La Fundación Libertad de Expresión manifestó preocupación por el juicio contra Diego Masci

Este lunes se sumó un nuevo pronunciamiento nacional en relación al juicio contra el periodista Diego Masci, acusado de violación de la intimidad. La fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED) expuso su inquietud sobre el caso.

LED es una organización sin fines de lucro que se dedica a la protección y difusión del derecho a la libertad de expresión, establecido en la Constitución Nacional y en los distintos tratados internacionales que la integran. Se dedica al monitoreo de políticas públicas en materia de acceso a la información, publicidad oficial y transparencia y a la defensa de los valores democráticos basados en el diálogo y en la pluralidad de voces.

En el documento, la entidad manifestó preocupación por el proceso judicial al que fue sometido el director de Zbol por haber publicado un video de la ex ministra de Educación y actual secretaria de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza, cuando ella misma reconocía haber consumido droga y alcohol.

“De resultar condenado Masci por la exhibición de las imágenes, que revestían Interés público debido al cargo que la funcionaria detentaba en el momento de producidas, estaríamos ante una clara limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y de acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales que la integran”, sostuvieron.

A su vez resaltaron que “las imágenes difundidas por el portal del periodista habían circulado ya por distintos grupos de WhatsApp y otras redes sociales, aun así la causa, obrante en el Juzgado de Sentencia de San Luis siguió adelante hasta llevar al comunicador a juicio oral, que tendrá desenlace el próximo jueves 13 de agosto de 2020”.

En otro tramo del comunicado, LED recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”, y que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público”.

“La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”, continuaron.

Insistieron que “la condena a un periodista por haber hecho pública una situación que afectaba a un funcionario del estado constituiría un precedente sumamente negativo para los derechos involucrados, representaría un retroceso en la vigencia de las garantías de la prensa y de los ciudadanos de nuestro país y podría inducir a otros o medios de comunicación a la auto censura”.

El lunes pasado se realizó la única audiencia del juicio, donde se efectuaron las declaraciones y alegatos de las partes. La jueza Laura Molino pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves, donde dará el veredicto.

“LED seguirá con atención el resultado de este proceso judicial, pondrá en conocimiento del mismo a las Relatorías Especiales de los organismos internacionales que nuestro país integra y continuará trabajando para defender y difundir estos principios fundamentales de una sociedad democrática”, finalizaron.