Preocupación en la comisión de Libertad Expresión de Diputados por el avance sobre la prensa en San Luis y otras provincias

El espacio unió a tres provincias donde el poder político está limitando las libertades, ejerciendo la censura y sometiendo a condenas judiciales a los periodistas que incomodan a los gobernantes. San Luis, Formosa y Santiago del Estero: tres jurisdicciones comandadas por dirigentes peronistas y kirchneristas en donde se registran casos emblemáticos.

La comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se ocupó de un tema que en la última semana tomó interés nacional y que en San Luis sacudió a la prensa: la condena a Diego Masci por la publicación del video que la muestra a la ex ministra de Educación de San Luis, Natalia Spinuzza reconociendo que había consumido droga y alcohol.

El director de Zbol fue una de las voces que se escucharon en el encuentro por viodeoconferencia convocado por la comisión que preside, Waldo Wolff. “Más allá de las discusiones políticas que venimos teniendo, la idea es expresarnos con libertad”, dijo el legislador antes de comenzar las exposiciones que comenzaron a las 18.

Masci relató que si bien mucho antes de haberlo publicado en su blog periodístico el video ya había tomado interés público por las redes sociales, fue a él quien la Justicia puntana condenó por violar la intimidad de la funcionaria.

También recordó que en el acto donde Spinuzza fue reemplazada en su cargo, el gobernador la “comparó con Sarmiento” y lo trató de “canalla” por haber realizado la publicación.

La funcionaria es hoy secretaria (con rango de ministra) de Medio Ambiente, y hace exactamente una semana le ganó el juicio a Masci que resultó condenado penalmente.

El video que Masci publicó fue grabado por la misma funcionaria durante un viaje de placer a Amsterdam (noviembre de 2017). Durante 6 minutos les cuenta a sus amigos de San Luis (a quienes luego les mandó la filmación por whatsapp) que se había fumado “un churro”, que había “ido a Marte” y que también había fumado con unos chicos españoles a quienes les prometió que visitaría cuando viajara “con el ministerio” en febrero.

Aportó un dato técnico que difundió el gobernador Alberto Rodríguez Saá: “Él dice que la nota fue publicada a las 17:10, pero ese es el horario en que yo ingreso al administrador. La nota la publiqué a las 17:22. Por lo tanto eso lo sé yo y la persona que entró a jaquear mi sitio, dos horas después de hecha la publicación. Yo nunca le conté al gobernador a qué hora entré al administrador, por lo tanto la información la obtuvo por otro lado”.

“Para suerte de quien demanda, tardó menos de dos años de llegar a la sentencia”, aseguró Masci en relación a la acusación que Spinuzza hizo cuando ya había asumido como responsable de un nuevo organismo dentro del Gobierno.

Y también se preguntó: “¿Puede una ministra desconocer el riesgo de las redes sociales? La respuesta es no. Básicamente porque a su cargo está la aplicación de las TICs en los procesos educativos, la conformación de aulas virtuales, y el polo tecnológico de la Universidad de La Punta. Si desconocía los riesgos no estaba capacitada para ser funcionaria pública y mucho menos ministra”.

Explicó además que el video se da a conocer porque quien “estaba diciendo estar drogada y borracha era la responsable de impartir las políticas ligadas a la educación de 120 mil chicos y chicas de San Luis de establecimientos educativos públicos y privados”, y además agregó que “quien emitió el video es la titular de uno de los dos ministerios que el Sedronar determina como responsable de aplicar las políticas ligadas a la lucha contra el alcohol y las drogas”.

Dijo que la sentencia será apelada, pero anticipó que perderán en Superior Tribunal de Justicia provincial: “Vamos a perder porque todos conocemos al momento de ingresar a la Justicia cuál será nuestra sentencia, la cual llega según cómo nos paramos y miramos a ese poder”.

