirtió “la gravedad de la imposición”.

“Esta defensa va a plantear la invalidez porque es inconstitucional una pena de prisión perpetua”, cuestionó, y afirmó: “Es inhumana y degradante. Va en contra de la Convención de Derechos Humanos. Es una pena cruel y desproporcionada”.

Y fundamentó: “Solicitar 35 años, por la edad que tienen hoy los imputados, adquirirían la libertad a los 70 o 75 años cuando toda expectativa de vida no existe. Es solicitar condenar a vivir en la cárcel a nuestros defendidos. Imparte una pena de muerte. Ha sido derogada en nuestro país. No puede ser sustituida”.

Respecto a la calificación dijo: “Es un delito que debe conformarse con un pacto previo entre quién ordena y quién lo ejecuta. No es cualquier acuerdo. Debe estar la existencia probada y concreta de un pacto, no supuesta. No hay ningún elemento donde se vea eso. Esa calificación no tiene el principal elemento”.

Descartó como pruebas las imágenes incorporadas por la Fiscalía por no ser “válida”. E hizo referencia al procedimiento donde se secuestró el vehículo de Edivaldo. “Tenemos orden judicial, pero en vez de llevar la moto al elemento judicial la hace reconocer en un pasillo de Homicidios, sin ningún otro vehículo”, siguió.

Habló sobre las escuchas y consideró que una falta de fuerza porque “no han sido peritadas las voces”. Y manifestó que “muchas personas no fueron investigadas, sino que se siguió la línea que estableció la cabeza de esto, Muñoz”.

“Realmente en esta época no podemos tener una contestación que nos diga que recibió datos del personal de la calle. Hay métodos procesales por si necesito tener la identidad de una persona. Son funcionarios que son los más importantes. Deben buscar los responsables, conservar las pruebas y traerlas al Tribunal. En este caso el personal que se excedió en sus funciones”, aseguró sobre los efectivos.

Allende recordó la declaración del brasileño donde pormenorizó el secuestro y las torturas de los policías para que firmara la incriminación.

“Esa es la situación que vivió Edivaldo el 29 de febrero. La violación de derechos humanos recuerda al año 1976. Iba en bicicleta, lo llevaron y golpearon. Igual que ocurrió con Edivaldo”, expuso en relación al caso de Pedro Ledesma y diferenció: “Pedro no apareció nunca más, a Edivaldo lo tenemos”.

La abogada explicó que su defendido se retractó por la negativa del Tribunal a efectuar nulidad de la primera declaración: “Nadie le permitía hablar. Esta defensa consideró importante respetar la voluntad. Por eso refirió cómo fueron las cosas. No es que haya escondido. En el medio se produjeron muchas cosas importantes. Lo quieren matar. No puede ir a La Botija porque está amenazado de muerte por sus compañeros y el personal. A raíz de eso son todos los habeas corpus”.

Sobre las manifestaciones de la fiscal sobre la indagatoria inicial sentenció: “Son las mismas que existían en las épocas de los militares. Tanto apuro por tomarla. Estamos frente a un extranjero. Hay que darle conocimiento al consulado más cercano por si había que darle una asistencia técnica. No le permitieron cumplir con la convención de Viena”.

“La persona que se autoincrimina es cuando hay un peligro de muerte. Tenía miedo porque lo habían amenazado. Es común que autoincrime a otros, no a él. Es una prueba ilícita. Debe excluirse la declaración indagatoria”, reclamó.

Tras eso, llegó el turno del otro defensor, Iván Coria: “Para llegar a una condena del hecho que aquí se investiga, es de fundamental importancia tener como correlato indispensable la evidencia probatoria. Significa que se debe considerar absolutamente probado cuando no pudo ser de otra manera”. Y encuadró en esto un trípode compuesto por actos, pericias y testimonios.

“El Tribunal debe tener la convicción de un hecho punible atribuido a Edivaldo. Cómo puede dar una sentencia ya que en lugar de los hechos ninguno de los testigos lo ha podido situar”, asentó.

Coria apuntó a irregularidades en el desarrollo de la investigación y en los procedimientos empleados por los integrantes de Homicidios. Consideró que hubo “demoras, dudas y ninguna certeza”.

“Hice mención a que el defendido es de nacionalidad brasilera. Hay un elemento muy importante que no se ha tenido en cuenta en la instrucción. La testigo Núñez dijo haber escuchado a los atacantes. En ningún momento, dio detalle respecto de la particularidad de las voces y eso ha sido uno de los rasgos”, advirtió.

Y planteó una serie de preguntas: ¿Por qué en el reconocimiento de la moto había una sola? ¿Dónde está el pacto entre Lorenzetti y los demás implicados? ¿Quién de todos los testigos reconoció a Edivaldo en el lugar del hecho?

“No se debe condenar por las opiniones. En referencia a la acusación fiscal, mencionó la organización de un plan entre Lorenzetti y los demás. Les pregunto dónde está ese plan, cuáles son las constancias, dónde está el pacto”, señaló.

