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“Todo el periodismo está sentado en el banquillo de los acusados”, repudio al juicio contra Diego Masci

El director de Zbol fue llevado a la Justicia puntana por una denuncia de violación a la intimidad que hizo la ex ministra de Educación, Natalia Spinuzza. Sectores del periodismo provincial y nacional, partidos políticos y dirigentes se manifestaron y alertaron sobre el “revés” que puede sufrir la libertad de expresión cuando este jueves se conozca el veredicto.

Diego Masci escuchará este jueves el veredicto de la jueza Laura Molino.
Actualizada: 13/08/2020 02:41
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En las últimas semanas, el juicio contra Diego Masci llevó a la reflexión sobre la libertad de prensa y las consecuencias que traería una condena al periodista de San Luis. El caso repercutió a nivel nacional por eso el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se pronunció en varias oportunidades.

En las horas previas la entidad dijo que espera “con preocupación” el desenlace del juicio; evaluó que el proceso “es una persecución política” y que “todo el periodismo está sentado en el banquillo de los acusados”.

Consideró que si Masci es condenado, “la provincia de San Luis se colocará de inmediato en el mapa de los autoritarismos de América Latina”.  Y que ese modo “no solo materializará un grave ataque a la libertad de expresión, sino que sentará un oscuro precedente para el periodismo argentino”.

En otra oportunidad había instado a las autoridades judiciales puntanas “a ser fieles observadoras de los derechos y garantías de los que goza el trabajo de la prensa en un país del que San Luis es parte histórica importante”.

Este miércoles, el presidente de FOPEA, Fernando Ruiz se explayó un poco más: “El efecto buscado con el juicio contra Diego Masci es silenciar el periodismo crítico”.

Dijo que se trata de un hecho “insólito” que conlleva a un “retroceso enorme”.

“Esa imagen del periodista ante el Tribunal ya recorrió el país. Y la verdad que uno ahí no ve a Diego, sino al periodismo crítico en San Luis en el banquillo”, sostuvo en declaraciones a este medio.

Fundamentó que la situación “pone un barrera en cualquier redacción periodística donde inmediatamente uno siente que cualquier información puede llevarte a un Tribunal”.

En las últimas horas se sumó el análisis de la presidenta de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED): “Es un grave precedente para el país”.

Puntualizó que “la libertad de expresión es un derecho básico” y que “ningún poder del Estado puede ejercer censura directa ni indirecta” porque “lo establece la Constitución y los tratados de derechos humanos, es lo que hay que cumplir”.

“Me parece un despropósito que el mismo video que fue replicado hasta por medios nacionales, devenga en una sanción a un portal de la provincia cuando el video fue generado y difundido por la propia denunciante”, agregó en su análisis la ex diputada Nacional por la Unión Cívica Radical y ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

El abogado y profesor de derecho constitucional, Roberto Pagano también escribió sobre la libertad de expresión, el derecho a informar y ser informado. Tradujo que el juicio es un “disciplinamiento al periodista, lo castigamos para que todos aprendan”.

“En definitiva, el periodista Masci no ha hecho otra cosa que ejercer su profesión, publicó lo que a su criterio era noticia y la misma repercutió inmediatamente por que el instinto profesional de Masci había funcionado a la perfección y ni siquiera tuvo que proteger su fuente, TODA VEZ  QUE LA FUENTE DE LA NOTICIA HABÍA SIDO LA MISMA PROTAGONISTA”, destacó en la carta que difundió el letrado.

Los periodistas Mario Otero, Fernando Ruiz, Luis Majul y Miguel Wiñazki, entre otros, se expidieron.

“Esperamos que el fallo sea absolutorio para Diego (Masci), pero además lo que esperamos es que esto no tenga incidencia en el futuro en la conducta de los periodistas como una limitante para informar las cuestiones que son de interés público”, manifestó Otero.

“Una de las cuestiones que me preocupan mucho es el hecho de un detalle que da Diego Masci que demuestra hasta dónde el Estado se entromete en la privacidad y en los elementos que son determinantes para poder mantener la libertad de los medios de comunicación. Es cuando da el detalle notable de que el entró al servidor a las 17:10 y que esa información solo la podía conocer el administrador del sitio, él y quien le hackeó la página”. Así lo remarcó en un extenso análisis que hizo cuando El Chorrillero por CNN Radio lo consultó este miércoles.

