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Un día después que fue sepultado, la Justicia autorizó a las hijas de Martín Garay a asistir al velorio

Victoria y Antonela habían promovido una medida cautelar por los diez pedidos rechazados por el Gobierno de San Luis para entrar a la provincia. Llevan tres días viajando, podrán llegar a Quines y según las disposiciones deberán hacer una cuarentena obligatoria de siete días en La Punta.

Martín Garay
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 27/08/2020 15:02
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La jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego) Mariel Ester Borruto, se expidió este miércoles sobre la cautelar que interpusieron Victoria y Antonela Garay para conseguir el libre tránsito y su ingreso a San Luis.

El Comité de Crisis les rechazó 10 solicitudes. El lunes cuando fueron autorizadas y venían en pleno viaje, su padre falleció en Quines. Estaba transitando la etapa terminal de un cáncer de pulmón.

En la resolución, Borruto dispuso que sea “franqueado el tránsito” de las mujeres “con destino a Quines” para que puedan “presenciar el velatorio de Martín Garay, respetando las normas de protocolo impuestas”: tales como “cuarentena semanal en la Universidad de La Punta y el uso de tapabocas en todo momento durante el velatorio”. Tampoco podrán estar en contacto con personas de San Luis, según la resolución.

Las hermanas llevan tres días “viajando sin parar”, contó esta noche la abogada Emma Matorras en comunicación con El Chorrillero. “Es muy desgastante, las condiciones climáticas son adversas, están muy cansadas no solo emocionalmente sino físicamente. Alrededor de las 13 nos comunicamos y estaban en Río Colorado”, explicó.

En el dictamen la jueza destacó que la medida peticionada constituyó “un pedido particular excepción a la regla general en pos de lograr la contención y acompañamiento del grupo familiar y despedida final del señor Garay”.

“Ahora que el papá ya fue sepultado, pensamos que ellas irán para encontrarse con su madre; tienen derecho a estar con sus hermanos y descansar. Qué pasará después, lo sabremos cuando lleguen”, añadió Matorras.

Borruto expresó que Victoria y Antonela se atendrán a las imposiciones del “protocolo prevista por las autoridades puntanas que autorizaron el ingreso”.

Sin embargo, la abogada se mostró contraria: “No es lo que se pidió, queríamos que el protocolo se cumpla en el domicilio de Quines, que hicieran la cuarentena junto a su familia. Esperamos que no se sume más estrés a la situación”.

Si se tiene en cuenta la orden judicial, que va en línea con el Comité de Crisis, Victoria y Antonella deberán hacer una cuarentena de siete días en las residencias de la ULP, con el cansancio y todo el dolor encima.

La jueza hizo notar que el abordaje de las actuaciones en la Justicia Federal “se relacionan con el derecho de la salud, de índole sanitaria nacional y mundial, atento a la declaración de la pandemia de Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud”.

Y se refirió al artículo sexto del DNU 297/2020 que “previó genéricamente situaciones como las que nos ocupan”, y señaló “hechos puntuales y extraordinarios por los cuales alguna persona deba exceptuarse del aislamiento obligatorio y preventivo, porque existe otra persona que requiere de su asistencia”.

También fundamentó: “Si bien la muerte es un devenir natural de la vida, que dicho deceso se produzca en una situación tan particular como la que estamos atravesando y que las actoras precisen, lógicamente, despedir a su padre durante la pandemia convierte a la situación extrema”.

“La norma encarriló a una suerte de protocolo administrativo dirigido a aliviar la tensión entre el bien público de la salud social y la necesidad humana de acompañar a un ser querido en estado terminal al iniciarse las actuaciones y ya posteriormente con el deceso, despedirlo”, agregó.

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