A partir de eso y de las “dudas”, Coria requirió que los jueces decidan “a favor del acusado” con la absolución. “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, terminó.

El derecho a réplica

Monte Riso argumentó que “estos delitos son tan graves que merecen la prisión perpetua”. “No tengo posibilidad de elegir yo la pena”, sostuvo.

“Los legisladores han contemplado todas las pautas, convenios para aplicar estas sanciones. La inconstitucionalidad de la norma no se puede dictar porque no me guste o me parezca mucho. Por lo tanto, se va a rechazar respecto al pedido de la inconstitucionalidad”, añadió.

También apuntó a las defensas porque no requirieron pericias de voz: “Que falte es una negligencia de la defensa, no del Tribunal o Fiscalía”.

Sobre esto, Allende le respondió: “Para atribuirlo tengo que saber a quién corresponde. Al ministerio le compete demostrar que corresponde a él, no a la defensa”.

Las últimas palabras de los imputados

El presidente del Tribunal les dio la posibilidad de decir unas últimas palabras en alusión al hecho por el que estaban acusados.

Diego Lorenzetti: “Simplemente agradecerle por el sacrificio que se hizo en medio de la pandemia. Y yo creo que a lo largo de todo el debate demostré mi inocencia. Nunca dude de la Cámara, seguí todos los juicios que tuvieron. Decirles gracias y desearle lo mejor a la señora fiscal en su nuevo camino”.

Leandro Vílchez: “Como lo dije desde un principio yo he delinquido en algún tiempo, pero no soy un asesino. Ruego que se haga justicia por la muerte de Romina. Muchas gracias por su tiempo”.

Edivaldo de Oliveira Pereira: “Quiero pedir justicia por mi familia nada más. No tengo nada que decir”.

El veredicto llegó cuatro años y medio después

Pasadas las 21 y tras más de tres horas de deliberación, los jueces regresaron a la sala de juicios para dar el veredicto. De forma virtual, los tres imputados seguían el desarrollo atentamente.

La secretaria de la Cámara fue la encargada de leer la sentencia: Lorenzetti quedó absuelto, mientras que Vílchez y Oliveira Pereira fueron hallados culpables. Recibieron la pena de 22 años de prisión por ser coautores materiales y responsables penalmente, del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, previsto en los artículos 79 y 49 bis, en relación del artículo 45 del Código Penal.

Al momento de escuchar su veredicto, el ex intendente se descompensó. Tuvo que ser asistido por personal del Servicio Penitenciario y la audiencia tuvo un parate de unos minutos. Luego prosiguió con normalidad y el Tribunal dio por finalizado el debate.

De fondo, Juárez y Sarmiento se tomaron de la mano. El primero, con pocas palabras y cierta emoción manifestó su satisfacción por la determinación de los magistrados. Siempre había asegurado la inocencia de su defendido.

Allende y Coria no estuvieron conformes con la culpabilidad de Oliveira Pereira, pero mostraron complacencia porque lograron reducir la condena solicitada por la fiscal. Ahora analizarán las medidas a tomar y la apelación.

Llanto y el comienzo de una nueva vida

En el ingreso a la cárcel fue donde se vivió el momento más expectante. Después de cuatro años y medio, Diego Lorenzetti podría volver a caminar en libertad. El primero en llegar fue su hijo Hernán.

Con el correr de los minutos, que parecían una eternidad, arribaban más autos: amigos, familiares y allegados se acercaron para recibir al ex intendente. Los abrazos eran una constante en la fría noche.

“Siento un alivio enorme. Quedó demostrado para todos los que dudaban. Siempre creí en su inocencia igual que toda la familia; nunca dudé de él”, fueron las palabras del hijo de Romina y Diego.

El joven contó los padecimientos que sufrió tras perder a su madre: “Me mataron a mi mamá y al mes siguiente detuvieron a mi papá, todo fue muy rápido. Pero nunca bajamos los brazos. Él más que nada quería que todo esto terminara”.

Y en diálogo con El Chorrillero anticipó: “Empezaremos de cero porque perdimos todo, empezaremos una vida nueva”.

De forma similar se pronunciaron los padrinos de casamiento de la pareja. Con emoción expusieron el “alivio” por la determinación de la Justicia; recordaron cómo era Aguilar y consideraron que podrá descansar en paz.

A las 23:15 llegó el momento más ansiado. Acompañado del personal de la Penitenciaria, el ex intendente emprendió el camino a la libertad. Con dos bolsas en las manos y una fuerte delgadez, abandonó la prisión.

Sólo alcanzó a dar un paso tras el portón y se fundió en un abrazo con Hernán. Las lágrimas recorrían los rostros de ambos. La emoción se reflejaba en las más de 20 personas presentes. Todos se unieron en aplausos.

“Él ganó”, dijo señalando a su hijo. Con la voz entrecortada pidió perdón porque se encontraba “mal psicológicamente”. Y anticipó el comienzo de un nuevo camino, junto al joven.

Se retiró en medio de más aplausos, palabras de aliento y bocinazos.

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