El Gobierno no dejó entrar a la prensa en un acto donde entregó viviendas

El acto que el Gobierno no anunció oficialmente tuvo algunas características. Se hizo de manera sorpresiva y no dejaron entrar a los periodistas villamercedinos que intentaron hacer la cobertura. Además toda la zona estuvo cortada y vallada por efectivos de la Policía.

Hubo una breve transmisión oficial en vivo por streaming, que mostró al gobernador Alberto Rodríguez Saá unos seis minutos y luego finalizó.

“Estoy contento. Me imagino lo hermoso que debe ser para ustedes concretar este sueño”, dijo en su breve discurso. En el trayecto que hizo a pie hasta el micrófono donde dirigió sus palabras, entregó a un grupo de habitantes la documentación y la llave de la casa propia.

Pero un rato antes, los periodistas que quisieron entrar fueron frenados por los policías. Un caso lo protagonizó Daniel Rodríguez. En el vivo que hizo por Facebook quedó captado el momento donde el Gobierno le puso los límites a la prensa.

Mientras cientos de personas hacían fila y se registraban para poder llegar hasta la vivienda que le habían adjudicado, el jefe de Operaciones de la Policía, comisario general Javier Dionisio Funes paró al periodista de Mediador en Red. Le advirtió que debía acreditarse para poder estar ahí, pero de todos modos hizo un llamado para pedir la autorización.

“Es solo para medios oficiales”, le respondió Funes varios minutos después. Entonces Rodríguez tuvo que cruzar el alambrado. “Queremos conocer las casas, hablar con las familias pero no podemos”, aseguró.

Inscriptos que la última vez se movilizaron hasta la casa del vicegobernador Eduardo Monez Ruiz, cuestionaron el criterio de selección que empleó la secretaría de Vivienda. Se supo que el Gobierno llamó por teléfono a unos 50 inscriptos a los planes del 2011 (hasta la medianoche del viernes realizó las comunicaciones), y que unas 75 familias quedaron afuera de esta entrega. El resto de los beneficiarios se completó con inscriptos de 2017.

“Algunos no tienen hijos y les dieron, y quedaron afuera personas con discapacidad. No se manejaron por vulnerabilidad como dicen ellos”, transmitieron los que no fueron elegidos y tampoco pudieron ingresar para informarse de la situación. Les quedó claro que el manejo “fue poco transparente” y que generó más dudas y desilusión que antes: “Todo fue turbio, muy raro, creemos que en todo San Luis esta es la primera vez que se entrega un barrio de una manera tan irregular como esta”.

Afuera quedaron familias que llevan 9 años esperando, y que tienen 70 cuotas pagadas.

“Se ha beneficiado a personas en situación de vulnerabilidad”, dijo sin embargo Mones Ruiz, a la ANSL tras el acto. En la semana había enfrentado a los inscriptos y se desligó de las responsabilidades. Este miércoles, diputados que responden a Rodríguez Saá repudiaron a los vecinos que llevaron las protestas hasta la propiedad del vicegobernador y también a los medios de prensa que hicieron mención de la dirección donde se instaló la protesta. Para los legisladores fue un escrache y exigieron que se resguarde la vida privada de los funcionarios públicos.

“La respuesta no la tengo yo, sino la secretaría de Vivienda. Los que se tienen que hacer cargo son ello, y no yo”. Esa fue la respuesta a las personas que le pidieron tener la prioridad a la hora de la entrega, que finalmente se concretó este sábado.

“El trabajo realizado por la Secretaría de la Vivienda ha sido muy bueno. La casa es un derecho de todos, el Gobierno solamente establece las prioridades y en este caso se ha logrado encontrar claramente a personas que están en situación de vulnerabilidad; realmente hay que comprender esto”, resaltó Mones Ruiz.

“No publicaron las listas de adjudicatarios porque saben que están haciendo las cosas mal. Ahora queremos saber qué respuestas tienen, ¿nos darán la casa o no, nos van a devolver la plata? Vamos a ver cómo contagiamos a la gente de San Luis para organizar cómo sigue nuestra lucha”, plantearon los vecinos que tendrán que seguir esperando.