Catastro provincial le dio impunidad fiscal al gobernador Rodríguez Saá
El valor de mercado del inmueble en El Durazno de Alberto Rodríguez Saá es superior a los $ 100.000.000, pero fue valuado en $1.224.144,74. Paga $13 mil de impuesto Inmobiliario anual lo que le permitiría evadir tributos nacionales.
A fines de 2019 la Dirección de Catastro pasó de la órbita del ministerio de Hacienda a la cartera de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, y con ese cambio en el organigrama se sucedieron resoluciones de más naturaleza política que económica.
La resolución Nº 58 definió los criterios para los inmuebles suburbanos, una categoría inexistente. Estableció un marco para valuar inmuebles de manera distinta.
Esa medida del Gobierno impactó en más de 30 mil padrones en toda la provincia y les modificó la situación fiscal. Pasaron de inmueble rural a urbano o suburbano.
En los hechos el cambio significó que el valor fiscal de los inmuebles pasaran a multiplicarse hasta por cien e incidieron en la base imponible y por ende la liquidación del impuesto Inmobiliario.
El inmueble que quedó por afuera del nuevo marco normativo es el del propio gobernador Alberto Rodríguez Saá en El Durazno, que sigue en la categoría rural.
La casa conocida como Los Peñitos ha sido motivo de elogios por varias publicaciones nacionales y su valor de mercado sería superior a los $100.000.000, pero de acuerdo al nuevo marco normativo de la Dirección de Catastro es de $1.224.144,74.
Mientras Catastro legisló para modificar el valor miles de inmuebles, dejó a un valor irrisorio la casa del mandatario que tributa $13 mil en forma anual.
El tema fue denunciado públicamente en su momento por El Chorrillero con los valores de 2019. De todos modos para este año la Dirección de Catastro no hizo variaciones.
Especialistas en derecho tributario consultados por este medio coincidieron que “la decisión de Catastro no solo implica una notable violación de la equidad tributaria, sino que podría ser perfectamente una maniobra para otorgarle impunidad fiscal al gobernador”. Y señalaron que “no solo en función de su capacidad contributiva paga proporcionalmente muchísimo menos de impuesto Inmobiliario que la mayoría de los contribuyentes de San Luis, sino que en función de que el avalúo fiscal de Catastro es la base para tomar la valuación de los inmuebles para Bienes Personales y Ganancias, estarían permitiendo con esa resolución, que el gobernador evada impuestos nacionales”.