Buscan conocer el estado del sistema de seguridad y estadísticas del delito en la provincia
La iniciativa tomó estado legislativo en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. Aseguran que hubo un "fuerte aumento" de hechos delictivos en los últimos meses.
Legisladores del interbloque San Luis Unido impulsaron un pedido de informe donde buscan que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá brinde explicaciones sobre el estado del sistema de seguridad de la provincia.
El requerimiento se produce en momentos que el Gobierno recreó el ministerio de Seguridad que viene funcionando desde diciembre junto a Justicia, Gobierno y Culto. Esta miércoles por la noche el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció que designó ministro del área al actual coordinador de la cartera, Luciano Anastasi que asumirá en las próximas horas.
En primer lugar, piden estadísticas sobre el índice de delitos registrados en los últimos seis meses.
A su vez, la nómina de efectivos en actividad, el rango de cada uno y lugar donde cumplen tareas.
También solicitaron que se informe sobre cuántos y cuáles son los recursos logísticos y tecnológicos con los que cuenta cada una de las dependencias policiales y puestos limítrofes: entre ellos móviles, armamento, cámaras de seguridad, equipos de comunicación y de análisis forense informático, drones y scanners.
En caso de aprobarse la iniciativa, el ministerio de Seguridad tendrá un plazo de 48 horas para responder.
Por último, requirieron detalles de la cantidad y ubicación de las cámaras de seguridad y las que están actualmente en funcionamiento.
Los diputados expusieron que en los últimos días “aumentaron los números de hechos delictivos en diferentes lugares de la provincia”, lo cual generó “una gran preocupación por la pérdida de la paz y la tranquilidad”.
A su vez, expusieron que San Luis “no tiene estadísticas oficiales sobre la inseguridad", y "se percibe a través de los medios locales de comunicación un fuerte aumento de olas delictivas de variada naturaleza”.
“Por eso se debe fortalecer la presencia de efectivos, con una preparación adecuada, garantizando insumos, medidas de protección y disponibilidad de patrulleros”, fundamentaron entre los puntos.
Consideraron que la seguridad pública “es un servicio que debe garantizar el Estado para proteger la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes y que puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro”.