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Reforma judicial: el Gobierno podría designar más de 600 jueces y fiscales y suma más gasto

Los cambios en la estructura judicial de las provincias multiplica el gasto total de la reforma, que ahora llega a unos $6 mil millones anuales, tomando en cuenta los sueldos y la inversión proyectada en infraestructura.

Imagen captura
Plenario de comisiones.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 23/08/2020 14:14
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El proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno implica la duplicación de cargos. Con los cambios que se implementaron en la propuesta la semana pasada en plenario de comisiones del Senado se determinó que creará 316 nuevos puestos. Sumados a los nombramientos que todavía no se realizaron llega a más de 600 en total, una cantidad similar a la cantidad de cargos que hay actualmente en la Justicia.

Entre las modificaciones al proyecto, que obtuvo dictamen, están la creación de cinco Cámaras de Apelaciones en el interior. Se trata de tribunales de alzada en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa y San Luis. Responde a un reclamo de gobernadores de provincias en los que estos tribunales están en otras jurisdicciones.

La iniciativa dispone la creación de 316 nuevos cargos de jueces, fiscales y defensores en la justicia federal. Se suman a los 134 concursos de jueces en trámite en el Consejo de la Magistratura, los 153 pliegos enviados por el Gobierno y 70 vacantes. Son más de 600 puestos, una cifra en línea con la cantidad de cargos que hay en la Justicia.

La creación de esas salas, salvo en el caso de Mar del Plata, implica la creación de una estructura reflejo en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La propuesta prevé 8 fiscales de cámara (son 56 funcionarios y empleados) y 8 defensores de cámara (con otros 56 funcionarios y empleados). En total, la inclusión de estas 9 salas en el interior implica 41 nuevos cargos de magistrados de cámara y unos 202 nuevos funcionarios y empleados.

El proyecto que impulsa el Frente de Todos, sin el acompañamiento de la oposición, también crea dos Tribunales Orales Federales en Resistencia (Chaco) y en Ituzaingó. Esto implica seis nuevos cargos de magistrados de cámara y 36 funcionarios y empleados. A eso hay que sumarle nuevamente la estructura de fiscalías y defensorías.

El senador Nacional, Claudio Poggi al manifestarse en contra de la propuesta, dijo: “Soy consciente que la Justicia Federal requiere cambios, pero no comparto que sea hoy la ‘oportunidad’ de una costosa reforma de la Justicia Federal”.

“La prioridad es destinar los fondos públicos a la crisis sanitaria, económica y social por el Covid-19”, consideró el legislador de Avanzar San Luis tras el plenario de comisiones en que el Frente de Todos logró emitir dictamen.

En los tribunales de primera instancia se reducen los cargos. La iniciativa original que había enviado el Ejecutivo contemplaba 94 jueces federales, 85 fiscales y 23 defensores. Ahora, se redujo a 63 jueces (58 penales, 5 no penales), 78 fiscales (69 penales, 9 no penales) y 43 defensores.

Pese a esa reducción de cargos, el proyecto incorpora 19 nuevas secretarías en los juzgados federales del interior. Hay secretarías en lugares como Chilecito (La Rioja), Río Turbio (Córdoba) o Perito Moreno (Santa Cruz).

El artículo 53 del dictamen establece que las nuevas secretarías deberán contar “con el personal necesario para su correcto funcionamiento”. Aunque ese número no está previsto en el proyecto, se calculan unos 266 cargos nuevos, teniendo en cuenta unas 14 personas por secretaría. Ese dato surge del proyecto de presupuesto del Consejo de la Magistratura para 2021.

Con todos estos cambios, la nueva estructura de las provincias totaliza 233 cargos de magistrados y unos 554 de funcionarios y empleados, pero a eso hay que restarle unos 200 cargos de magistrados que ya estaban contemplados en el proyecto original.

Fuentes de la oposición revelaron que la proliferación de cargos en el interior del país responde a un acuerdo de fondo entre el Gobierno y los gobernadores peronistas.

En la Ciudad de Buenos Aires, el dictamen mantiene un total de 77 cargos nuevos de magistrados (jueces, fiscales y defensores). Teniendo en cuenta un promedio de sueldos de $450.000, en bruto, porque en el listado hay 15 camaristas y 5 fiscales de tribunales orales, que tienen salarios muy superiores a jueces y fiscales de primera instancia, solo esas designaciones implican una inversión anual de $415 millones.

El proyecto original contemplaba un gasto total en sueldos de más $1700 millones. A eso habría que sumarle más de $1200 millones de inversión edilicia. Esa cifra no incluye los gastos operativos necesarios para que funcione cualquier oficina judicial: vehículos, internet, luz, gas, agua, sillas, escritorios, lámparas, armarios, y hasta nuevos sistemas informáticos.

El Gobierno minimizó la inversión que demanda la reforma y hasta ahora no expuso las cifras concretas. Recién esta semana, en base a un informe de la ministra Marcela Losardo, la senadora María de los Ángeles Sacnun dijo en el plenario de comisiones que el costo de la reforma es de “unos $1.900 millones”. La cifra precisa es $1939 millones, dijeron en fuentes oficiales, aunque todavía se desconoce el desagregado.

Todo cambió con el dictamen que votó el kirchnerismo el miércoles sin el acompañamiento de la oposición. Con los nuevos cargos, el costo total se habría duplicado.

Técnicos del equipo de Juntos por el Cambio, que analizan los detalles de la reforma estiman que la masa salarial total creció a unos $ 2400 millones. A eso hay que sumarle otros $2400 millones en infraestructura edilicia y unos 1150 millones en infraestructura tecnológica. Según esos datos publicados por Infobae, el costo de la reforma ahora treparía a la cifra de $6000 millones, casi el doble del proyecto original.

La senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado advirtió en declaraciones que reproduce TN que la creación de cargos “reforzarán el feudalismo judicial en algunas provincias, como Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán ya controla la justicia provincial y ahora tendrá una parte de la federal”.

Pese a que los cargos para jueces, fiscales y defensores se concursarán en el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público Fiscal, el diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli advirtió que las 319 vacantes de secretarios, oficiales, auxiliares y maestranzas “buscarán que sean para familiares y amigos de los gobernadores y senadores”.

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