Procesan y embargan por $1000 millones a los secretarios del fiscal acusado de ser jefe de una asociación ilícita

Quince personas, entre ellas dos funcionarios judiciales, diez policías y un abogado, fueron procesados en el marco del expediente que investiga una asociación ilícita que armaba causas vinculadas al narcotráfico y que estaba supuestamente liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien procesó con prisión preventiva a 14 de los 15 imputados y les trabó un embargo de sus bienes por un valor de entre 500 mil pesos y un millón de pesos a cada uno.

La medida de la magistrada recayó sobre los funcionarios judiciales Maximiliano Jarisch y Gustavo Santivale; los policías bonaerenses Juan Magraner, Roberto Okurzaty, Juan Elizalde, José Delgado, Marcelo Di Rosa, Oscar Caviglia, Santiago Cabre, Alexis Tabares y Juana Medina; el ex efectivo Mario De Armas; el abogado Matías Pedersoli; y otras dos personas llamadas Cristian Seu y José Molina.

Según el fallo de 466 páginas al que accedió Télam, el único que fue procesado sin prisión preventiva fue el imputado Pedersoli, quien el jueves pasado se entregó ante el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, ante quien acordó detalles para ser “imputado colaborador” y luego fue excarcelado.

Si bien la investigación abarca distintos grados de participación de los sospechosos y delitos, los principales son “asociación ilícita, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, cohecho pasivo, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

De acuerdo a la jueza, la prisión preventiva para 14 de los acusados se debe a la existencia de “riesgos procesales” en función la “gravedad” de los delitos cometidos.

“(…) el fraguado de actuaciones policiales descriptas en este decisorio, el temor infundido a víctimas y testigos, la utilización de testigos falsos, los testimonios guionados, direccionados o falseados, las maniobras extorsivas desplegadas, todo ello a partir del abuso de poder y de las facultades con las que fueron investidos, así como también de las herramientas puestas a su disposición para el ejercicio de la función pública, forman parte de la matriz y modus operandi evidenciado en la pesquisa”, señaló la magistrada.

La semana pasada, en su indagatoria ante la jueza Arroyo Salgado, Pedersoli confesó que era un empleado del estudio del abogado Gustavo Semorile (actualmente prófugo en esta investigación) y que "era su colaborador y cumplía los pedidos que le hacía su jefe", explicó el defensor particular del letrado, Gabriel Iezzi.

El defensor agregó a Télam que Pedersoli "trabajó apenas dos años en el estudio de Semorile, pero la realidad es que sólo hacía lo que le pedía su jefe, no tenía nada que ver son las decisiones que se tomaban".

En la causa, además de Semorile, hay un tercer abogado imputado y con pedido de captura, llamado Francisco García Maañon, familiar de otros funcionarios judiciales.

Por el caso, se encuentran detenidos desde hace 20 días dos secretarios del fiscal.

En tanto, la jueza Arroyo Salgado aún no puso nueva fecha para la indagatoria del fiscal Scapolán, la cual se frustró en dos oportunidades, dijeron las fuentes judiciales.

El fiscal Domínguez considera que a Scapolán como jefe de la organización que extorsionaba "a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados", o a "personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales".

Según el fiscal, los hechos ocurrieron entre el 2012 y el 2015, cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Isidro, disuelta en 2016.