Y resaltó por qué llevará este caso a la Corte Suprema: “Entendemos que el problema no es Diego Masci o la condena de $90 mil. Lo que se está violando aquí es la libertad de expresión del periodismo de San Luis, de dar a conocer información de los funcionarios públicos o de aquellos ligados al poder, y también el derecho a recibir información libremente que tienen todos los ciudadanos”.

Denunció que lamentablemente ejercer la profesión en San Luis es por estas horas “mucho más difícil” que antes de su condena. Y alertó que desde antes “los medios vienen siendo sometidos a una brutal presión del poder político en cuánto a lo que son las agendas públicas”.

Apuntó que los medios privados “reciben por parte del Gobierno qué temas deben tratar y a qué funcionarios pueden entrevistar”.

“Todos tenemos en claro que luego de la sentencia no solo está la cohesión con la pauta, sino que ahora pesa una posible condena cuando se salgan de la línea que marca el poder”, añadió.

Puntualizó que con más fuerza “la autocensura se está paseando por las redacciones” de San Luis: “Porque hoy cuando un periodista se sienta frente al micrófono o frente a una computadora para escribir sabe que además de poder quedarse sin el sustento diario de la pauta, puede pesar sobre él una condena judicial”.

“La libertad de expresión es un derecho y la libertad de recibir información también. Hoy están en riesgo y anuladas por el poder político”, dijo al final.

El relato del periodista Gabriel Hernández desnudó cuál es la realidad del sector en Formosa, donde desde el 10 de diciembre de 1995 gobierna Gildo Insfrán.

“Dicen que Formosa es la isla de Gildo. Vivimos una situación de aislamiento donde hay una sola voz oficial, un discurso único, de un señor feudal que ha reformado la Constitución para ser elegido indefinidamente”. Así comenzó la historia el periodista Hernández que ahora será embargado de todo lo que tiene para pagarle al gobernador.

Contó que supo tener un programa de radio, donde el micrófono estaba abierto “a todas las voces, donde no había un solo pensamiento”. En uno de esos programas puso al aire el llamado de una persona que “habló de la trágica muerte del hijo del gobernador”, y a partir de allí comenzó “la tormenta mediática”.

“Empezaron las acusaciones de que habíamos instalado un tema con morbosidad, que era un canalla por haberlo hecho, un cobarde. Y nosotros como periodistas no habíamos opinado nada. Que nos condenen por la opinión de un tercero es incalificable”, destacó.

En concreto, Hernández, su esposa (con quien hacía el programa), la dueña de la radio y otros periodistas fueron condenados a pagar 2 millones “por haber permitido que esa persona opine”.

“Una multa civil, un resarcimiento al gobernador. La jueza lo impuso porque debía servir de ejemplo para que no se vuelvan a repetir estos hechos”, según contó. Apelaron la sentencia, pero fue rechazada.

Para terminar su relató concluyó que en Formosa “la Justicia está al servicio del poder político”, que los trabajadores de prensa “son disciplinarios por la pauta publicitaria”.

“Seguramente esta semana un oficial nos va a golpear la puerta para embargar la casa y todo lo que tenemos para pagarle al gobernador”, agregó.

En medio de las libertades que se violan en las provincias del país, el diputado por Santiago del Estero, Rodrigo Posse (Juntos por el Cambio) dio a conocer que el 2 de agosto pasado fue detenido por personal policial “por orden del fiscal general de la provincia y fiscales diferentes jurisdicciones”; y detalló  que no se “respetó el derecho a transitar y las inmunidades como diputados", las cuales son "reconocidas en la Constitución Nacional”.

“Esto va más allá de la libertad de expresión, y habla de la libertad ambulatoria”, puntualizó.

“En todo momento declaré mi condición de diputado, y que me encontraba recorriendo varios departamentos. Les indiqué al personal qué autoridades estaban exceptuadas, pero cuando íbamos a mitad de camino me llama una fiscal y me pide disculpas; antes ya me habían detenido en todos los retenes y me iban escoltando”, relató.

