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Rodríguez Saá ya no estará obligado a destinar el 50% del presupuesto a infraestructura social y económica

El bloque albertista y un grupo de diputados funcionales dejaron sin efecto la cláusula de la ley que establecía un piso a las inversiones en obras públicas y al mismo tiempo imponía límites al gasto de funcionamiento del aparato estatal.

Foto marcos verdullo.
El bloque oficialista logró aprobar la ley.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 27/08/2020 00:33
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En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva por mayoría al proyecto que establece la suspensión de la vigencia del inciso b del artículo 2° de la Ley Permanente de Presupuesto que determinaba un tope del 50% de los recursos para gastos corrientes (sueldos y servicios). Se hizo una corrección a un “error del tipeo” al texto original de Terrazas del Portezuelo que no fue advertido por el Senado y quedó sin efecto la cláusula para el ejercicio económico 2021 y para el presupuesto plurianual 2022- 2023.

La iniciativa que ingresó sobre la hora a la Legislatura ya venía con media sanción del Senado. El Frente Unidad Justicialista tuvo el apoyo de Bartolomé Abdala, Mónica Domínguez, Alberto Fara y el adolfista Ricardo Chávez que se desmarcó de su bloque. La votación fue 24 a 16.

El argumento de la oposición se centró en que al dejar sin efecto la cláusula, Rodríguez Saá durante los próximos tres años de mandato no tendrá obstáculos para afectar fondos a gastos corrientes, es decir podrá sobrecargar al Estado de compromisos que por lo general son improductivos.

“Una vez más nos sentimos atropellados por la ineptitud e ineficiencia de los funcionarios de este gobierno improvisado, sin planificación y sin un rumbo claro”, protestó el copresidente del Interbloque San Luis Unido, Gastón Hissa (Avanzar) porque el texto entró a último momento y el oficialismo le dio un tratamiento relámpago.

Al entrar al fondo del tema planteó que el Gobierno debería promover herramientas que prioricen por ejemplo “la reactivación en el sector de la construcción o en el apuntalamiento a las familias sanluiseñas que perdieron su capacidad de generar ingresos”.

“Para pedir un proyecto de esta envergadura sobre tablas, mínimamente debería primar lo ético y la sana convivencia parlamentaria”, evaluó y agregó: “La Cámara de Diputados no es una escribanía, sino que es el espacio donde se deben debatir los proyectos, dialogar en base a la construcción política, pero no atropellando de esta manera”.

Dijo que la cláusula que se suspendió siempre se consideró una “regla de oro” en el manejo de las finanzas y con los años “se convirtió en una política de estado”. Guió por ejemplo la administración de Claudio Poggi del cual formó parte.

“Esta reforma claramente va en desmedro del ciudadano y el Gobierno va a disponer el 100 por ciento de los recursos para gastos corrientes, no tendrá ninguna obligación legal de decir dónde se van a usar”, manifestó.

“Con estas medidas que toma el gobernador, cada vez se resquebraja más el tejido social y están tomando el camino equivocado, no es el modelo fiscal que se respetó a rajatabla durante años”, afirmó.

La intervención de Fabiana Zárate. (Avanzar San Luis Unido).

Mónica Becerra (Avanzar-San Luis Unido) señaló que al disminuir las partidas de gastos de capital generará “mayor pobreza y marginalidad” porque “representan inversión, generan trabajo y son obras que hacen a la calidad de vida de los sanluiseños”.

“La Ley de Presupuesto representa un marco jurídico de todas las políticas públicas que va a desarrollar un gobierno y esta Cámara es el marco institucional que hoy se atropella, lo cual se está tornando una práctica usual. Es lamentable porque son temas serios y tenemos que debatirlos con profundidad”, expuso.

“Hablamos de un excesivo margen de discrecionalidad que tendrá el Ejecutivo de uso de los recursos de todos los ciudadanos y eso es inadmisible en una democracia”, cerró.

Desde el Frente Unidad Justicialista, la jefa de la bancada Sonia Delarco explicó: “Este gobierno ha superado estos márgenes establecidos porque priorizó en dar respuestas a las políticas salariales, en garantizar el desarrollo humano, el gasto social dirigido a la clase trabajadora como son los docentes, médicos, enfermeros y aquellos que cumplen la función de darnos seguridad y los servicios e insumos que se necesitan para seguir gestionando las diferentes políticas”.

El apuro en liberar al Gobierno de la obligación responde a que el 31 de agosto vence el plazo para presentar el presupuesto 2021. En los hechos la administración de Alberto Rodríguez Saá se viene desviando de la norma.

 

 

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