Ignacio Boulin: “El derecho penal no debe usarse en materia de libertad de expresión, genera amedrentamiento”
El asesor legal del Foro de Periodistas Argentinos (Fopea) analizó el proceso judicial en contra del periodista Diego Masci, por difundir la filmación de la ex ministra de Educación, Natalia Spinuzza. Aclaró que “en las personas públicas el umbral de la intimidad baja notoriamente”.
Este viernes, Ignacio Boulin dialogó con El Chorrillero por CNN Radio San Luis sobre la decisión de la jueza de Sentencia, Laura Molino, de condenar penalmente al director de Zbol.com.ar, Diego Masci.
“Desde una visión de un observador imparcial, creo que está claro que hay dos cuestiones en juego, que este caso las refleja bien”, planteó inicialmente el asesor legal de Fopea.
Expuso que uno de ellos es “el derecho a la libertad de expresión, que protege la posibilidad de toda persona de difundir ideas de cualquier tipo, sin temor a la censura previa, salvo algunas excepciones en las cuales se permiten este tipo de restricciones”.
Del otro lado, enmarcó las garantías vinculadas a la intimidad: “Las personas tenemos ciertas expectativas que las acciones privadas no van a ser difundidas”.
“En este caso hay un funcionario involucrado, como estaba de licencia podríamos decirle figura pública. El umbral de protección que tienen es menor que el de las personas fuera del debate o arena pública. Básicamente porque ellos eligen allí”, explicó.
En este sentido, ejemplificó con políticos que se someten a una elección, quienes al hacerlo “aceptan que se los mida y discuta, en base a lo que hacen públicamente y en forma privada”.
“Hay ciertas personas en las cuales el umbral de la privacidad baja notoriamente”, advirtió en vinculación al video que Spinuzza comparte por medio de WhatsApp, donde manifiesta estar drogada y borracha.
Boulin mencionó que otro punto a tener en cuenta es el interés público. Subrayó que, si bien es una “cuestión compleja”, que “una persona dentro de política, difunda un video así” cumple con estas características en Estados Unidos y también en Argentina.
Por otra parte, advirtió que “el Derecho Penal no hay que usarlo en materia de libertad de expresión porque genera una especie de amedrentamiento en todo el ecosistema, que baja la calidad del debate público. Esto es muy grave”.
A su vez, sostuvo que si la propia denunciante es quién difundió la filmación “claramente no está contribuyendo a resguardar la privacidad”.
“Los periodistas no tienen responsabilidad por lo que hacen sus fuentes, salvo que adquieran esa información de forma ilegal”, concluyó.