Sin embargo agregó que 10 días después un fiscal comunicó que lo iban a llamar a indagatoria y para imputarlo del delito que había cometido: “Expresó que los diputados estábamos para hacer leyes y reunirnos en comisión, que yo me había sobrepasado y que solo tenemos inmunidad de arresto”.

Atribuyó el reciente suceso a la acción que lleva adelante como legislador en la Cámara de Diputados: “Donde presentamos constantes informes, donde hemos denunciado la muerte de Mauro Ezequiel Coronel ocurrida 5 de mayo en una comisaría”.

“Esas noticias se esconden en mi provincia. No verán nada de eso”, acusó.

También dijo que se denunciaron otras detenciones “irracionales”, entre ellas la de un grupo de médicos que se manifestaron en respaldo a los colegas de la provincia de Córdoba.

Expuso que en Santiago del Estero hay “más de 150 abusos policiales y judiciales”.

Posse además es abogado y lleva una causa en contra del presidente del Superior Tribunal de Justicia. Pero además hizo acusaciones a otros miembros de ese tribunal.  Y por último contó que este jueves fue agredido por el integrante de un partido que responde al ministro de economía del Gobierno provincial.

Gabriela Tijman, periodista del submarino de Jujuy, también estuvo entre las invitadas y apuntó que “desde hace tiempo” hay “muchos problemas para el acceso de la información” pública y a los funcionarios de primera línea del Gobierno que está a cargo de Gerardo Morales.

“La provincia está teniendo exposición grande por la emergencia sanitaria tan extrema (por el coronavirus) y eso nos está poniendo en una situación de vulnerabilidad. Muchos trabajadores de prensa son llamados para que eliminen notas de portales o comentarios que deja la gente. Consideramos que esto es muy grave, porque constituye un ejercicio de censura”, destacó.

“El jujeño encuentra un blindaje en los principales medios, por eso es de vital importancia desde nuestro sector poder expresar aquellos testimonios que no pueden darse a conocer”, destacó por su parte Enrique Córdoba de Radio Nacional de Jujuy.

Dijo que en el último tiempo sufrió “escraches y amenazas de manera sistemática” por contar o brindar testimonios “a medios nacionales”, sobre cuestiones de público conocimiento.

También habló la periodista Silvia Martínez Casina, quien denunció desplazamiento de la conducción de un noticiero de Canal 13, donde trabaja desde hace 27 años.

Lo que dijeron los diputados

A lo largo de la reunión dieron su visión los legisladores. Por San Luis, Alejandro Cacace puntualizó que “condenar a un periodista por lo que hace un funcionario público no sería sujeto a delito en ninguna parte”. Destacó la importancia del seguimiento que se dio al caso de Masci, y pidió poner atención en las provincias del interior para “esto no suceda”:

Antes opinó que “hay mayores restricciones directas a través de hostigamientos y amenazas por parte de algunos gobiernos provinciales, como también “indirectas a partir de la utilización de la pauta oficial”.

En su intervención, el diputado Ricardo Buryaile reflexionó sobre la condena a la prensa en Formosa: “Además de ellos (en relación a Hernández y su esposa) hay otro periodista condenado también a pagar una fortuna por transcribir la expresión de otra persona en la radio”.

Destacó: “Es muy difícil tener libertad de expresión en Formosa, es muy hostil para cada uno de nosotros que estamos en el interior donde los medios están copados por el oficialismo, ir y no tener acceso a los medios”.

“Si cada periodista que pone al aire a una persona tiene que hacerse responsable de esos dichos es un grave antecedente, pienso que no se puede condenar a alguien porque tuvo la osadía de confiar en la audiencia”, analizó.

Por último expresó que la Constitución Nacional “debe estar por encima de todo”, y que en ella uno de los preceptos fundamentales es la libertad de expresión: “Si perdemos la libertad de expresión perdemos la libertad, este es un caso que debemos acompañar para que no se cometa una injusticia”.