“Queríamos hacer visible esto, no para defendernos entre nosotros como una corporación. Para hacerle entender a la sociedad que de alguna manera somos la sociedad, expresamos lo que dice una parte. Y si nos quieren meter miedo y silenciar tenemos que reaccionar como corresponde”, fundamentó Majul cuando presentó el caso en el programa que conduce por CNN Radio Argentina.

El senador Nacional y presidente de Avanzar, Claudio Poggi también se expresó en las últimas semanas. El día del juicio dirigió sus palabras a la jueza Laura Molino: “No se deje doblegar ante la presión de R. Saá”.

“Mañana estará sentado en el banquillo de los acusados el derecho a la libertad de expresión”, dijo hoy.

“De lo que mañana se decida depende nuestra libertad para expresarnos libremente en función de lo que sentimos y pensamos. Nadie puede ser indiferente, todos estamos involucrados”, remarcó en un mensaje que difundió por las redes.

Poggi consideró también que la acción judicial contra el periodista es “un atropello y una forma de disciplinar y domesticar la libertad de expresión y de prensa”.

Apuntó a “la intención de meter más miedo en la vida de los sanluiseños”, donde ese sentimiento “se está naturalizando”.

Antes, Avanzar se había pronunciado fuertemente en un comunicado: “Una condena a Diego Masci sería un mensaje aleccionador y ejemplificador a todos y cada uno de los periodistas de San Luis que a partir del martes sentirían que su libertad de expresión ya no es tal sino que se restringe a lo que no moleste al gobernador, será una espada de Damocles que tendrán sobre sus cabezas cada vez que se sienten ante una cámara, un micrófono, una computadora, cada vez que llegue a su poder una información de interés público o deban preguntar a un funcionario de Rodríguez Saá”.

También fijó posición la presidenta del PRO a nivel nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Juzgar a un periodista por sus opiniones es totalmente contrario a la Constitución Nacional”.

“En todos los estrados se ha demostrado que cuando se le intenta pedir las fuentes o se lo quiere juzgar por sus opiniones, es totalmente contrario a nuestra Constitución Nacional y a la libertad de expresión, lo único que se hace es cercenar la opinión del periodismo”, sostuvo esta semana en una entrevista a El Chorrillero por CNN Radio San Luis.

“El PRO no cree que la libertad de expresión pueda tener una ley especial como la que tiene en San Luis, solo alcanza con lo que dice la Constitución, y mucho menos llevarse a la Justicia los casos donde a un funcionario no le gusta lo que opinen sobre él. Por principio estamos absolutamente en contra del enjuiciamiento”, analizó.

También detalló: “Lo que debe saber un funcionario es que está en el escrutinio público en cualquiera de las conductas que tenga y el periodista siempre va a buscar cuáles son las conductas o actitudes que tiene”.

“En San Luis no solo se está llevando a juicio a un periodista, sino que se está amordazando y disciplinando a la sociedad”, dijo por su parte el presidente de la Unión Cívica Radical y concejal de Villa Mercedes, Hugo Rossi.

Planteó que el juicio contra Masci busca “un pueblo sumiso, servil y temeroso en vez de ciudadanos que opinen libremente”. Dejó en claro que “sin libertad de expresión no hay democracia”.

“Bien sabida es la falta de independencia de este poder, que quedó demostrada, por ejemplo, cuando se comprobó que el funcionario albertista Sergio Freixes, presionaba a los jueces para que firmen su renuncia en blanco”, aseguró Libres del Sur, partido que preside el diputado provincial, Joaquín Mansilla.

Denunciaron que “en San Luis el Poder Judicial es manejado como una maquinaria de disciplinamiento contra el periodismo que no se acomoda a los caprichos de Terrazas”.

“La estigmatización y la persecución de periodistas es incompatible con el clima de respeto a la libertad de prensa. No se puede amordazar o condicionar a los medios de comunicación”, escribió por su parte el Pro San Luis en un comunicado.

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