Reclaman al Gobierno explicaciones sobre el revalúo de inmuebles y la categorización de la casa del gobernador
Desde el bloque de diputados de San Luis Unido señalaron que el encuadramiento que hizo la Dirección de Catastro a la propiedad de Alberto Rodríguez Saá en El Durazno “podría ser perfectamente una maniobra para otorgarle impunidad fiscal”.
A través de un pedido de informe presentado en la Cámara de Diputados, la bancada opositora busca que el Gobierno provincial explique sobre el revalúo fiscal que se produjo y sobre puntos vinculados a una propiedad del gobernador.
Una resolución oficial afectó a miles de contribuyentes sanluiseños que sufrieron un extraordinario aumento en el impuesto Inmobiliario, pero dejó al margen la casa de “Los Peñitos” de Alberto Rodríguez Saá.
Hace unos días se supo que la residencia “Los Peñitos” ubicada en El Durazno, no fue alcanzada por el nuevo marco normativo que valúa a las propiedades de una manera distinta y obligó a los contribuyentes a realizar presentaciones.
Sucede que a finales del año pasado, la Dirección de Catastro pasó de la órbita del ministerio de Hacienda a la cartera de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto. Desde allí se avanzó con la nueva disposición.
El organismo, mediante la resolución Nº 58 estableció otros criterios como la definición de los inmuebles suburbanos: una categoría inexistente.
Concretamente esto impactó en más de 30 mil padrones, los cuales pasaron de inmueble rural a urbano o suburbano.
En los papeles, el valor fiscal de estos pasó a multiplicarse por 100 e incidieron en la base imponible y en la liquidación del impuesto Inmobiliario.
Sin embargo la casa del gobernador en Los Peñitos corrió una suerte distinta. Su valor de mercado rondaría los $100.000.000, pero de acuerdo a lo decidido por la Dirección de Catastro vale $1.224.144,74. Esto le significa un tributo de $13 mil de forma anual.
En medio de este escenario, el bloque de San Luis salió a buscar respuestas.
Especialistas en derecho tributario advirtieron sobre el nuevo escenario. De hecho se considera que es ilegal lo que hizo el Gobierno.
Pretenden que la administración de Rodríguez Saá de cuenta de tres puntos, en un plazo de 10 días una vez que sea aprobado:
-Informar de manera pormenorizada cuáles fueron los inmuebles que se vieron afectados por la resolución Nº58-DCyTF-2019 y que se detalle cuáles los cambios de categoría (rural-urbano-suburbano) que los mismos vieron reflejados en su naturaleza jurídica.
-La categoría que de acuerdo a la resolución reviste actualmente la casa del gobernador.
-Y cuál es el valor fiscal que tiene la propiedad de acuerdo a los informes catastrales.
“La decisión de Catastro no solo implica una notable violación de la equidad tributaria, sino que podría ser perfectamente una maniobra para otorgarle impunidad fiscal al gobernador”, sostuvieron entre sus fundamentos.
Por otra parte manifestaron que gracias a esta maniobra “estarían permitiendo que evada impuestos nacionales”.
“Su capacidad contributiva paga proporcionalmente muchísimo menos de impuesto Inmobiliario que la mayoría de los contribuyentes de San Luis”, agregaron.