El Senado aprobó la suspensión de una cláusula que obliga al Gobierno a destinar el 50% del presupuesto a inversiones

Este lunes, en una sesión especial y escueta, el Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto que establece la suspensión de la vigencia del inciso b) del artículo 2° de la Ley N° VIII-0252-2004 Permanente de Presupuesto para el ejercicio económico actual y para el presupuesto plurianual 2021-2023.

Esa cláusula que el Gobierno quiere dejar sin efecto durante tres años determina que el techo de los gastos corrientes es del 50% del presupuesto. Es el límite para el funcionamiento del aparato estatal.

Previo a la consideración en el recinto, la iniciativa -que llegó a la Cámara Alta el viernes pasado- tuvo un tratamiento en comisión de apenas media hora. Luego de eso recibió el apoyo de los legisladores de Unidad Justicialista María Angélica Torrontegui, Diamela Freixes, Héctor Camilli, Marcelo Debandi, Pablo Garro y Diego García. Sergio Guardia (Avanzar-San Luis Unido) votó en contra.

De ser convalidada por la Cámara de Diputados, el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá quedará exento de cumplir ese requisito durante lo que queda de su mandato.

La Ley Permanente de Presupuesto impulsada en 1998 define pautas fiscales a las que debe someterse el manejo de las finanzas públicas. De esa forma se establecieron limitaciones legales al endeudamiento y al gasto corriente para garantizar que los recursos vayan a inversión en infraestructura económica y social. Así se aseguró una base del 50% para los gastos de capital.

Guardia planteó que San Luis ha tenido durante años un “modelo fiscal" y advirtió que la aprobación de esta modificación hará que la provincia pierda ese sistema que "impactaba fuertemente en la economía porque generaba trabajo y oportunidades”.

En la misma línea, recordó el análisis que hicieron unas semanas atrás de la Cuenta de Inversión 2019 donde advirtieron que "era imposible" cumplir con la normativa. Sin embargo, lo adjudicó a que "quizá sea en algunos aspectos por la prioridad donde iban las partidas".

Así, puntualizó los gastos que hizo el Gobierno provincial en publicidad, en contraposición a la inversión realizada en el ministerio de Producción.

"Veíamos que no había un programa claro de búsqueda de mejorar la calidad de vida de los sanluiseños", afirmó.

"Recién escuchaba los fundamentos que se ha priorizado los salarios y también hemos visto que se incrementó la cantidad de planes sociales. Está bien que el Estado esté presente con las familias, pero al mismo tiempo con esto se exime al Gobierno de hacer viviendas, gas natural, electricidad, trabajo y por ende habrá mayor pobreza", resaltó y dio como ejemplo la falta de servicios que padecen muchos pueblos y localidades del departamento Junín.

Por otro lado, mencionó que aumentó la pobreza y cayó el empleo.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía, Héctor Camilli fue el vocero del oficialismo provincial. Para darle el respaldo al proyecto tuvo en cuenta la crisis de la Argentina.

“La economía de nuestro país, durante estos últimos cuatro años ha tenido periodos de recesión, inflación, devaluación de la moneda, lo que ha llevado a originar una mayor incertidumbre al momento de pronosticar y elaborar presupuestos", señaló.

Asimismo, dijo que la provincia garantizará a los ciudadanos "los derechos reconocidos en la Carta Magna, lo que se traduce en acciones, servicios y políticas públicas para lo cual debe contar con los recursos adecuados".

“Advertimos la imposibilidad de dar cumplimiento al 50% de gastos corrientes y 50% de capital establecidos en la ley. No obstante ello, las ejecuciones presupuestarias marcan que el gasto está ampliamente por encima de la media nacional”, justificó.