La diputada María Carolina Moises (PJ) planteó como “muy bueno” poder escuchar a los periodistas, pero al mismo tiempo plateó que el debate debe ser también la responsabilidad de la prensa: “En informar verazmente, con acceso a las fuentes y que esa libertad esté enmarcada en la responsabilidad; pero que no solo sea responsabilidad del Estado, sino de los distintos poderes, porque es muy grave lo que sucede en los medios de comunicación, y después no se pueden revertir los efectos”.

Consideró que en este sentido hay que fijarse “en el más vulnerable” que es el público: “Que debe tener derecho a escuchar todas las voces”

“En Jujuy no se puede hablar porque los medios están cortados por la pauta oficial, porque el Gobierno y sus funcionarios no permiten que los periodistas ejerzan su función, y los medios funcionan de acuerdo a quién paga la pauta”, añadió.

“Antes de ponerse e a gritar hay que reflexionar y que conocer lo que pasa en el interior de nuestras provincias, y estaría muy bueno que (Gerardo) Zamora repudie el comportamiento de su policía y tome medidas porque si no la va a obligar a la ministra (Sabina) Frederic a rendir cuenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque es inadmisible lo que está pasando en Santiago del Estero como en otras provincias”. De ese modo reflexionó la diputada Karina Banfi (UCR), para referirse a los últimos casos que expusieron un abuso de las fuerzas de seguridad.

Habló de las detenciones y “torturas” en plena cuarentena, y la más extrema que se cobró la vida de un joven. También se solidarizó con los periodistas que sufrieron “arrebatos” en una “modalidad donde va operando el efecto patrimonial”.

José Luis Patiño (PRO), por su parte fijó la importancia de que la comisión está para “velar por la libertad de la expresión”, y que la función de los legisladores es el control republicano: “Me resulta raro pensar que tenemos que regular o controlar a los privados en el sentido de que si emiten alguna información considera fake new, cuando el sentido de la nuestro es controla al Estado en defensa del ciudadano en su derecho de expresarse libremente”.

“Somos representantes de los ciudadanos, para defenderlos ante el atropello de los Poderes Ejecutivos, sean nacionales o principales. Y hoy acá estamos escuchando el testimonio de ciudadanos que son perseguidos por sus opiniones”.

“Todos coincidimos en la enorme preocupación por la libertad de expresión y por las distintas violaciones, o limitaciones que pueden sufrir las personas en relación a determinados poderes del estados, como poder ejecutivo o judicial”, aportó la diputada Mara Brawer (Frente de Todos).

“Si hay una cosa que tenemos que tener en claro y defender sin matices es el valor de la libertad de expresión, tan vapuleado por los tiempos de la publicidad, los golpes militares, la imposibilidad de expresarse en distintos momentos. Es como la libertad de conciencia, de pensamiento; de manifestar su idea, cuestionar, criticar, decir que no se está de acuerdo. Y eso es sagrado”, consideró Alvaro Lamadrid (UCR).

En este sentido planteó tener en claro que: “El Gobierno no puede hacer juicio de lo ajeno con generalizaciones; nos debe guiar la prevención de la violación de las libertades, no la justificación".

“¿Cuál es la propuesta del Gobierno ante estos casos que estamos viendo? ¿La reforma judicial, eso viene a colaborar, el proyecto presentado en el Senado, para que los jueces se vean obligados a denunciar las presiones de los medios, que no haya resistencia a nada de lo que plantea el Gobierno, y que se viole la constitución?”, cuestionó en su análisis, para agregar un mensaje al Ejecutivo nacional: "Deberíamos decirle que debe dar el ejemplo y velar para que se cumpla la Constitución, que no lleve adelante acciones contradictoras de avasallamientos de derechos, que la cuarentena no clausura la Constitución".